El Senado se prepara para debatir en los próximos días un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa busca declarar la emergencia presupuestaria para las universidades durante el año 2024, estableciendo una distribución del 85% de los fondos para salarios y el 15% restante para el funcionamiento de las instituciones. Además, el proyecto propone una actualización de los gastos de funcionamiento para hacer frente a la creciente inflación.
El presidente Javier Milei ya vetó la ley de movilidad jubilatoria impulsada por la oposición y para esta ocasión, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, adelantó en medios de comunicación que vetarán la ley si es aprobada: “No vamos a aprobar una ley que implique déficit fiscal”.En la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado con 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención.
Sin embargo, uno de los puntos críticos del debate es que, si bien la ley reconoce la insuficiencia del aumento salarial docente del 16% otorgado previamente, no contempla un mecanismo de actualización automática de los sueldos. Este vacío ha generado inquietud entre los gremios universitarios, que han convocado a un paro para el jueves, exigiendo la aprobación del proyecto como medida para paliar la crisis que atraviesa el sector.
Los gremios, que consideran que el financiamiento actual es insuficiente para garantizar el correcto funcionamiento de las universidades, insisten en que la aprobación de la ley es crucial para evitar un colapso del sistema educativo superior. Mientras tanto, el Senado se enfrenta a una difícil decisión que podría desencadenar una nueva etapa de conflicto entre las universidades y el Gobierno.
La norma propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
Puntos claves del proyecto:
Además, establece una distribución fija del presupuesto universitario, al asignar el 85% a gastos salariales y el 15% a gastos generales y de funcionamiento.
Para los gastos de funcionamiento, introduce un mecanismo de actualización bimestral basado en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor -IPC- (50%), la variación del tipo de cambio (25%) y la variación de tarifas de servicios públicos (25%).
El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
Finalmente, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a realizar ajustes presupuestarios para actualizar el presupuesto de las universidades al 1 de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023. Sin embargo, es una autorización y no una obligación.
