Seis meses y millones de nuevos pobres después, el Gobierno tiene una especie de inobjetable punto de partida desde el que coordinar acciones que, de una buena vez, frenen la inercia de la crisis. Ya no hay excusas para demorar decisiones que beneficien al conjunto y no solamente a la casta política y financiera, como vino siendo en lo que Javier Milei lleva de presidente.
Con la herramienta que el oficialismo logró ayer en el Senado se abre una nueva etapa en la que al Gobierno le quedan pocas excusas más allá de la innegable pesada herencia.
Aunque a partir de las concesiones y por apenas el voto de la vicepresidenta de la Nación lo que el oficialismo logró fue una ley mutilada, es una versión suficiente para avanzar en la anunciada desregulación de la economía.
Y aunque las desregulaciones que están vigentes (alquileres) no hayan aportado soluciones reales, la política y las herramientas están ahora del lado del Gobierno, por lo que seguir negando la realidad y tratar de “estúpidos” e “ignorantes” a todos los que advierten los evidentes errores ya no es una opción.
Milei y sus funcionarios tuvieron seis meses para mostrar fuste y resultados que convencieran a la dirigencia argentina de otorgar las herramientas para el desarrollo. Y aunque la realidad hoy es inmensamente peor que la que dejó Alberto Fernández (un fracaso difícil de superar), LLA entendió que un nuevo traspié legislativo, después de largos meses de discusión y de que una primera versión de la ley se hundiera por completo en Diputados en febrero, hubiera sido un golpe difícil de superar.
Por eso terminó inclinándose por los acuerdos y las concesiones y consiguiendo la ansiada Ley Bases.
Debe entender el Gobierno que la persistencia de su imagen positiva no es producto del ajuste, sino de que enfrente, en el arco opositor, no hay un solo dirigente que no dé vergüenza, que no resista el archivo. Debe entender también que fue votado para traer soluciones a la sociedad en general y no a los sectores financieros en particular.
