El bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) solicitó una sesión especial para el próximo miércoles 9 de octubre a las 11:00, con el objetivo de revertir el veto presidencial de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.
La petición no llevó la firma de los cinco diputados radicales aliados al Presidente, entre los que se encuentra el misionero, Martín Arjol. El exconcejal posadeño había adelantado que, tal como ocurrió con la reforma jubilatoria, apoyaría la medida del Poder Ejecutivo en pos de garantizar el “déficit cero”. Sin embargo, desde el partido negocian para que los “correligionarios” se ausenten.
Es que para poder rechazar el veto presidencial, los bloques de la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la izquierda y UxP deberán reunir el respaldo de los dos tercios de los diputados que estén presentes en la sesión.
Al menos dos de los “radicales libertarios” ya habrían confirmado que se ausentarán durante la votación, las negociaciones continúan para asegurar que el resto siga el mismo camino.
Además de la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino y por Santa Cruz, presentaron un requerimiento similar, al igual que UxP.
Por su parte, el oficialismo de La Libertad Avanza necesita el respaldo del bloque del PRO para sostener el veto presidencial.
En agosto, 34 de los 38 diputados del “bloque amarrillo” votaron en contra del proyecto de financiamiento universitario, lo que permitió que Milei utilizara su poder de veto.
Sin embargo, no todos los legisladores del partido que fundación, Mauricio Macri, están alineados en esta ocasión, y varios de sus miembros han expresado dudas sobre apoyar nuevamente al Gobierno en este tema.
“Iremos a la Justicia”
Ante la posibilidad de que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario, vetada recientemente por el presidente Javier Milei, el Gobierno ya anticipó que recurrirá a la justicia si la decisión se revierte.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró en conferencia de prensa que la administración no está en contra de la universidad pública ni de incrementar su presupuesto, sino de asignar fondos “sin saber a dónde va a parar el dinero”, reiterando la necesidad de auditar a las instituciones educativas.
“Durante años, no saber dónde va el dinero ha sido un problema que nos ha llevado a la situación económica actual. No podemos aplicar recursos sin tener certeza sobre su destino, porque eso perjudica a todos los argentinos”, explicó.
Argumentos del veto
El vocero sostuvo que el impacto total del proyecto constituiría un total 1.5 billones de pesos que “afectaría el equilibrio de las cuentas públicas”, y explicó que cuando se afecta el equilibrio de las cuentas públicas hay tres maneras de financiarlo que las tiene que indicar el Congreso.
“Una es la emisión monetaria, que no estamos dispuestos a hacer, porque nos ha traído hasta estos niveles de inflación descontrolados y al haber estado en riesgo de una hiperinflación que hubiese llevado a la Argentina a un mar de pobreza. La otra alternativa es endeudarse, que tampoco estamos dispuestos, porque esto es un tema que no se resuelve condenando a las generaciones futuras al pago de nuevos impuestos para pagar la deuda que hoy se toma y, además de eso, la tercera alternativa que habría es subir impuestos”, detalló.
En la conferencia, Adorni también compartió cifras que, según el Gobierno, justifican la necesidad de una auditoría en las universidades. Según informó, en 2022, solo el 40,6% de los estudiantes universitarios estaban inscriptos como alumnos regulares, mientras que un 38,4% no tenía información registrada.
El vocero informó que de acuerdo a los últimos datos del 2022: “Del total de estudiantes registrados, hay inscriptos un millón de los que 750,000 estudiantes, o sea, el 40,6% solamente era alumno regular, o sea unos 710,000 el 20% tenía una materia aprobada o ninguna y hay un llamativo 38,4% de alumnos que no se tiene información o sea hay 671,000 alumnos y un poquito más que no se tiene información”.
“Somos el país con menor cantidad de recibidos dos entre 25 y 34 años. También hay casos particulares bastante escandalosos como el Instituto Universitario Nacional de Madres de Plaza de Mayo que recibía 1500 millones de pesos del Estado durante la gestión anterior y solo tuvo obtuvo 16 egresados como resultado”, cuestionó.
Respecto del futuro del veto en el Congreso, Adorni dijo “no saber” cómo van a votar y negó que eso se haya hablado en la reunión de Gabinete. Sin embargo, adelantó: “Ante un revés esta la posibilidad de ir la justicia no hay nada descartado. Recurrir a la justicia es una herramienta que tiene el Gobierno cuando ve una ilegalidad”.
