“Desde el apuro del exjuez (de Apóstoles, José Luis) Reyes en 2003 por cerrar la causa, todo se hizo mal en el expediente y fue a razón de ocultar que mi hijo fue fusilado en el regimiento. Todo fue contaminado, desaparecieron cartas de Mauro, no me devolvieron su teléfono celular y hasta cambiaron su uniforme. No nos cierra nada y la Justicia Federal ahora no responde tampoco”.
Susana Mónica Pintos cumplió el pasado miércoles 26 de junio, 21 años de batallar en la Justicia Provincial y luego Federal, por el esclarecimiento de la muerte de Mauro José Francisco Ramírez, el joven chaqueño de 22 años que se alistó como soldado voluntario del Ejército Argentino y lo encontraron sin vida en su puesto de guardia con un balazo de fusil FAL en el pecho, que la autopsia confirmó con una trayectoria descendente y de izquierda a derecha.
La docente chaqueña residente en Barranqueras, localidad próxima a Resistencia, dialogó con PRIMERA EDICIÓN para reavivar el reclamo de investigación, justicia “y que no se repita lo que le tocó a Mauro”.
Vale remarcar que hace pocos días el defensor federal, Gabriel Darío Jarque, volvió a solicitar que se cite a declarar en indagatoria a dos personas que podrían tener vinculación directa en lo sucedido y que se sospecha fue un “homicidio”.
El pedido le fue presentado al juez federal Miguel Ángel Guerrero, y hasta el momento no fue respondido.
Sobre lentitud y dilación judicial, Pintos responde sin vueltas: “Tengo toda la paciencia del mundo, no voy a bajar los brazos, no soy violenta para reclamar pero no dejo de insistir porque a mi hijo lo mataron y él estaba muy contento en ese momento porque quería progresar como soldado, llegar a cabo y ser un trabajador solidario. Solo pido a la Justicia que me escuche”.
“Él había escrito varias cartas y solo nos entregaron una y que ya fue peritada con grafología y los profesionales remarcaron que estaba anímicamente muy bien y no atravesaba un cuadro depresivo o una situación similar”.
Destacó del paso de más de veinte años de esperar un avance en la Justicia Federal: “Aprendí a vivir partida en dos, por un lado feliz y pegada mi otro hijo y mis nietos, también mi pasión por la docencia en el aula. Y por otro, seguir la pelea por Mauro y decirle al Estado que no puede tener a personas en las fuerzas armadas como las que lo asesinaron. No me pueden decir que así se defiende la patria”.
La paciencia de Pintos la refleja además con su memoria puntual: “No me olvido del exjuez de Apóstoles, José Luis Reyes, que se apuró para cerrar la instrucción como un hecho de suicidio y se la pasó a la Justicia Federal”.
“Reyes tenía diligencias pendientes y pericias por ordenar, pero no quiso cumplirlas. Entre ellas las cartas que negó que existían y que desaparecieron. Esos escritos son los que sospecho que Mauro los hizo para denunciar lo que estaba obligado a callar y que por ello lo mataron”, añadió.
Reiteró a su vez: “Mauro estaba siendo hostigado y pidió su traslado varios días antes de lo que sucedió. Hay un pacto de silencio y yo no pierdo la esperanza que se rompa y declaren los testigos que pueden aclarar todo”.
Mauro Ramírez tenía 22 años y había ingresado al Ejército. Su destino de labores fue el Regimiento de Monte 30 “Apóstoles”. El jueves 26 de junio estaba de guardia y lo encontraron muerto en un puesto de control. Las pericias descartaron el suicidio, por el tipo de arma y el lugar donde ingresó el disparo. De arriba hacia abajo a la altura del corazón.
“A Mauro lo fusilaron arrodillado. Tras el crimen, desde el primer día hubo encubrimiento y se mantiene todo en la oscuridad, en la nada. Pero insisto, no voy a dejar de viajar y golpear puertas a donde sea necesario. Hasta que no haya justicia no voy a descansar. Voy a seguir apelando y recurriendo en el lugar que sea necesario. Mi hijo merece que se sepa la verdad, que hay testigos amenazados, pero que se tiene que romper ese manto de silencio, esa red de impunidad”.
“Sigo esperando que el juez (Miguel Ángel) Guerrero indague a las personas que solicitamos hace seis años ya”. La madre de Mauro Ramírez ratificó que continúa vigente una recompensa para obtener más información y que la causa seguirá caratulada como “violencia institucional”.
“No se quitó la vida mi hijo y confío aún que los compañeros que estuvieron, que convivieron con él, van a animarse a aportar todo lo que saben a la Justicia”.
