En Misiones, sobre todo en Posadas, cada vez es más recurrente que los pequeños y medianos comercios apliquen sobrecargos dependiendo del método de pago que se elija para abonar la compra realizada. Estas prácticas fueron advertidas por las cámaras comerciales quienes reconocen la ilegalidad de la maniobra.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), Carlos Amores, expuso, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, su postura sobre este fenómeno y destacó los motivos detrás de estas sobrecargas y la necesidad urgente de soluciones.
“Está mal lo que hace el comerciante”, admitió Amores. “Yo entiendo que si yo te vendo un producto, ya estoy facturando ese producto, o en algún momento lo tengo que facturar. En ese costo están incluidos mis impuestos, mis gastos y mis costos, entre los que se incluye Ingresos Brutos, que es un 4,5%, dependiendo de la actividad”, agregó.
Sin embargo, resaltó que la decisión de cobrar un 4,5% adicional al consumidor, particularmente en operaciones realizadas a través de aplicaciones o por cuestiones de retenciones impositivas, es una práctica incorrecta.
“No está bien desde el lado del comerciante, eso es motivo de inspección, es motivo de que Renta los sancione, o sea, no está bueno para el consumidor, no está bueno para el comerciante y seguramente en algún momento Rentas va a salir a controlar como ya lo hizo en otras oportunidades”, reafirmó.
Asimismo, profundizó en las causas detrás de esta situación, señalando que los comerciantes se ven presionados por un sistema impositivo provincial que genera saldos a favor difíciles de recuperar. “La realidad es que en este sistema recaudatorio que tiene Rentas, que te retiene el 1,25% cuando la plata ingresa, el 1,25% cuando la plata sale, te retiene el 0,31% del proveedor y te retiene también con aplicaciones como Mercado Pago, te genera un saldo a favor que está por encima de lo que pagás, que es el 4,5%”, explicó. Este desbalance, según el titular de la CCIP, empuja a los comerciantes a ver estas sumas como pérdidas y a trasladarlas al precio final de los productos.
Por otra parte, detalló el ciclo vicioso que se genera: los proveedores nacionales venden productos con la inclusión del 4,5% de impuestos provinciales, lo que coloca a los comerciantes locales en una situación de desventaja frente a otras jurisdicciones. “Te dicen: ‘Yo te vendo, pero te vendo con el 4,5%’, o no te venden, o te venden a través de un distribuidor”, reveló Amores.
Como resultado, los comerciantes acumulan saldos a favor que no pueden recuperar fácilmente. “Tengo hoy cinco, seis millones de pesos, dos millones metidos dentro de Rentas, no los puedo recuperar”, comentó, evidenciando el impacto de estas retenciones.
Impacto en los consumidores
Este sistema, según Amores, repercute directamente en el consumidor. “Lamentablemente, llegamos a esta situación donde empieza a haber este costo explícito porque hay una sobrerretención sobre los impuestos”, afirmó.
Al no poder recuperar los montos retenidos, los comerciantes optan por trasladar esa carga adicional al precio de los productos, lo que incrementa el costo final para el consumidor. Amores reconoce que esta práctica no debería ocurrir, pero la describe como una consecuencia inevitable de un sistema impositivo que no ofrece soluciones rápidas a las pequeñas y medianas empresas.
“El comerciante pasa a pérdida”, señaló y destacó la complejidad de la situación. Según el presidente de la Cámara, los comerciantes pequeños se ven obligados a asumir estas pérdidas durante largos períodos, con procesos de recuperación que pueden durar hasta cinco años. “Cuando vas a Rentas, te dicen que te devuelven la plata, pero a una integral a cinco años”, relató. Esto genera una gran frustración entre los comerciantes, que, en muchos casos, prefieren trasladar ese costo al consumidor antes que enfrentar las complicaciones administrativas.
Un llamado a soluciones
La Cámara de Comercio ha venido discutiendo esta problemática con Rentas desde hace varios años, sin haber obtenido aún una solución definitiva. “Esto ya viene desde hace tres años, más o menos”, explicó y recordó que, durante la presidencia de Sergio Guelman, la Cámara presentó la situación por escrito. A pesar de estos esfuerzos, la situación sigue sin resolverse. “Hasta el día de hoy, no lo han solucionado”, afirmó Amores.
Sin embargo, hay señales de progreso. Según Amores, en los últimos 30 días, Rentas ha mostrado una disposición a dialogar sobre el problema. “Nos dijeron, ‘sí, vamos a entrar a ver cómo podemos solucionar esto’, que antes no pasaba”, explicó.
La expectativa de la Cámara es que este diálogo conduzca a medidas concretas para aliviar la presión sobre los pequeños comerciantes y evitar que estas sobrecargas se sigan trasladando a los precios.
Cambiar el sistema
Amores subrayó la importancia de que Rentas comprenda la situación crítica que enfrentan los comerciantes en Misiones. “Lo que estamos discutiendo con Rentas, básicamente, es que contemplen esta situación, porque terminamos siendo caros”, sostuvo.
El presidente de la Cámara subrayó que es necesario un enfoque diferenciado para los pequeños comercios, que son los más afectados por este sistema impositivo. “Para Rentas, 2 millones de pesos no es un número, pero para el comerciante es una vida”, expresó.
En este sentido, hizo un llamado a crear una distinción clara entre los grandes contribuyentes y los pequeños comerciantes. “Lo que se le planteó a Rentas es que hay comerciantes a los que se les retienen 2 millones de pesos. Que traten por lo menos de separar el pequeño contribuyente, el kiosco, la despensa, del comercio chico”, señaló.
A pesar de esto, se mostró optimista respecto al futuro, especialmente tras el reciente acercamiento con Rentas. “Estamos en una tregua con Rentas y con Safrán, porque estamos los tres sentados en la misma mesa”, indicó, refiriéndose a las negociaciones en curso.
Este diálogo, según el empresario, es fundamental para encontrar una solución a un problema que afecta tanto a comerciantes como a consumidores.
“Lo que queremos es trabajar”, concluyó Amores, subrayando la voluntad de la Cámara de Comercio de colaborar con las autoridades para encontrar una solución justa y equitativa.
El desafío, según Amores, es comunicar esta realidad de manera políticamente correcta, sin generar más conflictos sociales, pero con la firme convicción de que es un problema que no puede seguir siendo ignorado.
Protección al consumidor
La Resolución 7/2002 de la Secretaría de la Competencia y la Resolución 51-E/2017 de la Secretaría de Comercio apuntan a garantizar transparencia en los precios y financiamiento, protegiendo al consumidor de prácticas engañosas.
El artículo 2 de la primera resolución establece que los precios deben exhibirse en pesos y que no puede haber diferencias entre pagos en efectivo y otros medios, salvo excepciones.
Por otra parte, el artículo 4 obliga a detallar el costo financiero en ventas financiadas y prohíbe publicitar productos “sin interés” si ese costo se incluye en el precio final.
Por su parte, la Resolución 51-E/2017 refuerza estos conceptos, prohibiendo diferencias de precios entre pagos al contado y con tarjeta, y exigiendo mayor visibilidad para la información sobre el Costo Financiero Total (CFT).
Ambas resoluciones establecen sanciones en caso de incumplimiento, protegiendo los derechos del consumidor al brindar acceso a información clara y precisa en transacciones comerciales, especialmente en aquellas con financiamiento.
