El fiscal de Instrucción de Puerto Rico, Héctor Simón, realizó durante los últimos días el requerimiento de elevación a juicio para un hombre acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo” en varios hechos y “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por provocar una afección a la salud mental” en varios hechos, en perjuicio de sus hijas biológicas desde que tenían 8 y 5 años hasta los 15 y 12 aproximadamente, pero se animaron a denunciar cuando tenían 20 y 17 respectivamente.
Además, el camionero fue acusado en la Instrucción de “corrupción de menores agravado por el vínculo” debido a que su hijo varón, también menor de edad, habría sido víctima de abusos en virtud de que lo obligaba supuestamente a “tocarse” y mirar pornografía para “aprender” sobre la vida sexual.
Fuentes en contacto con PRIMERA EDICIÓN confiaron que la causa fue denunciada en noviembre de 2020 pero los vejámenes ocurrieron entre 2008 y 2015 en la zona urbana de Capioví y de acuerdo a lo que consta en el expediente, cuando la madre de las niñas salía a trabajar como empelada doméstica y el hombre, de oficio camionero, no tenía viajes.
Según las mismas fuentes, durante los primeros años los abusos consistían en tocamientos y besos, pero con el paso del tiempo pasaron a ser con acceso carnal en ambas niñas. Al mismo tiempo, el menor de los hijos del supuesto depravado, un varón, era obligado a mirar pornografía y a tocarse para aprender sobre el sexo.
Según las diferentes entrevistas en cámara Gesell, no llegó a ser accedido carnalmente y los abusos ocurrieron hasta que cumplió los 10 años.
Si bien los últimos hechos ocurrieron en 2015 y bajo la excusa de que las niñas debían reemplazar en el rol de mujer cuando su madre no estaba, el caso tardó en salir a la luz ya que cinco años después fue denunciado cuando las víctimas eran más grandes, incluso la más chica ya tenía pareja.
Hubo un suceso puntual que las ayudó a decidirse. La más grande de las dos intentó quitarse la vida al ingerir veneno para ratas el mismo año en que denunciaron a su padre.
Es por eso que quedó afectada en su salud mental y necesitó tratamientos psicológicos y eso fue un atenuante que se tuvo en cuenta para la instrucción para agravar la imputación al acusado.
Lo hicieron directamente en fiscalía de Puerto Rico ya que, al momento de los hechos, Capioví dependía directamente del juzgado de Instrucción de aquella localidad. Con la denuncia en mano, el juez no tardó en ordenar la detención de acusado.
Hace unos meses se realizó el requerimiento de elevación a juicio, pero por algunos errores administrativos, fue anulado y el trámite se inició desde cero, hasta que la semana pasada finalmente se presentó al magistrado correspondiente.
El plazo de la defensa para apelar el requerimiento de elevación está próximo a cumplirse y en caso de no tener novedades, el juez de Instrucción 1 de Puerto Rico. Leonardo Balanda Gómez, deberá resolver el requerimiento y elevarlo a juicio oral, a realizarse con fecha a definir en el Tribunal 1 de Posadas.
