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Atentado a Cristina: buscan seguir con el apoyo en las calles

Al mensaje homogéneo del oficialismo se suma el pedido de la militancia. Por su parte, desde la CGT todavía muestran cierta cautela.

12 septiembre, 2022

El ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner trajo, como efecto político, la sensación de unificación del Frente de Todos.

Tras el intento de magnicidio de la expresidenta, las filas institucionales que conforman el oficialismo mostraron un mensaje homogéneo de apoyo.

Eso se tradujo posteriormente en diversas movilizaciones y pronunciamientos en la calle. Sin embargo, no todas tuvieron como protagonistas a algunos socios de peso de la Casa Rosada. En este último rubro se encuentra la Confederación General del Trabajo (CGT).

Si bien la central obrera tuvo celeridad a la hora de pronunciarse en respaldo de la titular del Senado tras lo sucedido, lo que se sumó al gesto que el sindicalismo también había tenido – comunicado mediante- durante los días álgidos por el futuro judicial de la presidenta del Senado en la causa Vialidad, no tuvieron un rol central.

Tanto en las diversas concentraciones de Recoleta como la gran marcha en la de Plaza de Mayo se evidenció una impronta militante muy por encima de la liturgia sindical peronista clásica.

Claro, la CGT puso su sello y la cabeza central del triunvirato, Héctor Daer, acompañó a la tropa oficialista en el escenario donde la actriz Alejandra Darín leyó el documento en repudio al atentado.

También, seccionales y dirigentes del cegetismo movilizaron, pero no hubo una orden ni un plan orgánico desde arriba.

Esto, en paralelo, desnudó las claras diferencias que existen en la cúpula de la CGT.

El dirigente opositor, pero un viejo peronista de raza y exmiembro del propio kirchnerismo Miguel Ángel Pichetto describió que el Gobierno los últimos días había acudido a “los sectores progresistas y de la cultura”, algo que quedó plasmado de alguna forma en la marcha de la Plaza de Mayo, además de encumbrarse en los sectores de derechos humanos.

La definición no pareció estar muy lejos de la mirada de la llamada burocracia sindical, que tiene mayoría en la CGT.

Representado por los grupos de los “Gordos”, “barrionuevistas” e “independientes”, la posición de los dirigentes más conservadores volteó toda chance de que el sindicalismo unido salga a las calles a protestar en defensa de la vicepresidenta.

“Estado de alerta” y “cautela”, fueron las definiciones esgrimidas pro la central obrera. De hecho, no se llegó a realizar la reunión de consejo directivo que estaba pautada para discutir esa posibilidad.

Fue un triunfo de los cogobernantes Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicios), que comparten tanto años de antigüedad como estilos en el arte de la conducción sindical – además de una distancia prudencial respecto a las formas de Cristina-, por encima de la voluntad del tercer triunviro, Pablo Moyano (Camioneros).

El heredero mayor del clan familiar, apoyado por un sector que busca tomar la posta de las acciones de la CGT, abogaba por una postura más activa y combativa en apoyo a la vicepresidenta.

Sin embargo, su propuesta fue desechada antes de ser tratada, lo que resultó un nuevo desencuentro con la “vieja guardia” y un golpe para su ascendente figura dentro del universo sindical.

En el último tiempo, Pablo Moyano y los suyos tejieron alianzas con organizaciones de la primera línea kirchnerista, como es La Cámpora, y también con gremios cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, como la CTA de Hugo Yasky, del gremialismo “alternativo” que nació en los noventa en contraposición a las formas de conducir por entonces del sindicalismo peronista de la CGT.

La postura de movilizar del secretario adjunto de Camioneros era lanzada por Omar Plaini (Canillitas), Héctor Manrique (SMATA), y el nuevo ministro de Trabajo del gobierno de Axel Kicillof en la provincia, Walter Correa (Curtidores).

Además, se manifestaron en favor Sergio Palazzo (Bancarios), Vanesa Siley (Judiciales) y Abel Furlán, quien hace pocos meses desplazó al histórico Antonio Caló de la UOM.

Sin embargo, al peso histórico del llamado sector de “los Gordos” (Daer y Armando Cavalieri, de Comercio) y de “los barrionuevistas” (Acuña), la balanza se terminó de inclinar con la facción de “los independientes”, liderada por Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

“Debemos mantenernos unidos para ponerle un límite social a la confrontación política”, fue la frase con la que bajaron el martillo.

El calendario marca que el próximo compromiso en las calles de la CGT es el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista.

Ahora, el sindicalismo se enfoca en la “agenda laboral”, que tiene como ejes la inflación, el debate por un nuevo sistema mixto entre paritarias y bonos para aumentar sueldos, y en el programa económico de Sergio Massa.

 

Video complica más al acusado 

https://www.primeraedicion.com.ar/wp-content/uploads/2022/09/lx7CNJV1IIYZlCYS.mp4

La Justicia encontró en el teléfono del acusado Fernando Sabag Montiel un video que lo muestra manipulando un arma con la que simula un disparo al vacío, lo que para los investigadores demuestra que sabía utilizar la pistola con la que intentó perpetrar el ataque.

El video, que muestra a Sabag Montiel activando la corredera y oprimiendo el disparador de la pistola, fue obtenido de la tarjeta de memoria de su celular por los especialistas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que están colaborando con el fiscal que investiga la causa, Carlos Rívolo.

Fuentes judiciales dijeron que el viernes pasado “estuvo en el centro de formación de la PSA observando como se estaba trabajando en las pericias”.

También trascendió en las últimas horas que un militante que estaba cerca del lugar de los hechos la noche del atentado vio que, segundos después del fallido atentado, el acusado intentó mover la corredera de la pistola Bersa, con la presunta intención de tratar de volver a accionarla contra la vicepresidenta.

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Tags: ApoyoAtaqueAtentandoCallesCristina Fernández de KirchnerFernando Sabag MontielOficialismo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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