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Lobby tabacalero genera una pérdida de $16 mil millones a la provincia

Cámaras tabacaleras de Misiones exigieron que se quite el capítulo fiscal que incluía al tabaco en el nuevo proyecto de la Ley de Bases. El gobernador Hugo Passalacqua se pronunció en defensa de esa economía regional.

12 abril, 2024

Momentos después de que las cámaras tabacaleras presentaran ante el nuevo coordinador de Tabaco de la Nación, Martín Giaccio, todas las inquietudes del sector, el Gobierno nacional dio marcha atrás con las modificaciones a la industria del tabaco en la nueva Ley de Bases.

Finalmente, el “Señor del Tabaco” le ganó la pulseada al Gobierno y consiguió boicotear las modificaciones impositivas que impulsaba el oficialismo sobre el sector en el marco de la nueva Ley Bases y el capítulo fiscal anexo.

La decisión no pasó desapercibida ni en el Congreso de la Nación, donde hubo fuertes cruces entre los diputados, como así también en las cámaras tabacaleras que habían solicitado, entre otras cosas, esa misma tarde, que se reintegre el impuesto.

Este jueves por la tarde, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua usó su cuenta oficial de X para expresar apoyo a su colega salteño Gustavo Sáenz.

“Total apoyo a mi colega de Salta, @GustavoSaenzOK y a las provincias hermanas del Norte Grande, junto a quienes siempre defenderemos una economía regional clave como es el tabaco y a sus sacrificados trabajadores. En el caso de Misiones son más de 11.000 productores a los que como Gobierno provincial tenemos el deber de cuidar y acompañar”, acotó el jefe de Estado misionero.

En este contexto, preocupa muchísimo que la familia tabacalera quede fuera del capítulo fiscal. Siempre hay tiempo de reflexionar (autoridades nacionales, empresarios y otros actores) y no decidir sobre estos temas económicos-sociales sin una mirada federal.

“Nuestro pedido especial ese día, era que estén en la Ley de Bases los impuestos que algunas empresas cigarreras no están aportando como corresponde”, expresó el productor tabacalero Gustavo Piñeiro en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.

Piñeiro explicó que la exención de ese tributo por parte de la tabacalera significa un grave perjuicio para el Fondo Especial del Tabaco (FET).

 

 

“Para nosotros fue una gran decepción, porque quedan exentos de vuelta del pago de impuestos, esta empresa tan importante que por ahí vende muchos paquetes de cigarrillos a nivel nacional”, agregó Piñeiro.

Desde 2017, año en el que fue establecido, Tabacalera Sarandí y otras que empezaron como PyME (Bronway, por ejemplo) no pagan el impuesto interno mínimo. Se trata de un monto fijo, hoy de $517,5 por atado de cigarrillos, que funciona como un piso base de tributación, tomado a cuenta del porcentaje total del gravamen, con intención tanto recaudatoria como extrafiscal, es decir que apunta a encarecer los paquetes para desincentivar el consumo.

A través de una serie de cautelares, Sarandí consiguió no pagar el tributo al advertir la desventaja de una PyME frente a una multinacional, lo que le permitió ofrecer sus productos a un precio hasta 50% inferior que sus competidores. Pasó, desde entonces a la fecha, de un cerca de 8% a un 45% de participación en el mercado.

Según estimaciones del sector, Misiones deja de percibir alrededor de 16 mil millones de pesos que corresponden a este impuesto que evade la, ahora, ex-PyME. De esta manera, mientras importantes marcas venden el atado de cigarrillos a montos mayores a los dos mil pesos, los productos de esta empresa, apenas superan los mil, en una situación manifiesta de competencia desleal.

“Fue lamentable esto y una gran decepción. Puede haber un gran problema dentro de los sectores tabacaleros por la falta del Fondo Especial del Tabaco”, se lamentó Piñeiro y manifestó su deseo de que el punto que eliminado del proyecto de ley, sea discutido y nuevamente incorporado durante su tratamiento en el recinto.

“Sería muy importante que todos los gobernadores de las provincias tabacaleras hagan hincapié en esto y hablen con los diputados y senadores nacionales para que traten de poner nuevamente en sesiones ese artículo”, insistió.

Asimismo, instó al Gobierno provincial a tomar medidas al respecto para generar más presión. “Sabemos que el ministro del Agro (Facundo López Sartori) también está haciendo mucho hincapié en esto y estaría bueno que el Gobernador también influya en este problema que estamos teniendo”.

“Estamos en un país que todo el mundo paga impuestos, lo que corresponde, y a veces no sé por qué algunos diputados están en contra de este artículo para que se cobre el impuesto que corresponda a las empresas que no están aportando, porque todos pagan, ¿Por qué ellos no pueden pagar? Es una tomada de pelo”, sentenció el productor.

Tags: FETGustavo PiñeiroLey "Bases"LobbyMartín GiaccioMisionesPymeSarandíTabaco
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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