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La oposición pidió una sesión especial para tratar la movilidad jubilatoria

Del plenario de comisiones de Previsión y Presupuesto salieron cinco dictámenes, uno de ellos con la firma de Innovación Federal. Solicitaron votar el 4 de junio.

15 mayo, 2024

La oposición estuvo a punto de dar un batacazo inesperado en la Cámara de Diputados. Unión por la Patria y los sectores dialoguistas expresados por la UCR, Hacemos y la Coalición Cívica quedaron a las puertas de un acuerdo para firmar un dictamen conjunto que mejore la fórmula de movilidad previsional del Gobierno y recomponga los haberes alicaídos de los jubilados.

De todas formas, los esfuerzos no cayeron en saco roto ya que estas fuerzas políticas se comprometieron a limar las pequeñas diferencias entre ambos dictámenes de cada a la sesión que ya pidieron los dialoguistas para el martes 4 de junio a las 11 hs.

Hasta este mediodía, había un principio de acuerdo para encontrar una síntesis en el plenario de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto: Unión por la Patria accedía a rebajar sus pretensiones originales de recomponer inicialmente las remuneraciones en un 30% y se acoplaba a la propuesta de “los dialoguistas” de fijar esa compensación en el 20,6% correspondiente a lo perdido por los jubilados en el mes de mayo.

Con esta fórmula, la jubilación mínima quedaría en 285 mil pesos en el mes de junio, según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Al ajuste mensual por IPC (inflación medida por el INDEC) se sumaría además un aumento adicional: en marzo de cada año se establecería un cálculo por el cual se reconocería un aumento del 50% de la variación del RIPTE (variación salarial) por sobre la variación del IPC el año calendario anterior.

“Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado”, dice en ambos dictámenes, que quedaron escritos prácticamente iguales.

Lo que dinamitó el acuerdo con Unión por la Patria fue la decisión de los cordobeses de Hacemos Coalición Federal de “meter por la ventana” en el dictamen la obligación de ANSES de cancelar en un plazo máximo de seis meses la totalidad de las deudas que mantiene con las cajas previsionales provinciales así como con los jubilados con sentencias firmes favorables a partir de lo producido de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo.

También en los dictámenes quedó otra diferencia menor, que seguramente se podrá saldar favorablemente si hay voluntad de las partes: el dictamen de los dialoguistas establece una remuneración mínima equivalente a una Canasta Básica Total por adulto (actualmente 250.286 pesos) equivalente publicado por el INDEC, mientras que UP propone que la base de haberes sea de 1.2 respecto de esa canasta.

Además, el dictamen de la oposición moderada elimina los regímenes jubilatorios especiales para presidente y vicepresidente de la Nación.

De esta manera, en el plenario de comisiones de Previsión y Presupuesto se dictaminó este miércoles cinco proyectos. El mayoritario terminó siendo el de Unión por la Patria (UP). La UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y La Coalición Cívica presentaron uno conjunto, mientras que el PRO -que inicialmente no había firmado ninguno- presentó otro propio, al igual que la Izquierda.

Como muestra de la voluntad del kirchnerismo de llegar a un acuerdo de acá a la fecha de la sesión, el dictamen que presentó Unión por la Patria no fue el original, más ambicioso en términos de recuperación de capacidad adquisitiva para los jubilados, sino que respetó los términos del estado de negociación que se había alcanzado con los dialoguistas.

“Lo que hoy firmamos es un dictamen que refleja el punto de consenso al cual habíamos arribado una mayoría de este cuerpo, que se parece mucho al dictamen que firmaron la UCR, HCF y la CC”, apuntó el diputado nacional de UP Itai Hagman.

El diputado misionero Carlos Fernández firmando el dictamen que acompañó Innovación Federal.

“Es una pena que hoy no hayamos podido consensuar un dictamen, por lo menos entre quienes en todo este proceso de debate fuimos mayoría en expresar la necesidad de recomponer los haberes jubilatorios de manera inmediata”, manifestó el economista.

Según dijo, esa mayoría opositora partía del consenso de que el 12,5% de compensación que reconoció el Gobierno en el DNU 274 para los jubilados y pensionados “claramente no alcanzaba para recuperar lo perdido en los últimos meses”.

“Había un punto de consenso en incorporar la inflación y dar la posibilidad de que los jubilados pudieran ganar poder adquisitivo”, siguió explicando Hagman.

“Solamente la inflación implicaba un congelamiento y solamente atar la inflación a variables pro cíclicas implicaba la posibilidad de ganar pero también la posibilidad de perder”, analizó.

“No puede ser que por esos aspectos no podamos dar una respuesta efectiva e inmediata a los jubilados. Eso lo podemos resolver rápido y además garantizarles que hacia adelante el único criterio no sea solo la inflación sino incorporar una variable que les permita recuperar poder adquisitivo”, concluyó el dirigente político del Frente Patria Grande.

(Fuente: Noticias Argentinas)

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Tags: Cámara de Diputados de la NaciónCarlos FernándezCongreso NacionalMovilidad JubilatoriaUnión por la Patria
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#fauna #misiones #ohana
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La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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