El Pacto de Mayo que propuso el presidente Javier Milei en su discurso del 1° de marzo ante el Congreso establece en el punto 6: “Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”.
En síntesis, quiere que los gobernadores le entreguen a la Nación el permiso para que las grandes empresas extranjeras privadas hagan negocios.
El principal componente en la mira es el litio, pero no se puede desestimar el valor de la selva, los mares, las montañas y el agua dulce, entre otros.
A cambio de firmar ese Pacto, el Presidente les ofrece a los gobernadores acceder a algunos recursos económicos que la Nación le quitó desde diciembre, pero antes les exige que los senadores y diputados le aprueben la Ley Ómnibus.
En esta, se establecen cambios y derogación de cientos de leyes, entre las que se elimina la prohibición de extranjerizar tierras.
Ante este panorama y siendo Misiones una provincia con una arraigada conciencia social sobre el cuidado de los recursos naturales, además de ser poseedora del 52% de la biodiversidad total del país, PRIMERA EDICIÓN consultó a dos abogados especialistas en derecho ambiental, para tener la opinión de expertos acerca del tema.
En resumen, lo que los juristas analizan es que la liberación de los precios de las materias primas (en INYM para la yerba, en el caso de Misiones), provocará una negociación desigual que perjudicará a los pequeños productores.
Esta situación los podría llevar, igual que en los años 90, a vender sus tierras por la baja rentabilidad de su producción; dando lugar a la extranjerización a manos de grandes empresas privadas que aprovechan el negocio y luego se dedican a saquear los recursos naturales.
“Eso fue lo que el presidente Javier Milei fue a decir en la conferencia internacional de Davos donde, a contrapelo de la crítica contra los mil millonarios que concentran el 90% de la riqueza del planeta, el presidente Javier Milei fue a felicitarlos y ofrecerles la apertura de nuestro país a esas economías ultraconcentradas”, explicó José Luis “Cachorro” Fuentes, especialista en derecho ambiental (UCSF) y docente de UNaM y UGD a este matutino.
Consideró que el Pacto “es un nuevo intento de consolidar un proyecto político porteño, centralista, con una estructura de saqueo extranjizante. Su objetivo es armar una estructura jurídica que permita que la economía esté en función de grupos económicos del extranjero”.
“Lo que propone el Presidente no es nada nuevo para los argentinos y tampoco para los misioneros. Este modelo de país centralista y de saqueo de los recursos, ya lo pudimos ver y lo sufrimos en Misiones en los 90”, indicó.
Fuentes recordó que “uno de los elementos centrales es la desregulación de la economía regional, desaparece la CRYM, el ente que regula a la yerba mate. Los pequeños productores se empobrecen porque no pueden negociar de igual a igual con las grandes empresas, no les queda otra que malvender sus chacras, irse a las ciudades, y estos grupos económicos del extranjero son quienes pueden apropiarse, a precio vil, de nuestras grandes extensiones de territorio”.
“Ahora estamos viendo exactamente lo mismo. Con el DNU se elimina el INYM, nuevamente se busca que el libre mercado establezca el precio, pero es una trampa porque el chiquito nunca sale bien parado. Lo que viene después es la venta de las tierras a manos de extranjeros”, dijo.
Y agregó que para facilitar el engranaje, el DNU también derogó la ley que prohibía la extranjerización de tierras. Quiere decir que ahora no hay límites al capital y puede comprar la extensión que quiera. “Este DNU elimina la ley de defensa de nuestro patrimonio nacional”, advirtió.
“Y bueno, la tercera fase es la de la explotación de los recursos naturales”, dijo Fuentes y añadió: “El Presidente está pidiendo que cambie el andamiaje jurídico para poder lograr la explotación”. Y eso lo tienen que aceptar los gobernadores, mediante leyes de las legislaturas provinciales.
El abogado explicó que “cuando se sanciona la Constitución de 1994 se establece en el artículo 124 explícitamente que las provincias tienen el dominio originario y exclusivo de sus recursos. Esto garantiza que ningún Gobierno nacional pueda afectar a los intereses de sus conciudadanos de una manera arbitraria”.
“Las provincias no están dispuestas a dilapidar sus recursos. Entonces Milei busca ahora destrabar esta cláusula constitucional logrando la venia de las provincias, presionándolas, luego de ahogarlas económicamente ahora busca tirarles una soga económica a cambio de la apertura de sus recursos naturales”, finalizó José Luis “Cachorro” Fuentes.
Principio de progresividad
Por su parte, Martín Ferroni, especializado en materia foresto ambiental con experiencia en Gestión de Conflictos Ambientales, consideró además que la Constitución garantiza la propiedad de las provincias.
“Estamos como país adheridos al Pacto de Biodiversidad que se promulgó en Río de Janeiro en 1992, están incorporados con rango constitucional todos los tratados internacionales en materia ambiental que establecen el principio de progresividad, incluso nuestra Ley General de Ambiente (N° 25.675)”.
Explicó que ese principio “significa que un Estado al alcanzar cierto nivel de protección ambiental luego no puede disminuir o aminorar ese nivel de protección”.
Y respecto a Misiones, Ferroni evaluó que “estamos más o menos cubiertos sobre alguna pretensión de avanzar, en nuestro caso, sobre bosque nativo o agua que es lo que a nosotros nos compete”.
“Seguramente lo que pretenderá es generar los mecanismos institucionales como para que la Nación pueda tener intervención en la concesión de la explotación de estos recursos, más que nada respecto al litio, porque sin la autorización de las provincias, la Nación no puede avanzar sobre estos recursos”, sostuvo el abogado.
“Si el Congreso quiere modificar la Ley de Ambiente, los tratados internacionales no permiten que la legislación establezca niveles de protección ambiental menores a los que ya alcanzó.
Son los gobernadores, y las legislaturas provinciales las que van a determinar cuál es la forma jurídica por la cual se puede conceder o no la explotación de un recurso”, finalizó.
