En lo que va del año, la violencia de género en Argentina continúa cobrando vidas a un ritmo alarmante: cada 28 horas una persona es asesinada. Según un reciente informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por La Casa del Encuentro, desde el 1° de enero hasta el 30 de septiembre de 2024, se registraron 225 muertes relacionadas con esta problemática.
De acuerdo a las cifras, el informe detalla 202 femicidios de mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 3 transtravesticidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Las estadísticas evidencian un preocupante escenario de violencia y desprotección: 255 hijas e hijos quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes, de los cuales el 52% son menores de edad. Además, el 54% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.
El hogar, lejos de ser un lugar seguro, sigue siendo el espacio más peligroso para las mujeres en situación de violencia. El 60% de las víctimas fueron asesinadas en su propia vivienda o en la vivienda compartida con su agresor. Buenos Aires encabeza el ranking de provincias con mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Chaco.
Estas cifras, que reflejan la gravedad de la violencia de género en el país, no solo son números, sino que representan la ausencia de políticas efectivas para prevenir y erradicar este flagelo. La falta de políticas públicas, los discursos de odio que legitiman la violencia y el abandono de programas de protección y asistencia constituyen una muestra clara de lo que se denomina Violencia Institucional.
En este contexto, el informe denuncia la inacción del Estado, que, lejos de atender la problemática, la agrava con la eliminación de políticas de género y la falta de recursos destinados a la protección de las víctimas. En los últimos 10 días, se contabilizaron 10 nuevos femicidios, un dato que debería alarmar y ocupar los titulares de todos los medios, pero que en su lugar se pierde entre noticias de agresiones y crisis económicas.
La Casa del Encuentro exige al Ministro de Justicia, Cúneo Libarona, que responda a los reclamos y tome medidas urgentes para cumplir con la “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” (Ley 26.485). Entre las principales demandas se incluyen la creación de un organismo rector de políticas públicas, la asignación de un presupuesto adecuado para atender la problemática y la implementación efectiva de planes como el “Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” contemplado en la misma ley.
Asimismo, se solicita el fortalecimiento de la Línea 144, la puesta en marcha del “Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia” (Plan ENIA), y el cumplimiento de la ley de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas” (Ley 26.842). También se exige la aplicación efectiva de la “Ley Micaela” de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ley 27.499) y la “Ley Brisa” de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia familiar o de género (Ley 27.452).
El informe subraya que la violencia de género no es un problema de inseguridad, sino de derechos humanos. La falta de respuesta del Estado, más que omisión, constituye una forma de avalar la violencia. Desde la sociedad civil, las organizaciones continúan exigiendo justicia y protección efectiva para evitar que más personas sigan sumándose a una lista que no cesa de crecer. “Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio. Por Ellas Siempre”, concluyen las autoras del documento.
Datos adicionales
- 29 víctimas habían realizado denuncias previas.
- 9 agresores tenían medidas cautelares vigentes.
- 10 femicidas pertenecían o eran ex miembros de fuerzas de seguridad.
- 21 víctimas presentaban indicios de abuso sexual.
- 4 víctimas se encontraban en situación de prostitución o trata.
- 3 víctimas estaban embarazadas.
- 10 víctimas eran migrantes.
- 27 femicidas se suicidaron tras cometer el crimen.
- 16 víctimas fueron asesinadas en contexto de narcocriminalidad.
- No se reportaron víctimas pertenecientes a pueblos originarios.
La situación demanda acciones urgentes para frenar la violencia y proteger la vida de quienes se encuentran en peligro.
