El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, confirmó el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que se encargan de brindar atención legal primaria a la población para garantizar el acceso a la Justicia. La decisión llegó luego de una auditoría que sustentó su clausura por considerarlos “ineficientes y un gasto para los contribuyentes”.
“El Ministerio de Justicia informa que, como resultad auditoría interna que la cartera realiza desde el mes de se cerrarán 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”, anunciaron desde la cartera a través de un comunicado publicado en sus redes sociales titulado “Se cierra otra caja política”.
De esta forma, se resolvió el cierre de 81 de los 97 Centros de Acceso a la Justicia que maneja la cartera en todo el país.
— Ministerio de Justicia (@jusgobar) June 10, 2024
En este sentido, desde la cartera expresaron que estas dependencias estatales acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, “sin demostrar resultados y duplicando funciones”.
“Éstos le costaban a los argentinos más de 8 mil millones de pesos por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más”, sentenciaron desde la cartera.
Por último, el Ministerio de Justicia aseveró que todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Por este motivo consideraron “injustificable” la financiación de más oficinas y más recursos a la misma función.
Su función
La función de estos centros es, según la página oficial del Ministerio de Justicia, brindar un servicio de atención legal primaria que tiene como finalidad garantizar el acceso a la justicia, el conocimiento y la efectividad de los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la población, promover la igualdad, el desarrollo humano y el crecimiento económico inclusivo, y construir una ciudadanía activa y empoderada.
Asimismo, los centros se encontraban hasta ahora presentes en 23 de las 24 provincias.
Fuente: El Cronista.
