El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) realizó una visita de inspección a Misiones, donde se monitorearon establecimientos penitenciarios, comisarías, centros de salud mental y hogares de niños, niñas y adolescentes en Posadas, Eldorado, Oberá, Loreto, Puerto Rico y Cerro Azul.
En ese marco, una de las problemáticas más marcadas que observaron fue el uso extendido de la prisión preventiva y la excesiva duración de los procesos judiciales que promueven hacinamiento y sobrepoblación y el uso discrecional de la detención.
Esta tarde en el programa Primera Plana que se emite por FM 89.3 Santa María de las Misiones, el presidente de la Comisión Provincial contra la Tortura, Eduardo Scherer, indicó que, si bien el adelanto del documento de Nación es duro, coincide con el trabajo que viene realizando la CPT hace más de 7 años ya que siempre plantean el tema de las prisiones preventivas, el excesivo plazo de los expedientes penales y el volumen de detenidos.
“El último relevamiento realizado marcaba que había alrededor de 740 personas detenidas en total en todas las comisarías de la provincia, de las cuales el 10% corresponde a los detenidos por averiguación de antecedentes, lo que ellos denominan detención arbitraria”.
Sobre este punto de las detenciones por averiguación de antecedentes, Scherer hizo una aclaración. Dijo que “en Misiones todavía está vigente la ley orgánica de la Policía de Misiones que en su artículo 11 autoriza a detener a las personas o a privarlas de su libertad por 24 horas para averiguación de antecedentes, modo de vida e identificación“. Es decir, que si bien el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura señala esas detenciones como arbitrarias, en realidad no son tales puesto que hay una ley que las ampara.
Señaló que si la Constitución Nacional establece que nadie puede ser privado de su libertad sin una condena, hay una excepción que es la prisión preventiva, pero que lejos de ser una excepción lamentablemente se volvió una regla.
“Además de los 900 detenidos condenados, tenemos 700 con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario y me animo a decir más de 700 en unidades penales. Estamos hablando de las dos terceras partes sin condena y personas de hasta muchos años privadas de su libertad en el Servicio Penitenciario sin condenas”.
Desde el 2020 a la fecha, la Comisión Provincial contra la Tortura ya presentó 6 informes entre los cuales plantea el tema de la problemática de las detenciones preventivas y aunque sea mínimo se logró avanzar, reducir ese número. En ese sentido indicó que en el informe que presentaron en noviembre en los cuatro tribunales penales de Misiones habían 600 expedientes de personas privadas de su libertad con prisión preventiva esperando fecha de debate y el último informe que presentaron la semana antepasada, señalaba que hubo una reducción del 54% de esos expedientes.
“Los primeros informes de prisiones preventivas a nosotros nos daba el famoso ‘fifty fifty’, es decir: 50 con prisión preventiva, 50 condenados. Ahora tenemos 60% de condenados y 40% con prisión preventiva, es decir, bajó un 10%, que es poquísimo pero es un pequeño avance”.
Conflictos dentro de cárceles
En otro tramo de la charla con la radio de PRIMERA EDICIÓN, el titular de la Comisión Provincial contra la Tortura se refirió a cuáles son los aspectos que generalmente crean un clima hostil entre los detenidos.
Explicó que sin bien son multicausales, en general son cuatro los disparadores de conflictos en las cárceles: malos tratos por parte de quienes tienen a cargo la custodia y seguridad, cuestiones de infraestructura (agua, luz, espacio físico, comida, electricidad), temas procesales y temas médicos.
“Cualquier disparador de estos genera los inconvenientes. Hace dos o tres semanas ocurrió en la Unidad Penal de Menores una gresca por un partido de fútbol que terminó con personal penitenciario lesionado y el lunes una quema de colchón porque desde el mes de noviembre se está tratando de regular el uso de la telefonía celular, pero no por una cuestión de quitar la posibilidad del privado de su libertad para que se comunique con sus familiares sino por cuestiones de seguridad pública y de intramuros que hay que salvaguardar”.
Agregó que esa decisión de regular el uso de la telefonía celular genera tensiones y que desde la CPCT intervienen en todas esas tensiones que surgen para verificar que “la fuerza se utilice conforme a derecho en primer lugar y con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que exigen fallos innumerables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sin desmerecer el uso de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia”.
El problema de los recursos
El tema de la falta de recursos y recortes presupuestarios también empieza a aparecer como un disparador problemático.
“Hay incrementos de partidas presupuestarias en algunos sectores que por la devaluación o por lo que sea, no alcanzan. Hay meses en la coparticipación también varió, meses en que los proveedores tuvieron que reestructurar sus precios. Todo ‘un quilombo’ donde comienzan a aparecer problemas sobre todo relacionado con la comida, elementos de higiene y tema médico también”, finalizó.
