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Una funcionaria del STJ fue denunciada por robarle cuatro mil dólares a su exesposo

La causa penal por “hurto y violación de domicilio” se inició el 6 de septiembre con el allanamiento a un departamento en el microcentro posadeño donde reside la acusada por su expareja de ingresar a su estudio jurídico y sin forzar cerraduras y llevarse el dinero de un cajón de escritorio.

20 septiembre, 2024
MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO. Pocos minutos después de las 13.30, según se investiga, sale del edificio de calle 25 de Mayo 1687 la denunciada por el hurto.

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO. Pocos minutos después de las 13.30, según se investiga, sale del edificio de calle 25 de Mayo 1687 la denunciada por el hurto.

Los pasillos del Palacio de Justicia son recorridos desde hace dos semanas por una denuncia penal y un petitorio de medidas ante los ministros del Superior Tribunal de Justicia por un hecho de “hurto y violación de domicilio” que involucra a una funcionaria con jerarquía en la Superintendencia del máximo escalafón de la administración judicial provincial.

De acuerdo a los documentos y fuentes obtenidas y consultadas por PRIMERA EDICIÓN el expediente está en manos del juez de Instrucción 3, Fernando Luis Verón, pero se inició ante la denuncia directa ante la fiscal respectiva, Adriana Marcela Verónica Herbociani, desde el viernes 6 de septiembre y apunta a un abogado de 54 años que se desempeña en el fuero civil y que acusó a su exesposa de haber ingresado a su estudio jurídico y robarle cuatro mil dólares de un cajón de su escritorio.

Como evidencias y pruebas de parte, el denunciante aportó testigos y videos de cámaras de seguridad que mostrarían el ingreso, con llaves en mano, de la secretaria de la Superintendencia del STJ al edificio y a la oficina del segundo piso de la calle 25 de Mayo 1687 (casi San Martín, al lado de la vivienda que habita el gobernador Hugo Mario Passalacqua y a menos de 50 metros del Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial), donde se habría concretado el delito, según lo detallado en la presentación penal.

El mismo día de la denuncia ante la Justicia, se ordenó un allanamiento a un departamento por calle San Martín (a ocho cuadras del estudio jurídico) donde reside la funcionaria de 44 años con sus dos hijos adolescentes.

El procedimiento fue desplegado por investigadores policiales pero encabezado por el juez Fernando Verón y no se hallaron rastros de los billetes estadounidenses.

Las mismas fuentes remarcaron a este Diario que el vínculo civil entre ambos protagonistas, denunciante y denunciada, está legalmente disuelto desde hace más de un año.

El abogado patrocinante de la presunta víctima del hurto millonario (en pesos) presentó tres testigos y los registros de cámaras de seguridad. En el caso de las imágenes digitales ya habrían sido cotejadas por peritos de la Justicia y confirmado que la mujer que ingresa y sale del edificio y oficina de la calle 25 de Mayo, es la letrada y secretaria del STJ.

 

Entre los pasos siguientes que se esperan en la causa, resta aún que el juez Verón acepte como querellante al denunciante. Según voces incuestionables entre despachos judiciales, se pudo establecer que la solicitud fue realizada en tiempo y forma y que fue rechazada por la defensora oficial que asumió el patrocinio de la funcionaria.

Vale agregar que los ministros del STJ deberán analizar, se estima que durante los próximos días, el petitorio e informe que presentó ante la presidente Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, el abogado representante de la víctima en esta causa.

“Las cámaras no remiten dudas”, resaltaron las fuentes y apuntan a que la funcionaria denunciada es la que ingresa al edificio a las 13.23 del viernes 28 y con las llaves abre sin inconvenientes todos los accesos hasta el estudio jurídico.

Según la presentación ante la fiscal Herbociani, el dinero robado era parte del cobro de honorarios por una sucesión que llevó adelante el abogado especialista en el fuero laboral y civil misionero.

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Tags: #Posadasfuncionaria judicial detenidarobo de funcionaria judicialSuperior Tribunal de Justicia STJ
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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