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Séptimo operativo en el año de regreso de guaraníes en situación de calle a sus aldeas

Lo concretó ayer Asuntos Guaraníes en la capital provincial, llevando un total de 43 mbya, entre madres y niños, a las comunidades ubicadas en Puerto Leoni y sobre ruta provincial 7. Un grupo, mayoritariamente conformado por hombres, se resistió a volver a sus aldeas.

3 febrero, 2024
COMPLEJO PANORAMA. Hay familias que no quieren regresar a sus aldeas y no se las puede obligar a irse.

COMPLEJO PANORAMA. Hay familias que no quieren regresar a sus aldeas y no se las puede obligar a irse.

Por séptima vez en lo que va del año, la Dirección de Asuntos Guaraníes concretó entre el último jueves por la noche y las primeras horas del viernes, un nuevo operativo para “regresar” a madres y niños mbya a sus comunidades en el interior de la provincia y que deambulaban por distintos espacios públicos de la capital provincial. Un grupo se rehusó a volver y se les recordó a sus integrantes que no pueden enviar a trabajar ni a mendigar en las avenidas y calles a los niños. Ante la reiterada situación, mediaría la Secretaría de Acceso a la Justicia para evitar llegar a la judicialización del tema.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Francisco Martínez, titular de la Dirección de Asuntos Guaraníes, explicó que “entre el martes y jueves llevamos a 86 personas, entre mamás y niños, a sus respectivas comunidades. El del jueves se realizó a última hora del día, en articulación con la Defensoría de los Niños, la Subsecretaría de la Niñez, el Ministerio de Desarrollo Social, la coordinación de Gabinete y la Dirección de Asunto Guaraníes, en una mesa ampliada que tenemos sobre la temática. Es algo que venimos trabajando y seguiremos en este camino”.

Detalló que “fue el séptimo operativo del año y el primero de febrero. Este tuvo una particularidad y es que hubo un grupo, en la zona de La Placita del Puente, que se resistió a ser trasladado. Tuvimos dos horas y media de diálogo en las cuales escuchamos las inquietudes y les expusimos sobre todas las cosas que no queríamos que los niños sigan en la calle, menos trabajando y tampoco mendigando. Les dijimos que deben volver a su comunidad y que los mayores si querían podían quedarse. Fue entonces que se resistieron los varones, no quisieron irse, de igual manera seguimos trabajando durante el día con este grupo para devolverlos a su comunidad, que es el lugar donde tienen que estar y en especial, los niños”.

El grupo que se negó a volver a su pueblo tenía unos veinte integrantes de diferentes comunidades, entre ellas de Bonpland y Ruiz de Montoya, que luego se dispersaron con rumbos diferentes aunque horas más tardes se los volvió a ver juntos.

Martínez lamentó que “a veces nos encontramos con algunas madres que ya habíamos llevado de regreso junto a sus hijitos pero están de nuevo por acá. El problema es que una vez más detectamos que mandan a los pequeños a vender y eso a nosotros nos duele muchísimo, siempre remarcamos que donde tienen que estar esos niños es en sus comunidades jugando y no en una ciudad en el semáforo o en una plazoleta”.

Intervención de la Justicia

En la oportunidad y al encontrar resistencia de algunos mayores y también que se repite la presencia de madres y niños mbya que los llevan a sus comunidades y vuelven a Posadas, Martínez recordó que “no podemos impedirles que vengan pero sí que no los hagan trabajar, mendigar y tampoco queremos judicializar este tema”.

En la misma línea apuntó que “en la mesa ampliada de trabajo, conformada con el gobierno provincial, está incluido Fabián Oudín, quien está a cargo de la Secretaría de Acceso a la Justicia Derechos Humanos y Violencia familiar del Poder Judicial, con quien dialogamos y buscamos alternativas para abordar esta problemática porque, reitero para que quede claro, no queremos judicializar a los niños sino que buscamos entablar un diálogo con la comunidad, con esas familias para no llegar a esos extremos. Queremos alcanzar soluciones dialogando con las comunidades, escuchando lo que ellos proponen para que nosotros como Estado podamos darles las respuestas acordes con diferentes programas”.

La intervención más directa de los representantes de Acceso a la Justicia, “será una especie de mediación, que será a partir de la semana que viene. Además avanzaremos en reuniones con la Dirección de la Niñez, la Defensoría, la Municipalidad y la Dirección de Asuntos Guaraníes en las comunidades, con cada cacique y con las familias. Allí los vamos a escuchar, ver qué proponen, qué solución le vamos a dar, porque varía mucho la necesidad de cada comunidad porque, por ejemplo, hay algunas a las que no les gusta plantar, otras que prefieren la artesanía y la intención es armar un plan de trabajo con ellos en su lugar”.

Consideró que los caciques de cada comunidad “deberían transmitirnos qué les está pasando, si les falta algo, si tienen alguna inquietud en la que podamos contribuir para que esas familias se queden allí y puedan desarrollarse sin la necesidad de venir a Posadas”.

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Tags: Asuntos Guaraníescomunidades mbya guaraníFamilias Mbya
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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