A instancia del fiscal general de Resistencia, Federico Carniel, el Tribunal Oral Federal de esa ciudad condenó a cuatro gendarmes a penas de hasta 6 años de prisión por encontrarlos responsables del delito de fraude a la administración pública y abuso de autoridad, por la apertura de encomiendas del depósito judicial y la desaparición de su contenido, como por realizar compras simuladas en nombre del Estado nacional. También fue condenado un empresario a la pena de 4 años de prisión, dado que se acreditó que aportó facturas y remitos que sirvieron al personal de la fuerza de seguridad para simular la compra de mercadería.
El tribunal, integrado por Juan Manuel Iglesias, Noemí Marta Berros y Eduardo Ariel Belforte, dictó el veredicto condenatorio para el jefe del Escuadrón XIV de la Gendarmería Nacional, Héctor Hugo Procop, como autor penalmente responsable del delito de fraude a la administración pública, en concurso real con el delito de abuso de autoridad, y le impuso la pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para la función pública.
El alférez y jefe de sección Braian Camargo fue hallado responsable, en calidad de autor, del delito de sustracción de objetos custodiados en concurso real con abuso de autoridad, por lo cual fue condenado a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.
Los jueces dispusieron que Camargo se someta a un curso en materia de género, dado que tuvieron por probado el maltrato ejercido por el condenado a las mujeres que denunciaron las maniobras ilícitas.
El fiscal Carniel requirió que el delito de abuso de autoridad fuera contemplado en contexto de violencia de género. Los hechos que dieron lugar a esta causa develaron actos de violencia psicológica contra dos subalternas que se materializaron bajo la modalidad de acoso laboral ya que, según surge de las denuncias, fueron ejecutados en el Escuadrón XIV, donde las víctimas cumplían sus funciones.
También fueron condenados Luciano Cardozo y Anastasio Mártires Mora como partícipes secundarios “fraude en perjuicio de la administración pública”, a un año de prisión de cumplimiento condicional.
El empresario Rubén Fimiani, titular de la firma “Agua Vittal”, acusado de facilitar facturas y remitos con los que se simulaba la compra de mercadería para el Escuadrón, fue condenado a la pena de 4 años de prisión en grado de partícipe necesario por el delito de fraude a la administración pública.
Compras y retorno
Uno de los hechos arribados a juicio está referido a la contratación efectuada por Procop y otros funcionarios el 1° de agosto del 2017 por $1.195.280 para la compra de alimentos para consumo equino: 2.300 bolsas de 45 kilogramos cada una de alimento balanceado tipo avena forrajera y 1.892 bolsas de 25 kilogramos de alimento tipo alfalfa.
Se suscribió un acta del ingreso de la mercadería, sin comprobar que hubiera llegado al Escuadrón XIV de la Gendarmería Nacional. Un informe de GN concluyó que la entrega no se efectuó ni siquiera en otro lugar a pesar que se firmó un acta que da fe de su recepción.
Un informe remitido por el Nuevo Banco del Chaco indicó que el 13 de noviembre de 2017 ingresó a la cuenta del empresario Fimiani $1.059.839 y que al día siguiente se extrajeron de la misma cuenta $1.000.000. Según el fiscal, eso confirmaría el ingreso a esta cuenta del monto correspondiente a la venta de alimentos para equinos.
Otro de los hechos estuvo vinculado al secuestro de juguetes y electrodomésticos chinos, que desaparecieron del sistema de registro de aquella fuerza de seguridad federal. La denuncia derivó en una investigación sobre la apertura de encomiendas del depósito judicial y la desaparición de su contenido.
Esa área estaba a cargo de Camargo y Procop, quienes presionaban a agentes para que declararan en contra de sus compañeros y los acusaran por los faltantes.
Una sargento primero relató en la causa que -mientras realizaba un inventario- advirtió los daños en paquetes y el faltante de encomiendas secuestradas. Agregó que “sospechosamente, tres días después fue trasladada a otra unidad del Escuadrón para realizar otras tareas” y que le ordenaron realizar guardias “24×24” y dijo que esto también le había ocurrido a otra oficial. La denunciante declaró en la causa que Camargo la agredió verbalmente para que no informara la apertura de encomiendas.
Respecto al jefe del Escuadrón XIV, la denunciante dijo: “El propósito que tenía Procop era sacarme de la institución”. Y relató que se había enterado a través de un compañero que aquél hacía comentarios sobre ella como que “la tenía en la mira” y que “la fulminaría”.
Para la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en los testimonios se advirtió que los actos delictivos de Procop y Camargo fueron cometidos con violencia de género. La representación fiscal determinó que los imputados ejecutaron acoso laboral y sexual. Una de las víctimas indicó que la hostigaban valiéndose de una situación de violencia sexual con armas, que sufrió tiempo atrás de parte de quien fuera su jefe en otro escuadrón en Tartagal.
Para la fiscalía, las expresiones que usaban Procop y Camargo tenían como efecto angustiarla. El propósito era hacerla dudar sobre sus posibilidades de desarrollar las tareas asignadas. Una de las denunciantes indicó que era muy incómodo trabajar con Camargo, era muy violento, usaba un vocabulario obsceno cuando se dirigía hacia las mujeres, con frases de tinte sexual, y que también utilizaba expresiones racistas y descalificatorias.
Después de declarar en la fiscalía federal, Camargo esperó a la denunciante en la puerta y le pidió que culpara a su compañera.
De acuerdo al testimonio de la gendarme, en esa conversación el alférez le advirtió en tono amenazante que se “cuidara las espaldas”, y le advirtió que conseguiría “tres testigos que la incriminaran a ella”. A raíz de estas situaciones, la víctima sufrió una colitis ulcerosa crónica, además de los sentimientos de angustia.
Fuente: Medios Digitales
