Con el anuncio de que finalmente acatará el fallo de la Corte Suprema que ordenó devolver fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández busca una salida de la encrucijada a partir del antecedente que marcó su predecesor, Mauricio Macri, con un reclamo similar que le había hecho la provincia de San Luis durante su gestión, y de un caso reciente con la provincia de Santa Fe.
Fernández insistió en que la cautelar que dictó la Corte es de “imposible cumplimiento”, pero adelantó que instruyó a la Jefatura del Gabinete para que “reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022” para pagarle a la Ciudad con bonos TX31, que serán transferidos al Banco Nación a nombre del Gobierno porteño. Fue una marcha atrás respecto de lo anunciado la semana pasada.
La decisión parece apoyarse en el antecedente que dejó Macri cuando tuvo que enfrentar un fallo de la Corte Suprema a favor de la provincia de San Luis, que también involucraba fondos coparticipables retenidos por Nación, entre 2005 y 2015. Tras dilatar el pago, la administración macrista acordó con la provincia saldar esa deuda mediante bonos del Tesoro.
Esta medida se evaluó en el Gobierno durante el fin de semana, según confiaron fuentes oficialistas a iProfesional, como una forma de mantener en pie la recusación contra los jueces de la Corte y el recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión del máximo tribunal, para al mismo tiempo evitar una ola de denuncias penales y un posible embargo sobre las cuentas del Tesoro.
¿Cómo fue el caso al que apela Alberto Fernández?
A fines de 2015, días antes de que Macri asumiera como presidente, la Corte falló a favor del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que reclamaba contra la detracción del 15% de la masa de fondos coparticipables que la Nación le retenía a un grupo de provincias para financiar a la Anses.
Una vez asumido, Macri demoró todo lo que pudo el giro de los fondos a San Luis. El monto rondaba los $15.000 millones. Los abogados de la provincia acudieron en reiteradas ocasiones al Banco Nación para constatar si estaban disponibles los recursos y, habiendo transcurrido 3 años sin novedades, volvieron a la Corte para pedir un embargo sobre las cuentas del Tesoro.
Así, en febrero de 2019, iniciado ya el año electoral, la Corte ordenó al Banco Nación que cesara la detracción del 15% en un plazo de 10 días, y ordenó al Gobierno acordar con San Luis “forma y plazos” para reintegrar la suma demandada, todo con el riesgo de un embargo sobre el Tesoro.
Finalmente, el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, negoció con Rodríguez Saá el pago de esa deuda a través de bonos del Tesoro. El cuadro de situación general no es idéntico, pero es muy similar al que enfrenta la gestión de Alberto Fernández, incluido el riesgo de un embargo que el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta evaluaba reclamar al máximo tribunal.
Además, meses atrás Fernández usó los mismos bonos TX31 para saldar la deuda que la Nación tenía con la provincia de Santa Fe por la misma situación que había denunciado San Luis. El Presidente busca así que la Ciudad, y especialmente la Corte Suprema, acepten esta forma de pago para salir del conflicto.
Larreta no cede
A pesar del anuncio del Presidente, la Procuración General de la Ciudad se presentó ante la Corte Suprema, nuevamente para denunciar el incumplimiento del fallo que ordenó a la Nación devolver el 2,95% de la masa de fondos coparticipables que había recortado en 2020 para transferir a la Provincia.
La denuncia ordenada por Rodríguez Larreta se apoya en que, en los dos días hábiles que siguieron a la cautelar de la Corte -dictada el miércoles 21 de diciembre- no percibieron el cambio en el porcentaje a cobrar por la Ciudad que dispuso el máximo tribunal.
El Gobierno porteño sostuvo además que “los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”. De esta manera deslizó su desacuerdo con la opción que utilizó el Presidente para no incumplir el fallo.
La situación se encamina así a una nueva disputa judicial. Existe la posibilidad de una negociación entre la Nación y la Ciudad pero no hay garantías de acuerdo.
Las claves de la marcha atrás
El Presidente dijo estar “convencido” de que la resolución de la Corte “carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial”, y ratificó su decisión de recusar a los jueces del máximo tribunal, aunque aclaró: “Las decisiones judiciales son obligatorias, aun cuando las estime disvaliosas e injustas”.
“Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos. Por eso instruí a la Jefatura de Gabinete para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, subrayó el mandatario.
