Este viernes desde el Colegio de Abogados de Misiones enviaron una nota dirigida a la presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, criticando la implementación del “Protocolo de Oralidad y Gestión de Pruebas en los Procesos Civiles y Comerciales” que fue aprobado por Acordada en el 2019 y cuya vigencia fue fijada para el próximo 1 de octubre por Resolución del propio STJ.
En ese sentido, los abogados analizaron los aspectos jurídicos y constitucionales, contemplando además la cantidad de juzgados alcanzados, por lo cual remarcaron que la implementación del protocolo “en la forma y con el alcance que se pretende aplicar resulta lesivo del orden constitucional en virtud de exceder las facultades reglamentarias invadiendo las esferas de atribuciones propias del Poder Legislativo”.
A esto agregaron que “resultará ampliamente perjudicial para el servicio de justicia, incrementará de modo exponencial la mora judicial, y afectará en definitiva el ejercicio profesional de nuestros colegiados”.
También cuestionaron que la decisión “haya sido tomada sin dar la previa intervención al Colegio de Abogados con la anticipación adecuada que la temática merece a fin de permitir un debate amplio y público”, recordando que en el 2019 “el Colegio efectuó reparos jurídicos” sobre los mismos puntos que se repiten ahora.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Fernando Orbe, presidente del Colegio de Abogados de la provincia, comentó que “hemos presentado una nota al Superior por el tema de la Oralidad, porque entendemos que hay muchas cuestiones a solucionar. Hay aspectos normativos y otros que tienen que ver con la posibilidad de llevar adelante esto teniendo en cuenta el cúmulo de juicios que se presentan”.
“Lo que se critica es que a pesar de que pasó mucho tiempo desde el 2019 hasta ahora, que era cuando se iba a aplicar esto, tampoco se avanzó en explicar el cómo se va a llevar adelante”, apuntó y añadió: “Si nos atenemos a lo que dice el protocolo, todos los juicios que tienen trámite ordinario sumarísimo en el ámbito civil y comercial deberían pasar por esta etapa de oralidad. El cúmulo de juicios es tan grande que serían muchísimas causas y no se explica si hay un criterio de selección de las causas”.
Al mismo tiempo remarcó que “se pensó como una posibilidad que se haga de manera experimental en un juzgado o para determinadas causas”, sin embargo “como está planteado ahora abarca a todas las causas, y entonces no dan los números teniendo una sola sala de oralidad. Si hay un criterio de selección eso no está explicado en la acordada”.
Falta de capacitación
Orbe también destacó que “la otra crítica que hacemos tiene que ver con el tema de la capacitación, porque esto tiene que ser videograbado y no conocemos el sistema que se va a utilizar. No conocemos el sistema de video grabación. Tampoco se explica cómo juega esto con el sistema de gestión de expediente digital, que en este momento se está aplicando a medias porque todavía no tenemos un expediente 100% digital”.
Por ello, comentó: “Todo genera más dudas que certezas. Queremos debatir con el Poder Judicial antes que se aplique esta cuestión a ciegas. Entendemos que el Poder Judicial ha hecho una capacitación interna con los jueces y los operadores de este sistema, pero también vemos que hace falta capacitar a los abogados”.
“Vamos a ver si obtenemos alguna respuesta. Sería muy interesante no postergar porque sí, sino postergarlo para poder estudiarlo y debatirlo más ampliamente tratando de que todos entendamos algunos aspectos que quedaron en el tintero. Todos los abogados necesitan más certezas que dudas y es lo que no advertimos con el protocolo de oralidad”, resaltó.
Sin intervención legislativa
Consultado sobre las cuestiones normativas, Orbe afirmó que “todos pensamos que, si es así tal como está en el protocolo, primero tiene que haber una reforma legislativa y no solamente por la acordada. Hay muchos colegas que plantearon esta cuestión, porque modifica partes del Código Procesal Civil y Comercial, y los entendidos constitucionalistas dicen que eso tiene que pasar por una reforma legislativa”.
En relación a esto diferenció que “en este caso no hay una delegación de la legislatura hacia el Poder Judicial”.
Por el contrario “en lo que tiene que ver con la digitalización hay una norma expresa en una ley que le permite al STJ implementar gradualmente en todo su ámbito de actuación con idéntico valor probatorio que sus equivalentes tradicionales, según dice la ley. Eso le permite al Superior ir a través de acordadas aplicando las tecnologías a los procesos”.
“No tenemos una norma similar en lo que tiene que ver con el protocolo de oralidad. Muchas de las normas del protocolo tocan el código de procedimiento. Y eso es lo que señalamos como algo que no es posible porque se estaría avanzando sobre una facultad propia de otro poder”, aclaró.
Despapelización
Por otro lado, sobre los avances en la digitalización completa de las causas digitales para lograr la despapelización, el presidente del Colegio de Abogados, recordó que “teníamos un problema muy grave que fue que después de la pandemia cuando se presentaban los papeles, los reservaban hasta que el juez se los pedía. A finales del año pasado se cambió esta regla, diciendo que había que llevar los escritos en un listado a los 5 días de presentados obligatoriamente. Esto generó muchos inconvenientes”.
“La virtualidad y la cuestión digital permitía trabajar en Iguazú, Andresito, y San Pedro, por ejemplo, pero si había que llevar a los 5 días bajo amenaza de una sanción entonces se volvía a complicar la cuestión”, subrayó y completó: “Logramos, a través de la acordada 162 de este año, que se deje sin efecto esta cuestión de los 5 días y se reconfigure lo que llamamos escritos de mero trámite que no hace falta que se presenten en soporte papel porque pueden ser firmados digitalmente por los abogados sin la firma del cliente”.
