Desde que Mabel Cáceres asumió como diputada provincial, dejando la intendencia de Santo Pipó en diciembre de 2021, se rompió la estabilidad que tuvo el municipio durante los 16 años que estuvo al frente.
En julio pasado renunció Luis Burscheid, quien era el presidente del Concejo y asumió en el Poder Ejecutivo para reemplazarla. Si bien, no hizo ninguna declaración acerca de las disputas políticas, las versiones que circularon se referían a las limitaciones y acotaciones que tenía para tomar decisiones. Cuatro de los cinco concejales renovadores y todo el Gabinete seguían respondiendo a la ahora diputada provincial.
En reemplazo de Burscheid asumió Claudia Acuña, quien formaba parte del equipo político de Cáceres y se esperaba que devolviera la calma al pueblo.
Sin embargo, volvieron los enfrentamientos desde el momento que Acuña se decidió a gobernar “en serio” sin ser marioneta ni responder mandatos desde la Legislatura.
Según información a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, los primeros meses fueron tranquilos pero la situación fue cada vez más tensa en el sentido de que la intendenta no tenía libertad para tomar decisiones y todo pasaba por el secretario de Gobierno, José Acuña, esposo de la diputada Cáceres. El resto del Gabinete también respondía a la diputada, al igual que cuatro de los cinco concejales del municipio. El quinto es de Cambiemos.
La interna estalló cuando Claudia Acuña decidió desplazar de sus cargos al secretario de Gobierno y a la secretaria de Acción Social, Manuela Ibáñez. Todavía no les notificó pero el primero sería afectado a la Biblioteca y la segunda a la Oficina de Empleo. También circuló la versión de que desplazaría al secretario de Hacienda pero diciembre es un mes donde debe cerrar el balance así que esa decisión se tomaría en enero, posiblemente.
Desde el entorno de Acuña señalan que Cáceres quería seguir manejando los hilos del poder municipal desde la Legislatura y que había que pedir permiso para todo.
Desde la otra vereda sostienen que Acuña rompió el compromiso con el grupo político que ganó las elecciones de 2019 por más del 70% de los votos y ahora está haciendo alianza con los que siempre fueron opositores. Hablan literalmente de una “traición política”, señalan que “mordió la mano de quien le dio de comer”.
Pedidos de informes
Como no podía ser de otra manera, el conflicto se va a extender al Concejo Deliberante. Es que los cuatro renovadores, sumando al voto del único opositor, empezaron a realizar pedidos de informes en temas que podrían comprometer a la actual intendenta.
Con la firma de Guillermo Romero, Celina Martínez, Alfredo Benegas (sobrino de Cáceres) y Elsa Tarleski (todos renovadores) y el opositor de Cambiemos, Sergio Zanelli, quieren que Acuña informe “detalladamente” todos los gastos que realizó en los últimos meses, tanto en compras a supermercados y comercios como también combustible.
PRIMERA EDICIÓN dialogó con el concejal Zanelli quien explicó que “desde que la nueva intendenta empezó a tomar decisiones propias se produjeron ruidos en la renovación, pero son ruidos normales de cualquier cambio”.
“Claudia Acuña tiene su marido que es proveedor de la estación de servicio de combustible y hace 16 años le vende a la Municipalidad porque es la única estación de servicio. La Municipalidad siempre compró ahí pero ahora que ella es intendenta le siguió comprando y ese tema se puso delicado. El Concejo le pide informes”, dijo.
“Yo venía hace rato pidiendo informes porque lo que más se gasta es sueldo y después combustible”, señaló.
La lectura política que hacen algunos en el pueblo es que el Concejo tiene mayoría especial como para avanzar en una comisión investigadora si detecta que hay irregularidades. No se descarta que vayan por el cargo de Acuña.
En tanto, la intendenta tiene herramientas para defenderse y ha dejado en claro, en su entorno, que está totalmente decidida a completar el mandato y volver a presentarse por la reelección en 2023.
