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Desde EEUU dicen que el glifosato está autorizado y desconocen el “bioinsumo”

La Asociación del Té de los Estados Unidos advirtió que no van a permitir el ingreso de ningún producto agrícola de Misiones al que se le haya aplicado un producto que no fue probado en ese país con mínimo de dos años de anticipación.

5 septiembre, 2023

Un grupo de importantes empresas y productores de Misiones presentó el martes 29 de agosto en el Superior Tribunal de Justicia una demanda contra el Estado solicitando se declare la inconstitucionalidad de la Ley VIII Nº 103, publicada en el Boletín Oficial el 4 de julio de 2023, donde se establece un plazo de dos años para prohibir el uso y la comercialización del herbicida conocido como “glifosato” en todo el territorio provincial.

En la demanda, además de remarcar los artículos que violan la Constitución provincial, se presenta como prueba un documento de la Asociación de Té de los EEUU donde se indica que ese país no va a permitir el ingreso de un producto agrícola de Misiones al cual se le haya aplicado un producto que no haya sido aprobado en los EEUU con un plazo previo de dos años.

Este documento llegó a una empresa exportadora de Misiones el 23 de agosto como respuesta, justamente, a una consulta efectuada desde la provincia para conocer cómo reaccionarán los compradores estadounidenses a los cambios que pueda presentar el producto una vez que no se aplique más glifosato.

Es que el Gobierno de Misiones, a la par de prohibir el glifosato, pretende imponer obligatoriamente en todas las producciones el uso de un bioinsumo y fertilizante orgánico que está siendo fabricado por una empresa privada, que todavía se encuentra en etapa de investigación y prueba, y que no tiene aprobación del INTA ni del SENASA. La ley que ahora pretende ser impugnada, busca reemplazar el glifosato con este bioinsumo pero no está teniendo aceptación en todo el arco de la producción.

Las empresas y productores sostienen que el glifosato, en la actualidad, no tiene ningún reemplazante con ese nivel de eficiencia y que su prohibición va a generar muchísimos más costos en mano de obra y labranza, para reemplazar las funciones que cumple el glifo.

 

Mercados en riesgo

“El comprador de allá no compra por año, sino que te compromete por contrato a remitir durante 5 años tanta cantidad de madera o té o yerba, pero no te dejan cambiar las condiciones de producción que ya conocen. Los mercados internacionales funcionan así, con varios años de previsibilidad. Si no tenés la herramienta para producir (glifosato) ellos saben que no se podrá cumplir. Entonces asignan un valor de riesgo y bajan el precio, porque están firmando un contrato riesgoso de cumplimiento”, explicó a PRIMERA EDICIÓN el abogado que patrocina la demanda. “El perjuicio que están causando es ya, no dentro de dos años”, agregó.

La demanda presentada en el Superior Tribunal de Justicia expresa que “gran parte de la producción de la materia prima de la provincia de Misiones se exporta a Estados Unidos, y teniendo en cuenta que hasta la fecha no existe aprobado por dicho país un bioinsumo aprobado por la empresa Agro Sustentable, se toma real dimensión que los productores de Misiones se encuentran muy próximos a perder tal mercado, en fin, la catástrofe económica como consecuencia de la privación del ingreso de tales divisas para la provincia ya está en cuenta regresiva”.

 

Asociación del Té de EEUU

En la demanda a la que accedió PRIMERA EDICIÓN se expresa que, como prueba de la gravedad institucional de la entrada en vigencia de la ley, se adjunta un análisis de la Asociación del Té de los EEUU principal destino o mercado de la producción del Té de la provincia de Misiones.

“En dicho documento, cuya traducción se ofrece como prueba, oficiándose a tales efectos a la embajada de EEUU en nuestro país, para que se expida sobre la legitimidad de tal documento y sus alcances, pone de resalto que la utilización del producto glifosato se encuentra expresamente autorizado y que de acuerdo a las normativas del citado país, no se permite el ingreso de la materia prima si no es aprobado previamente por sus autoridades”, expresa la demanda.

Agrega que “tal informe da cuenta la gravedad de lo decidido por la ley y lo perjudicial que puede resultar para la provincia de Misiones la ley dictada, donde se promueve un producto que conforme a su artículo 1º todavía se está investigando, que no tiene aprobación y menos en aquel país, principal destino de las exportaciones del té que produce la provincia de Misiones”.

“En definitiva, la ley que se impugna altera los derechos a trabajar, a ejercer toda industria lícita y en definitiva el derecho de propiedad”, finaliza la presentación en la Corte misionera.

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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