Luego de que el gobierno de los Estados Unidos recomendó rechazar la pretensión de un fondo buitre de cobrar una demanda contra la Argentina en activos de YPF, los acreedores dijeron estar evaluando aceptar bonos como forma de pago.
Los inversores que ganaron el juicio por US$ 16.000 millones contra la Argentina por la nacionalización de YPF hace más de una década están abiertos a recibir el pago en bonos en lugar de efectivo.
Burford Capital, un fondo de litigios que es el mayor accionista en el caso, aceptaría bonos soberanos u otros títulos negociables, considerando las agotadas reservas internacionales del Banco Central argentino, señalaron fuentes de esa entidad citadas por la agencia Bloomberg.
Burford adquirió los derechos de la demanda en 2015 por US$ 16,6 millones de antiguos accionistas de YPF y podría recibir al menos US$ 6.200 millones si se paga el fallo completo.
La postura más flexible del fondo en cuanto al pago podría marcar una señal de distensión en una disputa que ha complicado los intentos de Argentina por salir de décadas de crisis financieras.
Las conversaciones entre representantes de Burford y funcionarios del gobierno no han llegado a ningún acuerdo a pesar de las reuniones en las últimas semanas.
La falta de avances significativos bajo la administración del presidente Javier Milei, quien asumió en diciembre pasado, se da más de un año después de que un juez federal de EE.UU. fallara a favor de Burford.
Hace algunos meses, Milei mencionó la posibilidad de emitir un “bono perpetuo” para resolver el caso de YPF, pero no ha surgido una estrategia concreta.
El Banco Central tiene más pasivos que activos, lo que se traduce en reservas netas negativas que dificultan los pagos en efectivo.
Wall Street ha mostrado mayor interés en los bonos argentinos en dólares a medida que Milei implementa estrictas medidas de austeridad y aprueba reformas favorables al sector empresarial en el Congreso.
Los bonos soberanos, que hace un año estaban en territorio de alto riesgo, ahora son los que mejor rendimiento tienen entre los mercados emergentes en lo que va de 2024.
La demanda en los tribunales de EE.UU. surge de la expropiación de YPF en 2012. La jueza federal de distrito Loretta Preska falló en 2023 que la nacionalización de YPF violó los estatutos de la empresa, que requerían que la firma hiciera una oferta pública a todos los accionistas.
Argentina está apelando el fallo de Preska, pero no presentó la garantía requerida durante la apelación. Esto llevó a la jueza a dictaminar en enero que el fallo -el mayor jamás ordenado por un tribunal federal en Manhattan- era susceptible de ejecución inmediata, antes de que se resolviera la apelación.
El giro más reciente en el caso se dio el miércoles cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. envió una carta a Preska solicitándole que no permitiera a Burford y otros embargar las acciones de YPF que cotizan en EE.UU.
El Departamento de Justicia argumentó que permitir que un litigante privado embargue activos extranjeros en suelo estadounidense podría poner en riesgo los intereses de la política exterior de EE.UU. y la reciprocidad en el extranjero.
