La Argentina destinará unos $18,6 billones a servicios sociales el año próximo, el 64,3% del total de erogaciones previstos en el Presupuesto 2023. Los fondos destinados a servicios sociales subirán casi 72% con relación a este año, por encima de la inflación del 60% prevista para el 2023.
De este total, unos $12,95 billones serán destinados a “Seguridad Social”, en especial jubilaciones, pensiones y planes asistenciales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los beneficiarios de la seguridad social sumarán unas 19 millones de personas el año próximo.
Si embargo el Estado hará unas 27 millones de transferencias mensuales, ya que muchos beneficiarios reciben más de una, como ocurre con la asignación por hijo y la familiar. Actualmente hay unos 3,7 millones de asignaciones por hijo y 4,1 millones de familiares, que las reciben trabajadores registrados.
El proyecto prevé un aumento de unas 153.000 personas en jubilaciones y pensiones. El total del régimen de jubilaciones, pensiones y retiros, con la inclusión de las Fuerzas de Seguridad; Administración de Parques Nacionales y ex cajas previsionales, es de 7,1 millones de personas. A esto se suman las pensiones vinculadas con casos de Invalidez, que llegarán a 1,3 millones.
Números claves
La iniciativa contempla una inflación del 60% y un crecimiento del 2%, mientras no prevé nuevos impuestos ni cambios en las retenciones a las exportaciones. “Vamos a bajar el déficit ordenando la macroeconomía y reduciendo la emisión monetaria, que además ayudará a bajar la inflación”, indicaron desde el Ministerio de Economía.
La iniciativa también incluye una estimación del dólar a casi $270 para fines del 2023 y un déficit fiscal del 1,9% sobre el Producto Bruto, en línea con lo que contempla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mientras tanto, el Gobierno oficializó la creación del programa “Puente al empleo”, que busca transformar los planes sociales en empleo registrado, reduciendo el déficit y la informalidad.
La iniciativa, que consta de 20 artículos y entrará en vigencia el 1 de octubre, fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 551/2022, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros Sergio Massa (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).
El objetivo del Programa es “transformar de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad”, destaca el decreto.
Además, remarca que apunta a “mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas y promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica”.
Punto por punto: cómo funcionará Puente al Empleo
En la presentación de este programa durante el Council de las Américas, el ministro de Economía, Sergio Massa subrayó que “habilita a que quien hoy es beneficiario de un programa social pueda acceder al mercado de trabajo” sin perder esa asistencia económica, mientras que “el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, sólo paga obra social, ART y sindicato”.
En el marco del Programa Puente al Empleo, los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en los programas sociales, educativos o de empleo lo harán por un plazo de 12 meses, según indica en sus artículos.
El sistema “Puente al empleo” también contemplará que para acceder al puesto de trabajo los beneficiarios de planes sociales deberán cumplir con las capacitaciones y cursos de formación que establezca el empleador, según la tarea que se le asigne, lo cual podría ser un punto clave para el éxito o el fracaso de la medida.
Blanqueo
El proyecto de Presupuesto 2023, enviado por el Ministerio de Economía a la Cámara de Diputados ayer por la noche, contiene una ampliación del actual blanqueo con foco en la construcción y también uno nuevo, que se convertiría en el quinto en el milenio (hubo en 2009, 2013, 2016 y 2021, con distintas amplitudes) y el segundo del gobierno del Frente de Todos.
En los artículos 71 y 72 del documento se propone hacer una modificación a la ley 27.679, que habilite a usar los fondos no declarados para comprar viviendas usadas (hasta ahora no se permitía) y para pagar importaciones.
Desde el Gobierno comentaron a que esta medida fue planteada por el sector privado y que está orientada a aquellas pequeñas y medianas empresas que se encuentran en problemas para abastecer su producción y quisieran declarar fondos tanto en el exterior como “debajo del colchón”.
