El próximo viernes 29 de diciembre será la fecha de inicio de vigencia del súper Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente de la Nación, Javier Milei, donde derogó y modificó alrededor de 300 leyes.
Se conoció este fin de semana largo que la convocatoria a sesiones extraordinarias hecha por el propio mandatario, no contempla el debate de este mega instrumento legal que generó una “grieta” de voces respecto a su constitucionalidad.
En ese punto, está clara la división de Poderes que establece la Carta Magna argentina: la Justicia tendrá el control de constitucionalidad de los actos oficiales.
Sin embargo, tanto en la oposición como en algunos sectores aliados a La Libertad Avanza, esperaban que Milei convoque a las sesiones extraordinarias con este paquete de medidas incluido. En el legislativo, hay voces completamente en contra de todo lo decidido pero hay muchos que objetaron algunas medidas. Incluso, propusieron reformas a algunos textos para expresar su acuerdo con el eje de la decisión política.
Es evidente que el Gobierno busca implementar las medidas, dejarlas funcionando más de un trimestre (el Congreso retoma las sesiones en marzo y allí comenzaría un largo debate en la Comisión Bicameral) y ver si la práctica cambia las opiniones de los detractores al súper DNU.
¿Es el camino? En democracia, es parte del juego del poder. Pero es probable que, quienes no ven abierto el debate inmediato solo tengan la opción de ir a la Justicia y la Corte Suprema terminará repleta de expedientes con las quejas y cuestionamientos a las decisiones del flamante Presidente.
