La política económica de un país está supeditada a las medidas que adopte el Presidente con su Gabinete, en particular con su Ministro de Economía.
En Argentina, con las banderas del ajuste y bajar el déficit fiscal, se generó una corrida inflacionaria en apenas cuatro meses (ahora con tendencia a la baja pero en números altos), que provocaron una serie de perjuicios a los asalariados, al consumo de la sociedad con una recesión (que venía de los tiempos de Sergio Massa pero que se profundizó), una suba de tarifas de los servicios básicos muy importante en poco tiempo; y de los combustibles (tanto en impuestos como en valores del mismo).
Semejante combo, trajo como consecuencia menores ventas para la enorme mayoría de los comercios.
Con la llegada de junio, aún cuando las paritarias no fueron las necesarias para empatarle a la inflación en gran parte de las mesas de negociación gremial con las empresas, las pequeñas y medianas de estas últimas se las tendrán que arreglar como puedan para cumplir con los gastos del mes y el medio aguinaldo. Tal como lo expresó Agustín Gómez, del Centro de Empleados de Comercio, salvo las grandes cadenas vinculadas a la alimentación, en las otras privadas no está garantizado el pago del aguinaldo.
El Estado nacional generó las condiciones de trabajo, el contexto negativo, y ni siquiera implementó un incentivo con los aportes patronales que se mantienen intactos, a pesar de las promesas libertarias de bajar costos para generar empleo. Sin esos incentivos, seguramente los despidos se incrementarán, hasta el cierre de los locales es una posibilidad frente a esta crítica situación.
