Entre la ola de despidos en organismos estatales en todo el país, una parte importante se concentra en todos aquellos trabajadores que ingresaron gracias a la Ley 27.636, conocida como la Ley de Cupo laboral Travesti Trans.
Asimismo, activistas disidentes de toda la Argentina aseguran que esto viene de la mano del desmantelamiento de ministerios, secretarías y programas de fomento a derechos humanos donde habían conseguido un trabajo formal estas personas trans.
A pesar de que Misiones no fue una de las provincias afectadas, porque el propio Estado sostiene los contratos, preocupa el avasallamiento de derechos conquistados.
Más allá de que algunas provincias aún tienen un acompañamiento estatal, temen que en los próximos meses la situación pueda empeorar aún más. Esto es preocupante considerando que afecta a una población históricamente vulnerada y con poco acceso a oportunidades.
Desde la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) su presidenta, la activista Marcelo Romero, señaló a PRIMERA EDICIÓN que “la situación de nuestro país es terrible en el tema de las bajas que hubo de contratos de trabajo. En el caso de la población trans, ya vamos más de 120 personas trans que fueron despedidas, que estaban trabajando dentro de espacios del Estado a nivel nacional”.
Desde su promulgación en 2021 aseguró que “en estos años se incorporó con el grupo laboral más o menos 300 personas”.
Lamentó que la situación no muestra señales de mejorías y que “con este Gobierno hay una violación a todos los derechos humanos”. En este sentido, remarcó que “van por la exclusión laboral y contra los derechos económicos, sociales y culturales”. Asimismo, recordó que históricamente “la población trans es una de las más afectadas en el tema de la exclusión social”.
Entre los organismos estatales, Romero mencionó que “se está dando el recorte de los espacios donde se denuncian la violación a los derechos humanos, ministerios como el de la Mujer y líneas de asistencias”. Por lo cual, apuntó a “un ensañamiento puntual con áreas que son significativas”.
De tal forma, analizó que “el Gobierno incentiva su política represiva, una política en la cual no se puede hablar de género, no se puede hablar de inclusión”.
Como referente nacional en el Consenso de Montevideo de la ONU, que se realizó en Colombia hace unos días, planteó además que entre los participantes debatieron sobre “esta ola de gobiernos de derecha que se viene en la región”.
En Latinoamérica “estamos viviendo creo que los países que están resistiendo, México, Colombia, Bolivia, pero después todos los otros países tienen gobiernos de derecha extremas”, agregó.
Con leyes como la de identidad e incluso el cupo laboral, Marcela Romero analizó que “siempre hay que hacer una ley para poder acceder, cuando la democracia no se construye con cupos, la democracia se construye con derechos. Entonces, lo que estamos viendo en Latinoamérica es que tenemos democracias débiles”.
De ahora en más, en este contexto de retrocesos, opinó que “lo que hay que hacer ahora es empezar a exigir, a resistir y denunciar”. A pesar de que no todas las jurisdicciones viven la misma exclusión del colectivo LGBTIQ+, sostuvo que “esto también va a pasar en las provincias, cuando empiecen a no tener presupuesto, van a empezar a atacar a las personas”.
La situación en Misiones
Por su parte, la referente de ATTTA Misiones, Nazarena Fleitas, precisó que en la provincia aún no hay bajas relacionadas con cupo laboral trans porque Misiones nunca se adhirió a la misma: “sí tenemos de un compañero no binario que estaba trabajando en el Ministerio de Salud donde se cierra el área que dependía de la Nación, todo ese equipo quedó totalmente a la deriva”.
No obstante, comentó que en Misiones “se ha logrado incorporación de las compañeras dentro del Estado con un gran trabajo en manera conjunta. Hoy, tenemos compañeras trabajando en la Municipalidad, también en distintos municipios y en la Provincia”. De ahora en más, indicó que “vemos la manera de seguir ayudando, acompañando, para que las políticas de inclusión real sigan llegando”.
En cuanto al acceso a un trabajo digno para la comunidad trans, respondió que tampoco “tenemos compañeras que estén en el sector privado a excepción de más que una que sea emprendedora”. Por ello, reflexionó que sería un punto importante a trabajar con otros organismos, como las Cámara de Comercio y de esa forma “no todo recaería siempre en lo que es la administración pública”.
Fleitas además integra el área de diversidad del Observatorio de Violencia Familiar y de Género del IPEC. A través de un relevamiento que es permanente, compartió que se busca acompañar a compañeras trans de Misiones, donde “tenemos una población tan sumamente joven, que tiene un promedio de 27 años”.
A nivel estadístico, contó que “tenemos un número del censo nacional que habla de alrededor de 3.000 personas trans, entre varones y mujeres, cuando en realidad el censo provincial todavía no llegamos a las 180 y recorrimos 40 municipios”.
Se trata de una población “que ya viene con derechos adquiridos y hay mucha más información. Entonces, la exclusión del hogar ya no es la misma que fue en su momento, hay otro acompañamiento totalmente diferente desde la familia en sí”.
Acerca del Gobierno nacional, cuestionó que “es uno de los primeros que discrimina y condena a la población LGBT, cerrando instituciones como el INADI, despidiendo a gente de la línea 144, vaciando un Ministerio (de la Mujer) que quizá tuvo sus problemas, pero que acompañaba. Tampoco sigue el programa Acompañar para personas víctimas de violencia de género y algunas personas trans lo cobraban y ahora ya no se les va a pagar”.
Asimismo, lamentó el incremento de los discursos de odio y que además un retroceso en la Justicia, en casos como el de Diana Zacayán, el crimen de Barracas y en Misiones con la carátula del caso Evelyn Rojas.
A tres años de la Ley, algunos de sus principales puntos
La Ley 27.636, conocida como Ley Diana Sacayán – Lohana Berkins, tiene como objetivo establecer medidas de acción positiva para lograr la inclusión laboral efectiva de las personas travestis, transexuales y transgénero en todo el territorio de la República Argentina. Algunas de las principales disposiciones de la ley son:
– El Estado nacional debe ocupar al menos el 1% de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero en todas las modalidades de contratación vigentes. Los organismos públicos deben establecer reservas de puestos de trabajo exclusivos para este grupo y reservar las vacantes que se produzcan en los puestos correspondientes a los agentes que hayan ingresado bajo este régimen.
– Se crea un Registro Único de Aspirantes donde las personas interesadas pueden inscribirse para postularse a puestos laborales en el marco de esta ley. La autoridad de aplicación debe asegurar la accesibilidad para la inscripción a la totalidad de las personas interesadas.
– Se prohíbe la discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión en el acceso y permanencia en el empleo. Los antecedentes contravencionales y penales irrelevantes para el puesto no pueden representar un obstáculo.
– El Estado nacional debe priorizar, a igual costo, las compras de insumos y provisiones a personas jurídicas o humanas del ámbito privado que incluyan en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero. Además, se establecen incentivos como la posibilidad de tomar las contribuciones patronales como pago a cuenta de impuestos nacionales.
– El Banco de la Nación Argentina debe promover líneas de crédito con tasa preferencial para financiar emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios destinados específicamente a personas travestis, transexuales y transgénero. La autoridad de aplicación debe garantizar el asesoramiento y capacitación para acceder a este beneficio.
