La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) de Oberá manifestó a través de un comunicado su preocupación por el uso de agrotóxicos, tanto por parte del Municipio como la venta en comercios de la Capital del Monte, a pesar de las leyes que lo prohíben.
En contacto con el secretario adjunto, Leandro Sánchez, quien manifestó a PRIMERA EDICIÓN que las imágenes que acompañan la denuncia fueron tomadas hace meses, donde “se evidencia la utilización de agrotóxicos por parte de la Municipalidad, ya que en ellas se observa al personal contratado (no son los de planta permanente) que hace uso de estos venenos en áreas públicas de Oberá y se nota que recientemente se ha aplicado”.
Si bien las pruebas se remiten a un uso reciente de los químicos por parte del Municipio, Sánchez recordó que desde hace tiempo vienen trabajando el tema. “Con anterioridad, hace cuatro años ya hicimos una presentación, hablamos con funcionarios municipales y se dejó de aplicar. Nosotros denunciamos la situación en aquella oportunidad, incluso estuvimos en el Concejo Deliberante de Oberá y se abandonó su utilización”, remarcó.
Asimismo, lamentó el representante gremial que se volvieran con las prácticas y desde la CTAA suponen que se debe la decisión a una cuestión económica. “Si ellos aplican estos agroquímicos, pueden volver en unos 40 días, caso contrario, deben hacerlo antes”.
Además, expuso Sánchez, que el personal que ejecuta la aplicación de los productos los realiza sin protección ni cuidados. “Ni siquiera mascarillas están utilizando los empleados municipales”.
De acuerdo a lo planteado por la Central de Trabajadores de Oberá se fumiga la ciudad con estos agrotóxicos para “controlar malezas en los espacios urbanos como plazas, plazoletas o rotondas, también previo al asfaltado, y no tenemos duda de que esto se traslada a muchos domicilios, por la venta que se puede verificar en varios negocios”.
Venta en comercios
“Se vende como caramelos”, lamentó Sánchez y tal como lo explican en el comunicado, “en comercios dedicados a la venta de productos para el agro, se puede ver el glifosato en su envase original o fraccionado por los comerciantes en 5, 1, ½ o ¼ litro, operación que pone en riesgo también a los empleados de los comercios”.
Al respecto, Sánchez hizo un llamado de atención a las autoridades responsables de controlar que se cumplan las normativas y adelantó, que más allá de la denuncia pública que llevan adelante se realizarán las presentaciones pertinentes tanto a nivel municipal como provincial.
“Es tremenda la falta de control, que la tiene que realizar el Ministerio de Ecología, pero peor aún es la utilización por parte del Municipio de Oberá. Nosotros vamos a presentar el documento por todos lados para que dejen de fumigar, lo hacen por una cuestión económica, pero los problemas que pueden llegar a traer son muy complicados. Desde la CTAA queremos alertar por esta situación y lograr la sensibilización para que paren de fumigarnos”, insistió.
Consecuencias
En el documento difundido por la CTAA Oberá, se expone que “en la provincia de Misiones 5 de cada 1.000 chicos nacen afectados de Meliomelingocele, una gravísima malformación del sistema nervioso central. Esto fue demostrado por las investigaciones que llevó adelante el doctor Hugo Gómez Demaio que, sin presupuesto y contra los intereses de tabacaleras y papeleras, alertó a tomar conciencia y parar de una vez con el uso indiscriminado de agrotóxicos que mal forman el futuro”.
Agregan que “cabe tener en cuenta que en Misiones se estima que cerca del 13% de su población tiene alguna discapacidad, duplicando casi la media nacional”.
También hacen referencia a las leyes aprobadas al respecto, como la Ley 2980 de 1992, la cual en su artículo 10 dice que no deben utilizarse aquellos agroquímicos que está prohibido su uso en su país de origen o en un país desarrollado que se haya demostrado que producen las lesiones mencionadas.
En el 2001 fue aprobado un proyecto de ley, por iniciativa de Demaio (Ley 3819), sobre el uso de ácido fólico en mujeres en edad gestacional, el cual disminuye los riesgos. Sin embargo, la ley sigue sin cumplirse.
En el 2015, el tema volvió a la agenda legislativa y se aprobó una ley que prohíbe el uso de estos agrotóxicos en los ejidos urbanos y es el Ministerio de Ecología el organismo que debe oficiar de contralor, pero saliendo a la calle y recorriendo los lugares de venta.
