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Harto de la “persecución”, policía se va del país

Jorge Ernesto Stiegler fue uno de los líderes de la protesta policial en 2012 por mejorar el salario. Fue abanderado de la Policía y destacado oficial. Denunció que le armaron una causa penal para retirarlo. Tras probar su inocencia decidió irse del país.

8 septiembre, 2023

Jorge Ernesto Stiegler tiene 45 años y un pasaporte para irse del país en la mano. Es oficial retirado de la Policía de Misiones, en enero de 2012 se convirtió en uno de los referentes de la protesta policial que conmovió a la provincia y trascendió al país. Se puso al frente del autoconvocatoria de uniformados que habían tocado fondo en sus recursos salariales.

Tras la lucha y el acuerdo logrado, su carrera jerárquica ingresó en sugestivos incidentes y acusaciones que lo pusieron tras las rejas, acusado, presuntamente investigado y finalmente sobreseído y jubilado de la fuerza de seguridad.

Once años después, recurrió a PRIMERA EDICIÓN para relatar su derrotero y los motivos que lo impulsan a continuar su vida, a rehacerla, en otro punto del planeta.

Abrió con un resumen: “Hoy siento que lo que siempre anhelé ser y puse el alma y el corazón no se pudo lograr. Me lo cortaron en su momento por intereses políticos de ciertas personas que manejan una cuota de poder y ahora estoy luchando para tomar otros destinos”.

 

“Fueron hechos y actos de corrupción en los que se prestaron tanto funcionarios del Poder Ejecutivo como Judicial, personas que integraban la cúpula de la Policía de Misiones y entre ellos un juez”.

 

Para ser más claro fijó tiempo y espacio: “En 2012 el Gobierno provincial se jactaba que la policía era una de las más eficientes y seguras del país. Bueno, lamentablemente también se trataba de una de las policías peor pagas del país. Me pongo como ejemplo: yo tenía el cuarto grado de oficial entonces y cobraba 2.600 pesos, cuando un preventista de comercios ganaba más del doble. Bueno esto derivó en un acuartelamiento pero fue una convocatoria pacífica en el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I sobre la avenida Uruguay de Posadas”.

“Simplemente pedíamos llegar a fin de mes y llevar el pan a nuestras casas. Éramos seis mil policías efectivos en toda la provincia entonces y yo a más de mil ellos les di clases e instrucción. Casi el veinte por ciento de la fuerza correspondía a alumnos formados por mí”.

Cada detalle que Stiegler resalta, llama la atención: “Al momento de la protesta yo seguía como profesor en la Escuela de Suboficiales. Cuando uno es docente y padre de familia, intenta ser ejemplo para ellos. Ante tamaña injusticia era imposible que no participara en ese reclamo salarial. Además tenía un currículum intachable, las mejores calificaciones. Lo sabían todos los jefes, yo era profesor y representé a la policía en torneos de tiro, por ejemplo. Pero a partir del reclamo pasé a ser una persona que había tocado los intereses políticos y de la cúpula policial y ellos eran los responsables de que hayamos llegado al punto de salir a luchar”.

 

“Estábamos tan mal, que el Gobierno debió aumentarnos el ciento por ciento del sueldo. Y una vez que se firmó el acta acuerdo salarial, se rubricó además que no habría represalias ni persecuciones a los policías como los traslados compulsivos, etcétera”.

 

“Bueno eso no se cumplió, todo lo escrito en el acuerdo que no se debía hacer se hizo, no se respetó nada. Para mí, el vaso rebalsó a los cuatro meses cuando el mismo juez de Instrucción que estaba de turno cuando se autoconvocó la policía y junto a los jefes de la fuerza me armaron una causa penal en la que termino detenido e incomunicado durante 48 horas. Cuando me presento ante el juez, los documentos que tenía el juez en la mano para detenerme no tenían siquiera un indicio de que había sido partícipe de un ilícito y me dan la libertad”.

“De inmediato y por una cuestión mencionada como administrativa de la policía me suspendieron durante seis meses y no cobré absolutamente nada, sin importarles que tengo hijos. Ahí comenzaron los problemas mayores por haber tocado intereses mayores, tanto políticos como de cúpula policial”.

 

Sin explicación

Para el oficial retirado, la batalla judicial se caldeó aún más: “En la investigación penal no surgió nada que me involucre a un ilícito, por lo que el juez determina la falta de mérito. Acorde al Código Procesal Penal de entonces, se podían pedir prórrogas para ampliar la imputación pero dependía de la gravedad del delito. Con todos los plazos vencidos tuve que realizar cinco presentaciones al juez diciéndole esto en el expediente”.

