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Nación transfiere a las provincias 24% menos fondos que hace un año

Destacan que el acumulado de envíos totales para la primera mitad del año fue el cuarto más bajo de los últimos nueve años. Anabólicos fiscales y diferencias por distrito.

1 julio, 2024

Después de un mayo récord, por el efecto de la devaluación sobre la liquidación de Ganancias, la menor actividad económica deprime la recaudación del IVA.

Aunque los datos finales se conocerán recién este lunes, un estudio privado anticipó que en junio el Gobierno nacional envió al consolidado de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $3,65 billones (millones de millones) en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Se trata de una cifra nominalmente superior, nada menos que 185%, a los $1,28 billones enviados durante el mismo mes de 2023, pero si se tiene en cuenta la inflación acumulada durante los doce meses previos (y asumiendo una inflación del 5,5% mensual este junio) significa una baja real del 24%.

Descontando los envíos por leyes especiales y compensaciones, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) precisó también que la coparticipación automática, que la secretaría de Hacienda acredita día a día en las cuentas provinciales tuvo una caída real (esto es, descontada la inflación) del 20%, aunque la consultora que encabeza el economista Nadin Argañaraz advierte a su vez que este junio tuvo 3 días hábiles menos que junio del año pasado.

La caída en los envíos se debió principalmente al mal desempeño de la recaudación del impuesto a las Ganancias y del IVA, según surge de los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) de la Secretaría de Hacienda.

Y esto ocurrió a pesar de los “anabólicos” para ocultar la recesión de la actividad. “Caputo postergó el pago en mayo del impuesto a los débitos y créditos y el pago de impuesto PAIS sobre los Bopreal de diciembre, lo que significó una recaudación extraordinaria que se pasó de mayo a junio para maquillar los números” señalo un ministro de finanzas de una importante provincia.

En efecto, solo la recaudación del impuesto PAIS sobre los bopreales de dividendos significaron un ingreso extra -que se pasó de mayo a junio- de $300.000 millones. Además, mediante la Resolución de AFIP 5513 se postergó a junio el vencimiento del impuesto sobre los débitos y créditos de mayo para maquillar la recaudación del sexto mes del año. El mercado financiero estima este maquillaje en $200.000 millones.

A su vez, dice el informe del IARAF, la caída de la recaudación acumulada de IVA y Ganancias en el primer semestre del año habría sido de un 8,3%. En relación a mayo, la recaudación conjunto de ambos impuestos cayó en junio nada menos que 36% respecto de mayo. Pero -de vuelta- en ese caso debe tenerse en cuenta la extraordinaria recaudación que tuvo Ganancias en mayo, debido al impacto de la devaluación de diciembre en los balances de las empresas, que hizo que gracias a ese tributo los envíos de la Nación a Provincias + CABA el mes pasado fueron un récord mensual para los últimos 27 años.

Tanto en junio como en el acumulado del primer semestre todas las jurisdicciones subnacionales (provincias y CABA) perdieron recursos, con un rango de diferencias de 5 puntos entre la que menos (CABA, 19,9%) y más (Buenos Aires, 25,2%) perdieron respecto del año pasado.

Las cifras nominales tienden a confundir la apreciación de los hechos financieros. En junio, por ejemplo, el Gobierno nacional envió al conjunto de las provincias más CABA en concepto de coparticipación automática $3,31 billones, poco más del 200% por sobre los envíos de junio 2023, pero si se descuenta el proceso inflacionario en términos reales eso equivale a una caída real del 20%, que afectó en igual medida a todos los distritos.

Algo diferente es el caso de los envíos por leyes complementarias y compensaciones, que en junio sumaron $335.000 millones, casi 90% más que los $177.000 millones enviados durante igual período del año anterior, pero en términos reales (descontada la inflación) se trató de una fortísima caída real, eso equivalió a una caída real del 49,5%.

Aquí, por tratarse de envíos no automáticos, más sujetos a la discrecionalidad del Ejecutivo nacional, las variaciones fueron muy diferentes entre provincias: desde una caída real del 70,7% para Santa Fe hasta un aumento (también real) del 18,8% para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, única que recibió más que el año pasado.

A precios actualizados, la baja real interanual del consolidado de los envíos por todo concepto para las los distritos en junio fue de $1,16 billones. De vuelta, no fue igual para todos. En términos per cápita las jurisdicciones que menos perdieron fueron CABA, la provincia de Buenos Aires y Mendoza, y las que más Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa.

En términos nominales el acumulado del primer semestre de envíos por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones (esto es, envíos totales) fue de $18,1 billones, contra $5,46 billones de la primera mitad de 2023. Eso significó un aumento nominal del 231,5% y, simultáneamente, una caída real del 12,4%, que abarcó a todos los distritos. A precios de junio, el IARAF estimó que el conjunto de los distritos perdió en el semestre unos $2,96 millones. Por habitante, las provincias que menos perdieron fueron CABA, Buenos Aires y Entre Ríos, y las que más Tierra del Fuego, Mendoza y Salta.

Para sostener la recaudación en el segundo semestre, Caputo evalúa incluso postergar una polémica medida impulsada por la gestión de Sergio Massa: la imposibilidad de los importadores de utilizar los certificados de no retención de IVA y Ganancias. En el pasado esta medida calificada por la Unión Industrial Argentina (UIA) de “inconsulta, sorpresiva y de amplia afectación y alcance al sector productivo porque encarece el abastecimiento de bienes y equipamiento importado, al aumentar el financiamiento exigido para hacer frente al pago de estas operaciones acumulando el pago de las percepciones en detrimento del capital de trabajo, sin dejar que dichos saldo a favor se computen contra otros impuestos durante 2022, en un contexto global y macroeconómico doméstico adverso con restricción de crédito, alto riesgo cambiario y altas tasas de interés”.

Una fuente industrial señaló que de postergarse esta medida el Gobierno recaudaría unos $400.000 millones extra por mes, pero estaría financiando este ingreso a costa del capital de trabajo del sector industrial.

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Tags: CoparticipaciónFondosGananciasIarafIVAProvinciastransferencias
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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