Un fuerte revuelo se produce desde hace varias semanas en el Ministerio de Ecología de Misiones a raíz de la aparición de una autorización de aprovechamiento de una reserva privada cuyos propietarios no dieron su permiso y se sospecha que hay papeles falsos en el medio.
Los propietarios de la reserva, situada en Santiago de Liniers, son oriundos de Japón y enviaron a una apoderada desde Buenos Aires a Misiones para presentar la denuncia y hacer los requerimientos necesarios ante el Ministerio a fin de tener una explicación razonable acerca de cuál fue el motivo y qué funcionarios habilitaron la documentación para que terceros, totalmente extraños, ingresen a su propiedad con fines de aprovechamiento económico y comercial.
Lo grave es que se trata de una reserva de alto grado de conservación que debería ser “protegida” justamente por los que habrían permitido su atropello.
Hubo una tensa reunión con autoridades del Ministerio en la que el ministro Martín Recamán se puso a disposición y se comprometió a llevar adelante una profunda auditoría para resolver y llegar al fondo de la cuestión. Los detalles de esa reunión se mantienen bajo llave, en estricta reserva, pero trascendió que también estuvieron los responsables de Asuntos Jurídicos del Ministerio.
Se trata de la Reserva Ambiental Privada denominada “Tomo” de una extensión de 1.441 hectáreas de monte nativo en alto estado de conservación, en el Departamento Eldorado.
Según la información a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, los propietarios fueron notificados de que había una autorización que salió desde la Dirección General de Bosques de la Provincia para que una empresa explote esa propiedad. Al parecer, tendría la firma del director, Mariano Marczewski.
Inmediatamente enviaron a sus apoderados a averiguar quién y cómo fue que autorizó explotar su lote cuando ellos nunca autorizaron ni tercerizaron su propiedad a nadie.
Las fuentes de Ecología señalaron que Recamán se encontró muy sorprendido con el caso, ya que asumió en diciembre y no conoce al detalle el manejo de muchas áreas de la cartera ambiental. Actuó rápidamente y la única decisión que se tomó, y que trascendió hasta ahora, es que “hay una auditoría en marcha para conocer los detalles de la situación y determinar la existencia de responsables”.
Aunque los comentarios dentro del Ministerio apuntan a la eventual responsabilidad del director general de Bosques, Mariano Marczewski, nadie se adelanta a dar conjeturas ya que hay antecedentes sobrados para recordar que “tiene espalda política” y ya sobrevivió escándalos anteriores que no terminaron en nada.
Uno de los casos más resonantes fue hace algunos años cuando cuatro de sus subordinados, entre ellos el jefe de los inspectores forestales, fueron detenidos durante varios días, acusados por un productor de pedirle una coima para no labrar un acta por infracción.
El circuito administrativo
El circuito administrativo que se necesita para dar el visto bueno a una explotación forestal ubica al director general de Bosques como la máxima autoridad a nivel provincial para disponer y decidir el aprovechamiento de alguna propiedad.
Cualquier pedido de aprovechamiento debe ser inscripto en el Ministerio mediante una tarjeta con datos del lote, informe dominio y zonificación del área. Luego se realiza un pedido de informe a Asuntos Jurídicos para saber si posee alguna infracción el titular.
Cada trámite debe ser presentado por un ingeniero registrado con firma del titular del lote. Y en este caso los titulares no lo hicieron. Por eso el revuelo y la investigación interna.
Luego pasa por otras áreas como Biodiversidad para saber qué especies de flora y fauna serán afectadas, luego al área Corredor Verde, Áreas Naturales Protegidas y por último la firma del director general de Bosques.
“Es imposible otorgar una carpeta forestal privada a nombre de otra persona física o jurídica sin tener el consentimiento desde la Dirección de Bosques”, aclaró un alto funcionario del área que vivió de cerca todo el escándalo.
Auditoría
Muchas de las instancias normales que se llevan adelante para aprovechar un lote se habrían pasado por alto en este caso, según informaron a PRIMERA EDICIÓN. La auditoría que se está realizando puso la mira en la “tarjeta de inscripción” y el informe de dominio, donde tienen serias dudas de su legalidad. Aunque no hay conclusiones.
El Director tiene posibilidades de emitir una disposición sin tener en cuenta los informes de las otras áreas, como Corredor Verde o Áreas Naturales Protegidas, ya que no son vinculantes y su decisión está por encima de todo el resto.