“Sin respuesta del juez tuve que recurrir con tres denuncias al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, dos presentaciones en la Secretaría de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos (del Superior Tribunal de Justicia), una denuncia por retardo y denegación de Justicia ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, otra ante el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación y otra ante el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad y una más ante la Oficina Anticorrupción de la Nación. Hice todas esas presentaciones y ahí después de dos años me dieron el sobreseimiento. Y la policía administrativamente resuelve perjudicarme la carrera”.

 

“Jubilado”

STIEGLER. Recurrió a este Diario para hacer pública su lucha judicial.

Sobre su retiro de la Policía, recordó: “Me da vergüenza contarlo, pero a los 42 años el Gobierno de Misiones prefiere jubilarme, en la policía se llama retiro. Prefirieron pagarme el sueldo y retirarme con un porcentaje mucho menor al que me correspondería y sacarme de la fuerza por una causa que fue armada y que yo demostré que no participé en ningún delito”.

“Todo quedó plasmado en el expediente. Yo estaba con mis compañeros en Toxicomanía e ingresa una comitiva de jefes y me dicen que tenía que ir preso porque había cometido un delito a diez kilómetros de donde estaba y media hora antes. Pero yo llevaba más de cinco horas en el lugar al que me fueron a buscar. Sin fundamentos me detuvieron por orden del juez, el mismo que estaba de turno cuando la policía se autoacuarteló cuatro meses antes. El juez de Instrucción 2 entonces era César Antonio Yaya”.

“Cuando me dicta el sobreseimiento, tardó casi dos años, radiqué una denuncia por asociación ilícita tanto al juez que me detuvo como a los policías que instruyeron el sumario. Por esa denuncia pedí el jury ante el Jurado de Enjuiciamiento para Jueces y Magistrados. Pasaron ocho años y el juez (Instrucción 3, Fernando Luis Verón) que debía investigar la denuncia que estaba probada, no hizo una sola diligencia”.

No es cuento y a la ciencia ficción no se le ocurriría transformarlo en serie tampoco: “Treinta veces fui al juzgado (de Verón) y nunca me atendió, incluso estoy reconocido como querellante en la causa y ni así me mostraron el expediente. Recurrí a la Cámara de Apelaciones en lo Penal y tampoco me dieron explicaciones. Entonces denuncié por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario a este juez también y luego pedí jury también, por no hacer lo que correspondía”.

“Todo esto, todo lo hecho está informado al Superior Tribunal de Justicia, con notas aparte a la presidenta María Pía Venchiaruti Sartori. Después de todo lo hecho, el juez Verón resolvió archivar la causa. Por supuesto, apelé esta decisión también (…) Además aclaro que tengo una demanda civil contra quienes me armaron la causa judicial”.

Pero reiteró que la decisión de partir está firme: “Hoy tengo el pasaporte para irme donde tenga todo más claro. Llegué a un punto donde no se puede creer en la Justicia y en la independencia de los organismos del Estado. Hice todo lo que debía. Durante once años me documenté de punta a punta y recurrí a todos los organismos que correspondía y veo que todo sigue igual”.

“Con un telefonazo en Misiones todo se resuelve para bien o para mal. Tengo que buscar otro rumbo para demostrar a la ciudadanía que todavía hay gente que actúa como corresponde. Me voy a ir con la satisfacción de hacer lo correcto hasta donde pude. No hay por hacer, todo está en mano de la Justicia y de quienes toman las decisiones. Ellos deben hacer lo que corresponde. Por mi parte ya no tengo más que hacer. Toda mi vida quise ser policía y lo logré. No me gustan las injusticias y peor cuando son contra mí y contra mi familia. No llegué hasta donde quería para cambiar las cosas que estaban mal”.

“El anhelo de policía que tenía era pertenecer al cuadro de oficiales y obtener la jerarquía suficiente para cambiar lo que estaba mal. Bueno me lo coartaron antes”.

 

“Negrito” Muñoz

“Lastimosamente la sensación de decepción alcanza a varios organismos del Estado, oprimidos por el poder político. Negrito Muñoz por ejemplo, tiene un amplio registro de entradas y salidas en la Justicia. Yo lo detuve en una de ellas y ahora vemos que policías aparecen a su lado delinquiendo y todo sigue igual, como si fuera normal”.

 

“Hay casos de policías que tuvieron faltas graves y siguieron trabajando o simplemente se los escondió y se les dio un sueldo como si nada. Gente con alta jerarquía que mancharía la institución”.

 

“Di lo mejor que pude, lo correcto, no dejé que me ganen las emociones y no hice barbaridades. Todo lo hice por derecho. Estoy decepcionado en cuanto a lo institucional y yo busco algo mejor que ofrecerles a mis hijas, por eso me voy”.

Tags: Jorge Ernesto StieglerMisionesPersecuciónPolicía
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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