La clave de esa decisión, anunciada en un extenso hilo de tuits, es que esos bonos “ya fueron aceptados por la Corte Suprema para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe”, según remarcó el Presidente.
De esta manera, Fernández se refirió al pago que realizó en junio pasado a la provincia que gobierna Omar Perotti por la detracción del 15% de fondos coparticipables.
La Corte también había fallado a favor de ese distrito, como hizo con San Luis, y no hubo reparos a la forma de pago.
“Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, agregó el Presidente.
Por otra parte, el mandatario anunció que enviará un proyecto al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias que “prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial, conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22”.
El Estado Nacional ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la CSJN a favor de CABA.
— Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022
Juntos por el Cambio, entre el rechazo y la calma
La respuesta de Rodríguez Larreta al anuncio de Alberto Fernández implica la continuidad del conflicto por la vía judicial, pero también cierto desorden en la postura de la oposición frente a la decisión con la que sorprendió la Casa Rosada antes de la nueva definición de la Ciudad.
El bloque de diputados de la UCR tenía previsto impulsar un pedido de juicio político contra el Presidente este lunes, pero dejó esa decisión en pausa, según indicaron fuentes de la bancada opositora a iProfesional.
En el radicalismo consideran que el Presidente “cumplirá parcialmente” con el fallo de la Corte y que, como el pedido de juicio político se fundaba en “la desobediencia de un fallo de última instancia”, quedaría abstracto en este nuevo escenario.
Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, celebró por Twitter la marcha atrás de Alberto Fernández: “Ganamos. El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina”. En la misma publicación la dirigente suspende “la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional”.
En tanto, la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió sí llegó a presentar el pasado viernes una denuncia penal por los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público contra el Presidente, Manzur y los ministros Eduardo “Wado” De Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía).
Otros sectores de la oposición preparaban presentaciones contra el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, y la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis. Tras la respuesta de Rodríguez Larreta, la alianza opositora reevalúa ahora su estrategia.
Particularidades del bono
Se tratan de títulos muy particulares, con vencimiento dentro de casi nueve años que están muy lejos de las preferencias actuales del mercado, muy volcadas a las emisiones con vencimiento a más corto plazo.
Los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustados por CER 2,50% Vencimiento 30/11/2031 (TX31), fueron emitidos originalmente en mayo de este año. Como explicó Fernández, fueron el resultado de un fallo desfavorable para la Nación en una disputa por la retención de fondos coparticipables que correspondían a la provincia de Santa Fe y que fueron destinados a Anses, principalmente.
Todavía no hay datos oficiales de cuánta deuda se emitirá para el pago, aunque sí estimaciones privadas. “El monto extra anual para CABA, según la medida cautelar, sería de $190.000 millones durante 2023. Si se quiere obtener el monto correspondiente al primer trimestre, se estima que sería del orden de $38.000 millones. En términos del PIB, el monto agregado era de 0,13%. El monto extra durante el primer semestre sería de 0,026% del PIB”, precisó Nadin Argañaraz, del IARAF.
Son papeles que se ajustan por el índice CER, que sigue al índice de precios al consumidor (inflación), y que pagan una tasa por encima de esa variación. Es decir, en principio, están blindados contra el avance de los precios. La amortización está pautada en diez cuotas semestrales iguales el 30 de mayo y el 30 de noviembre de cada año; comenzará el 30 de mayo de 2027, siendo la última cuota el 30 de noviembre de 2031. Los intereses, del 2,5% anual, se pagan dos veces al año en las mismas fechas.
Como bonos del Tesoro, son muy particulares en el sentido de que, a diferencia de los principales papeles que se operan en el mercado, el TX31 nunca tuvo una licitación inicial en el mercado. Es deuda que se emitió exclusivamente para pagar el fallo ganado por Santa Fe. Por lo tanto, prácticamente no tiene valor de mercado.
En este marco, operadores consultados por Infobae no supieron darle un valor preciso, dado que existieron muy pocas operaciones.
¿Cómo sigue el proceso judicial?
Está claro también que el conflicto seguirá los tiempos del proceso y no los de la política. El Estado Nacional tiene hasta mañana para recurrir el fallo, y la Corte deberá analizar las presentaciones, de las que probablemente correrá traslado para garantizar el derecho de defensa.
