El presupuesto general de la administración pública para el año 2024, enviado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad a la Legislatura provincial para su tratamiento, mantiene la vigencia de la emergencia económica y financiera de Misiones.
De esta manera, extiende el vencimiento de los bonos CEMIS hasta el 30 de junio de 2026; establece una necesidad de financiamiento de $193 mil millones y autoriza al Poder Ejecutivo a tomar un crédito de organismos nacionales o internacionales por hasta US$ 100 millones para obras de infraestructura eléctrica, saneamiento o comunicación.
El proyecto ingresó la semana pasada a la Legislatura para el análisis de los diputados estableciendo partidas por la suma de $1,28 billones, incrementando 110% el monto calculado este año y destinando casi el 70% al área social: salud, educación y desarrollo de la economía.
Emergencia y CEMIS
En su artículo 26, el proyecto prórroga por todo el año 2024 “la situación de emergencia económica y financiera según leyes VII – N° 24 (antes ley 3309) y VII – N° 13 (antes ley 2723)” para todas las áreas de la administración pública.
Comprende a todas las áreas del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, empresas con participación mayoritaria del Estado, entes autárquicos y organismos de la Constitución, “a fin de afrontar y superar las causas del estado de necesidad y fuerza mayor, y posibilitar el cumplimiento de los compromisos esenciales del Estado, en función del bien común en las áreas de salud, educación y seguridad pública”.
La emergencia le faculta al Estado a “implementar sistemas de retiro voluntario en el ámbito de su competencia” y le permite fijar prioridades a la hora de pagar deudas o cumplir compromisos, dejando para el futuro los gastos que no sean indispensables para el funcionamiento del Estado como los juicios perdidos.
A la vez, mientras dura la emergencia, “no se pueden disponer” medidas cautelares de ninguna naturaleza.
Por otra parte, en el artículo 34 se sustituye el artículo 1° de la ley VII – N° 45 y se difiere hasta el 30 de junio de 2026 el vencimiento de los servicios de amortización y renta de los Certificados de Cancelación de Deuda de la Provincia de Misiones (CEMIS) Ley VII – N° 25 cupones N° 2 al 32 inclusive; y la ley VII – N° 40 cupones N° 1 al 32 inclusive”.
Los CEMIS se emitieron en los años 90’, en el marco de la crisis económica, en tres series que sirvieron para cancelar todo tipo de deuda del Estado provincial (proveedores, deudas previsionales, liquidaciones de seguros del ex Instituto Provincial del Seguro, pago a prestadores del I. de Previsión Social, etc.).
El pago en cuotas a los tenedores de bonos se suspendió y desde hace unos 20 años se viene prorrogando el vencimiento de la deuda, que superaría los US$ 100 millones.
Financiamiento y créditos
El abultado presupuesto provincial que asciende a $1,281 billón no cuenta con todos los recursos garantizados sino que se prevé una “necesidad de financiamiento” de $193.506 millones, alrededor del 15% del total.
Por lo tanto, los recursos estimados ascienden a $1,088 billón que se distribuyen entre administración central, organismos descentralizados, poderes del Estado y organismos de la Constitución.
La “necesidad de financiamiento” es la captación de recursos ajenos que la Provincia necesitará para ejecutar los proyectos incorporados en su presupuesto.
Se prevé que sean obras, programas y fondos que vengan aportados del Estado nacional. Pueden llegar como no llegar y, en esos casos, se adecuará a la disponibilidad de los recursos disponibles.
En tanto que en el artículo 35 se autoriza al Poder Ejecutivo a reestructurar, reconvenir, refinanciar o renegociar deudas y compromisos contraídos, cualquiera sea su origen en pesos o dólares, y a contraer créditos públicos por hasta US$ 100 millones, cuyo destino es la inversión pública en obras de saneamiento, electrificación urbana o rural, comunicación energética, equipamiento eléctrico, bienes de capital u otras obras de infraestructura social o productivas en el marco del programa UCAR (Unidad para el Cambio Rural) u otros que son ejecutadas en conjunto con municipios.
En otro párrafo del mismo artículo se establece que el Poder Ejecutivo puede otorgar, previo convenio, asistencia financiera al municipio de Posadas, cuya finalidad sea la disminución o extinción del pasivo del programa federal de desendeudamiento y otros de similares características para con el Estado provincial atento a la emergencia económica.
Personal y deuda pública
Para cumplir con las erogaciones y atender la amortización de la deuda pública se establece una partida de $10.015 millones.
En tanto, el Poder Ejecutivo, en el artículo 12 queda autorizado para reestructurar hasta un 10% del presupuesto general de la Administración Pública, siempre que no altere el total de erogaciones.
Y el proyecto también se refiere a los límites para la contratación de personal temporario: en el Poder Ejecutivo se debe mantener una proporción en rentas generales que no excedan el 5% de la partida parcial Personal Temporario respecto de la partida principal de Personal.
En la Justicia se debe mantener la misma proporción mientras que, para el Programa de Residencias médicas y para Agentes Sanitarios se elevó a 25%.
En el Consejo de Educación se permite hasta 15%, en el Ministerio de Educación el límite se fijó en 10% al igual que en Ecología.
