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El Grupo Z dice que el boleto debería costar $500 en Oberá para no tener pérdidas

Con fuertes críticas contra el servicio, se desarrolló este lunes la audiencia pública del transporte público de pasajeros.

24 julio, 2023

Tras semanas caóticas en el transporte urbano de esta localidad, finalmente llegó el día tan esperado por las dos empresas del Grupo Z, que tiene el monopolio de las líneas, ya que se realizó la audiencia pública para debatir el precio del pasaje; el último paso formal que quedaba de cara a lo que será un boletazo en la Capital del Monte.

El cónclave tuvo lugar en el Recinto de Sesiones del Concejo Deliberante y fueron más de 20 los usuarios que expusieron, un número superior inclusive al de Posadas semanas atrás.

 

Aumento del 614%

La audiencia fue presidida por el concejal Santiago Marrodán y contó con la presencia de los concejales Lilian Vega, Gladis Bangel, María Helena Kudelko, Ernesto Fabián Vera, Juan Carlos Rossberg, Marcelo Sedoff, Mara Frontini y Marcelo Gazzo.

En representación de las prestadoras del servicio, TIPOKA SA y de la UT NEXT SA Administradora de Nuevos Negocios, hizo uso de la palabra, Facundo E. Zárate, quien señaló que necesita una readecuación del cuadro tarifario en razón de los incrementos de costos de los insumos que afectan a las empresas.

“Desde la última revisión que se hizo de las tarifas, podemos decir que el costo salarial que afrontan las empresas, se incrementó por encima del cien por ciento y continuará su incremento en los próximos meses, así se ha pautado con la UTA” expresó.

Zárate afirmó que las empresas incurrieron al endeudamiento al no percibir subsidios en tiempo y forma.

“No se pagan con la periodicidad debida y cuando se la recibe, esporádicamente,representan entre cinco y seis por ciento menos que en el área metropolitana para sostener los mismos salarios”, afirmó.

En ese contexto, el también dirigente de EUTA (Empresarios Unidos del Transporte Automotor) hizo públicas las pretensiones económicas del Grupo Z.

De acuerdo a sus cálculos, la tarifa técnica (el boleto sin subsidio) debería costar $661. Si se descuentan los millonarios aportes económicos que reciben del Gobierno nacional, provincial y municipal, el boleto a pagar debería rondar los $500, es decir $614 de los $70 que cuesta en la actualidad.

“El déficit que asumen las empresas, entre subsidio recibido y pago del usuario de más de 400 pesos”, afirmó.

REPRESENTANTE LEGAL DEL GRUPO Z. Facundo Zárate argumentó que el boleto debería costar unos 500 pesos, pero no justificó los datos a los usuarios, quienes no entienden de dónde salen ni cómo se llegan a esos números. (Fotos gentileza C. Olivera Schuster)

Movilidad Urbana

Por parte del Municipio, Jorge Fabián Pizzutti, titular del Departamento de Movilidad Urbana, resaltó la creación de un espacio específico para que los usuarios puedan expresarse, más allá de la audiencia pública.

“Por eso es que la decisión de comenzar con un servicio más eficiente a partir de hoy, no se debe a una estrategia política sino a un arduo trabajo y análisis detallado que llevó a tomar la decisión en conjunto con el único objetivo de presentar un mejor servicio para los usuarios. Es por ello que estamos pensando una nueva forma de transportarse, que trabajamos y seguiremos trabajando con el único fin de poder brindar un servicio de transporte pensando y escuchando a todos los obereños”, manifestó.

 

Malestar de los usuarios

El defensor del Pueblo, Carlos Bernhardt, afirmó que la ordenanza 3045, que reglamenta el servicio fue “un proyecto mal parido. El origen de la mayoría de los problemas está en la ordenanza 3045. En solo diez días se aprobó un nuevo régimen del transporte público de pasajeros que merecía un más profundo, reflexivo y participativo análisis” señaló.

“Los vecinos, miles de vecinos, miles de usuarios, sufrimos las terribles consecuencias cuando hay paro del servicio. Escuchamos las estadísticas que nombraron, pero al vecino le interesa que funcione el servicio, el resto arreglen ustedes. Usamos el servicio para ir al trabajo, para ir al hospital. Nosotros decimos que solo necesitamos que funcione porque es el único medio de traslado que tenemos” indicó Guillermo Roque Pereyra de la Asociación Civil de Tareferos.

“Hemos presentado quejas varias veces, al Intendente, a Movilidad Urbana, a la Defensoría del Pueblo, pero nunca hemos recibido respuestas como corresponde. Es una vergüenza lo que se sufre día a día, queremos que nos garanticen el servicio como corresponde” agregó Ricardo De Olivera, otro usuario.

En el mismo sentido, expuso Manuela Morales, vecina de Villa Svea. “Me pregunto si informan los cambios de horario. Hoy nos encontramos con otros horarios, muchos chicos y personas se quedaron varados una vez más. Necesitamos mayor información, horarios como corresponde, por favor coordinen y comuniquen” manifestó.

También, fuera de la audiencia, directoras de las escuelas 191 y 291 de Pueblo Salto, se quejaron porque quedaron sin la línea que lleva a los niños y docentes a las instituciones, por los cambios implementados en la fecha.

 

“El control, del Municipio”

Al finalizar la audiencia pública el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Oberá, y concejal por la renovación, Santiago Marrodán, señaló que la idea fundamental siempre es escuchar a los vecinos y los reclamos que expresaron una queja generalizada en cuanto a la frecuencia y a los horarios, no tanto al costo.

“Señalaron puntualmente que no tenían inconvenientes en los aumentos, siempre y cuando se cumplan con los servicios y las frecuencias. La mayor queja de todos los usuarios es el cumplimiento de frecuencias y horarios” indicó el edil.

“Puedo hablar de la audiencia pública, de lo que la gente manifestó y lo que al Concejo Deliberante le atañe, que es evaluar el costo de la tarifa del boleto. En cuanto al cumplimiento y los horarios, el Ejecutivo debe a través del Área de Movilidad Urbana, hacer las actas correspondientes y elevarlas para que eso se corrobore y tener en cuenta para tomar futuras decisiones”, sentenció el concejal del oficialismo.

EXPOSITORES. Los usuarios del transporte en Oberá y el defensor del Pueblo, Carlos Bernhardt (segundo desde la izquierda), criticaron fuertemente al Grupo Z. (Fotos gentileza C. Olivera Schuster)
Tags: #Oberáaudiencia públicaColectivosGrupo ZTransporte Público de Pasajeros
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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