OBERÁ. Por orden del juez de Instrucción 3 de la localidad de San Vicente, Demetrio Antonio Cuenca, el miércoles a la tarde se allanaron las oficinas de la empresa Capital del Monte y del Municipio de Oberá para secuestrar los contratos de concesión del servicio urbano de pasajeros, a raíz de una denuncia que efectuó el abogado obereño Rafael Pereyra Pigerl ante el fiscal Elías Bys. Como lo publicó este diario, el representante del Ministerio Público pidió la instrucción formal de la causa recientemente y solicitó algunas medidas, entre ellas la que se concretó el miércoles.Cuenca es quien entiende ahora en la causa por subrogación legal, debido a que el juez Horacio Alarcón, titular del Juzgado de Instrucción 2, subrogando al 1 por licencia de la jueza Alba Kunzmann de Gauchat, se inhibió por la amistad que tiene con el letrado obereño.De acuerdo a lo que trascendió extraoficialmente en el allanamiento habrían encontrado copias de los contratos, en ambos casos, tanto en el municipio como en la empresa prestataria del servicio urbano de pasajeros.El caso llegó a la Justicia debido a la controversia que existe en torno al llamado a licitación. Mientras la empresa sostiene que tiene la concesión extendida hasta 2022, firmada por el entonces intendente Rodolfo Dalmau, el municipio envió al Concejo Deliberante los pliegos de bases y condiciones para licitar el mismo, porque sostiene que vence a fines de este año.La empresa envió una copia al municipio de la extensión de la concesión hasta 2022 y presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia un juicio contencioso administrativo y la solicitud de una medida de no innovar. La cuestión tiene tres frentes judiciales ahora, porque también en las últimas semanas el municipio presentó una acción declarativa de certeza que recayó en el Juzgado Civil y Comercial 2, a cargo de Jorge Erasmo Villalba. Lo que se busca determinar es la autenticidad de la firma que está en la extensión de la concesión.Expediente penalEn el expediente penal, que lleva el número 2.794/2012, Rafael Pereyra Pigerl pide que se determine “si existe delito de acción pública” en el contrato de concesión del servicio urbano de pasajeros hasta 2022 que presentó la empresa Capital del Monte a la comuna. El abogado y convencional constituyente hace la denuncia en carácter de vecino, en la que pretende que se investigue “si en primer lugar existen o no dos contratos de concesión del servicio de transporte público de pasajeros, emitidos en la misma oportunidad, por la misma autoridad municipal, a favor del mismo beneficiario, pero con diversos contenidos”.
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