En cuanto a los temas a resolver, es probable que rechace las recusaciones de los jueces porque son extemporáneas, no se pueden plantear después de la sentencia y los plazos previstos por el Código ritual ya están vencidos. Además, el recurso de revocatoria “in extremis” es improcedente para este caso y en el actual estado del proceso.
Habrá que ver la oferta que en concreto realice el Estado en el expediente, y qué opina de ello la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se deberá analizar si el Congreso trata o no ese proyecto que tendría que enviar el Ministerio de Economía.
Otro punto a examinar es si el Estado invoca la ley 26.854 de cautelares, a la que se refiere el fallo de la Corte. Esta ley es la que dice que los jueces no podrán dictar medidas cautelares que perturben los bienes o recursos propios del Estado (art. 9), y habrá que ver si el Estado puede probar que en el caso se verifica esta situación.
La ley de cautelares prevé -en su art. 13- los trámites necesarios para que luego el Tribunal resuelva el levantamiento o mantenimiento de la medida, o su modificación; lo que llevará esta cuestión por un carril judicial y menos conflictivo.
Es improbable que se abra la feria judicial, no sólo porque no hay antecedentes ni se trata de un asunto de feria, sino porque este procedimiento lleva ya dos años en la Corte, y no hubo urgencia ni de las partes ni del Tribunal para resolver.
En el oficialismo advierten que el mandatario “se cortó solo”
La decisión del presidente Alberto Fernández de, finalmente, acatar el fallo de la Corte Suprema que obliga al gobierno nacional a conceder el 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, volvió a encender puertas adentro del Frente de Todos el cuestionamiento del kirchnerismo.
La primera lectura interna es que la decisión oficializada este lunes por el Jefe de Estado, es “unilateral”. Incluso, cerca del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, deslizaron que no hubo consulta alguna. “Con los gobernadores se vino trabajando otra cosa durante estos días; entendemos que la decisión es unilateral”, aseguraron desde la organización que conduce Máximo Kirchner. Evaluaron que el bono TX31 -que son bonos del Tesoro en pesos que pagan 2,5% por sobre el ajuste del índice CER, y que son títulos que nunca fueron licitados y emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti- “parece una cobertura para no tener consecuencias legales”, entendiendo que efectivamente, de acatar el fallo del máximo tribunal, se verán afectadas las transferencias al resto de las provincias.
Un dirigente con poder de fuego dentro del kirchnerismo calificó la decisión del presidente como “albertismo puro”, recordando otras acciones similares donde se hizo un anuncio y luego se dio marcha atrás; entre ellas la estatización de Vicentín en el 2020.
El jueves pasado, la decisión del máximo tribunal obligó a una reunión de urgencia del presidente con 14 gobernadores. Allí se acordó el no acatamiento a la resolución de la Corte, descripto como un “fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento”.
Con la firma de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catarmarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), se acompañó la decisión del Poder Ejecutivo. Los gobernadores marcaban qué “insólito” es creer que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas, y que esa evaluación era completamente falsa. “Esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas en todo el territorio de la Nación”, apuntaban con un comunicado en conjunto.
Luego de ello, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, compartió un acto en La Plata donde se refirió en duros términos a la decisión del máximo tribunal y también al posicionamiento de la Ciudad. “No puede ser que si se pierde una votación en el Congreso de la Nación vayan a golpear la puerta de los cuarteles del cuarto piso de la Corte Suprema de la Nación, como antes quizás iban a golpear los cuarteles de militares. No puede ser”, decía de Pedro. Mientras que Kicillof también se refirió a la situación bonaerense y puntualizaba: “El presupuesto de la Provincia tiene un techo. Estos recursos ya son insuficientes: aportamos el 40 por ciento y recibimos el 22 del PBI. No alcanza para mejorar la infraestructura. Los recursos que le quieren dar a la ciudad más rica del país salen de otras 23, y no lo podemos permitir”.
Cerca de Kicillof también confirmaron que la decisión del gobierno nacional fue unilateral. “No hubo ningún tipo de consulta”, respondieron en La Plata. Ponían así en evaluación el camino que ahora tomará el Jefe de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Al momento del anuncio del presidente vía twitter, Kicillof se encontraba encabezando la presentación del programa Municipios por la Igualdad, junto a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; la subsecretaria de Políticas Transversales de Género, Lidia Fernández; funcionarios provinciales e intendentes.
