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Ley Ómnibus: el Gobierno insiste con absorber la plata de la ANSeS

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo previsional tiene en su cartera US$ 25.665 millones de bonos del Tesoro.

16 marzo, 2024
MANOTAZO. El Gobierno tiene en la mira los fondos de los jubilados de ANSeS.

MANOTAZO. El Gobierno tiene en la mira los fondos de los jubilados de ANSeS.

 La nueva versión de la Ley Ómnibus que el Gobierno le acercó a los gobernadores para abrir una nueva instancia de negociación en el Congreso insistirá con darle el permiso al Ministerio de Economía para que “absorba” bonos del Tesoro en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS para que sean deslistados y dejen de estar en circulación.

Pero además la ley Bases renovada buscará eliminar una serie de límites y topes al tipo de inversiones que el organismo previsional puede hacer con el capital que integra ese fondo.

Como en el primer intento, el mega proyecto de ley incluirá una serie de artículos para dar luz verde al Palacio de Hacienda para que la mayor parte de las inversiones hechas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad vuelva al Tesoro y sean deslistada.

El artículo 56 de la iniciativa que la Casa Rosada giró a los gobernadores para preparar la negociación prevé la “consolidación” de la deuda pública en manos de entidades del sector público.

Es una medida que excluye las tenencias de activos del Banco Central o el Banco Nación pero que incluye taxativamente al fondo inversor de la ANSeS.

“Los títulos de deuda pública que sean consolidados de acuerdo con lo establecido en la presente ley serán transferidos a una cuenta de titularidad del Tesoro Nacional, en donde se cancelarán por confusión patrimonial”, reza el artículo 58.

Letra chica

De la misma forma, la nueva versión de la ley Bases estipula en sus dos artículos siguientes que si existiese algún organismo del sector público que necesitara contar con ese crédito por la tenencia de la deuda del Tesoro, deberá tramitarlo ante la Jefatura de Gabinete, que tendrá un mes de tiempo para resolverlo.

“El mencionado planteo deberá fundarse en fines públicos que lo justifiquen”, advierte en articulado del nuevo proyecto que sería enviado por el Ejecutivo a Diputados.

Límites

En el artículo siguiente, el 61, el Poder Ejecutivo buscará establecer qué tipo de inversiones queda habilitado para hacer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Así, estipula que la ANSeS “podrá invertir el activo del Fondo administrado” en acciones, obligaciones negociables de sociedades anónimas nacionales, mixtas o privadas y futuros y opciones sobre esos títulos valores.

“Cuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) realice operaciones de caución con sus activos u operaciones financieras que requieran prendas o gravámenes sobre sus activos, solo lo podrá hacer sobre hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del total de los activos del Fondo”, plantea el proyecto, además.

Por último, la Ley Ómnibus buscará derogar el artículo 76 de la Ley N° 24.241, que es el que le pone topes a qué peso pueden tener en la cartera total cada tipo de inversión que puede hacer la ANSeS con los activos del FGS.

Ese artículo a derogar ponía como techo un 40% del total invertido para compra de obligaciones negociables, un 50% como máximo en acciones, 10% del total de cartera para títulos de emisores extranjeros y 5% para fondos comunes de inversión. Con la eliminación del artículo 76, esos límites dejarían de correr para la administración del Fondo de Garantía de la ANSeS.

Inversiones

De acuerdo a últimos datos publicados por la ANSeS, el Fondo de Garantía tiene en su cartera unos US$ 25.665 millones de bonos del Tesoro nacional. En detalle, cuenta con tenencias de 32,1 billones de pesos en títulos del Tesoro en moneda local, casi el 70% del total de su cartera a enero pasado.

De ese total, el 42,5% (13,6 billones de pesos) corresponden a títulos atados al tipo de cambio oficial, otro 37,4% (12 billones) a bonos CER y con participaciones mucho menores otros 5,1 billones de un título en dólares a tasa fija y una letra, también en dólares.

Casi el 30% de la cartera total del FGS son esos 13,6 billones de los bonos dollar linked. Esa sería la masa de bonos del Tesoro que Luis Caputo estaría en condiciones de absorber si se aprobara la ley, para de esa manera quitarla de circulación.

Otro 16,1% de las inversiones de ANSeS está explicado en acciones de empresas. La principal es Ternium, de la que posee acciones por un valor de 1,2 billones de pesos, lo que representa un 16% de la cartera total accionaria y solo un 2,6% de las inversiones totales del FGS. Le siguen más atrás el Banco Macro ($764.000 millones), Pampa Holding ($748.000 millones), Transportadora de Gas del Sur ($720.000 millones) y Grupo Financiero Galicia ($713.000 millones).

En menor proporción, el FGS tiene en su poder obligaciones negociables por un total de $2,6 billones, de los cuales poco más de 1 billón corresponden al sector de petróleo y gas y otros $772.000 millones en energía, en ambos casos Obligaciones Negociables nominadas en dólares.

La tenencia de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión es mínima, con solo $230.000 millones, apenas un 0,5% del total.

Tags: ANSESFondo de Garantía de SustentabilidadLey Ómnibus
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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