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Multaron en 1 millón de pesos a un abogado misionero por el segundo faltazo a un juicio

El Tribunal Federal de Paraná sancionó al defensor particular, David Mousquere, por dejar “en estado de indefensión” a un detenido al volver a ausentarse a la audiencia por Zoom para definir la suerte de un joven de Irigoyen detenido por traficar drogas sintéticas.

26 mayo, 2024

El jueves pasado a las 9, los secretarios y jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná aguardaban que todas las partes se conectaran a la plataforma Zoom para el segundo llamado a audiencia de visu que le permitiría a tres jóvenes misioneros cerrar un acuerdo de pena en juicio abreviado por violar la ley 23.737.

Por el faltazo reiterado del abogado obereño David Mousquere, quien dejó en indefensión a uno de los acusados, el TOC entrerriano resolvió imponerle la multa de un millón de pesos, el 20 por ciento del sueldo de un juez de primera instancia federal, y designarle un defensor oficial al encartado, además de fijar tres nuevas fechas (11, 24 y 25 de junio), ya para un juicio oral y público ordinario, con testigos, alegatos y sentencia.

El malestar que ocasionó la falta sin justificación, de acuerdo a fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN en Paraná, fue mayúsculo porque las notificaciones e insistencias, al abogado mencionado, de los empleados del tribunal se registraron por teléfono, correos electrónicos y mensajes de textos en distintas aplicaciones.

Los tres jóvenes de Bernardo de Irigoyen, Héctor Fernando Seles, Lucas Claudio y Alexis Da Silva, fueron descubiertos y detenidos el 27 de diciembre de 2022 en el puesto de control vial de la Policía de Entre Ríos en Paso Cerrito, jurisdicción de la localidad de Federación, por una carga de drogas sintéticas.

La primera audiencia de visu se suspendió el viernes 10 de mayo por la ausencia de Mousquere que no se conectó a la plataforma de videoconferencias.

El faltazo virtual para responder por las garantías de defensa de Héctor Seles, generó un segundo intento pero con la notificación de que fue apercibido por el “incumplimiento injustificado de sus funciones” (artículo 113 del Código Procesal Penal de la Nación) y quedó al borde de una sanción por “abandono de funciones” que correspondería al 20 por ciento del salario mensual de un juez de Primera Instancia Federal.

Una de las fuentes judiciales deslizó entonces que el defensor se habría quedado dormido, pero no se pudo confirmar el hecho.

En la audiencia frustrada a Seles, detenido en la Unidad Penal 3 de Concordia, se le ofreció el patrocinio para comprender los alcances del juicio abreviado por parte de los abogados restantes, los de Alexis y Lucas Da Silva. Pero el encartado rechazó la alternativa. Por lo que el fiscal Juan Sebastián Phodainy no pudo cerrar el acuerdo.

La causa fue elevada a debate por la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, con la calificación comprendida por la Ley 23.737 de “tráfico de estupefacientes, en la modalidad de transporte, agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en calidad de coautoras”.

Seles y los hermanos Da Silva están acusados de transportar pastillas de éxtasis “de manera conjunta y organizada” desde San Vicente (Misiones) con presunto destino en Buenos Aires, pero fueron descubiertos en el puesto de la Policía Caminera de Paso Cerrito, en el tramo autovía General Artigas de la ruta nacional 14, a la altura de Federación.

La droga se encontraba oculta en el interior de una camioneta Volkswagen en la que se trasladaban los hermanos Da Silva. En total escondían paquetes con 8.913 pastillas y también sustancia sólida y en polvo de MDMA.

La investigación determinó la participación de la tercera persona involucrada, Héctor Seles, en la organización. Fue el encargado de custodiar el estupefaciente a través de otro vehículo, a modo de “campana o abrerrutas”.

Para la fiscal Josefina Minatta, la conducta llevada a cabo por los imputados “evidencia una clara organización previa, una división de roles y una planificación que permitieron el transporte de la droga en un vehículo y la utilización de otro restante que ofició de ‘campana’ o auxilio”.

La sustancia estaba distribuida en una bolsa de nylon que contenía 1,3 gramos de polvo de éxtasis, tres paquetes envueltos en cinta color ocre que contenían en su interior 3,021 kilogramos de sustancia estupefaciente MDMA, y 7,344 kilogramos de pastillas, sustancia sólida y en polvo, acondicionada en trece paquetes y en una bolsa del nylon.

Tags: David MousquereJuicio abreviadoJuicio por narcotráficomulta a abogado misioneroTribunal Federal de Paraná
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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