El Gobierno está avanzando en una serie de reformas con el objetivo de simplificar y agilizar los trámites administrativos, entre ellos, el proceso de sucesión patrimonial. Actualmente, un juicio sucesorio puede extenderse hasta seis meses en los tribunales.Sin embargo, si se aprueba la modificación propuesta, el trámite podría realizarse ante un escribano en solo 15 minutos, según informaron fuentes oficiales.
Este cambio se enmarca en un esfuerzo más amplio del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, que busca “simplificar la vida de los ciudadanos y desburocratizar trámites”.
La propuesta está diseñada para descomprimir el sistema judicial, permitiendo que los trámites sucesorios se realicen extrajudicialmente cuando no haya controversias entre las partes involucradas. Las sucesiones que presenten disputas seguirán tramitándose en la Justicia.
Si bien los costos asociados a estos trámites pueden no disminuir significativamente, la notable reducción en los tiempos representa una ventaja considerable para los ciudadanos. Además de esta medida, el Gobierno también está trabajando en la modernización del uso de la firma digital, lo que ampliará y optimizará su aplicación en diferentes procedimientos.
Otra de las iniciativas que se encuentra en estudio es permitir que los depósitos judiciales se realicen en bancos privados, rompiendo la exclusividad actual de los bancos oficiales. Según fuentes del Ejecutivo, la medida tiene como objetivo mejorar las tasas de interés y hacer más eficientes los procesos de cobro.
Sin embargo, esta propuesta podría generar inquietud entre las entidades bancarias oficiales, que podrían ver reducidos sus ingresos si se concretara la migración de estos depósitos a bancos privados.
Estas iniciativas forman parte de la implementación de la ley Bases, con la cual el Gobierno busca incentivar grandes inversiones y mejorar la operatividad del sistema financiero y judicial del país. Se espera que la semana próxima se publique la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un componente clave dentro de este marco regulatorio.
