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Comenzó el debate sobre una ley para castigar a quienes corren “picadas”

Diputados comenzó el debate de una ley para penalizar las carreras ilegales.

17 agosto, 2022

La Cámara de Diputados de la Nación arrancó el debate de proyectos de ley para sancionar con pena de prisión e inhabilitación para conducir a quienes corran “picadas” o pruebas de velocidad ilegal, en el marco de una intensa campaña de organizaciones de la sociedad civil para combatir el flagelo perpetrado por homicidas viales que cada año se cobran 7.000 vidas.

En la comisión de Legislación Penal se abordaron los proyectos de ley “Tahiel” y “Kevin”, que buscan modificar el Código Penal de modo tal de perseguir a conductores y organizadores de picadas, aplicándoles una pena incluso antes de que maten, con el objetivo de reducir los homicidios viales.

La “ley Tahiel” tiene como autor principal al ex presidente de la Cámara de Diputados y actual ministro de Economía, Sergio Massa, mientras que la “ley Kevin” es una iniciativa de la diputada nacional del PRO María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, víctima de la Tragedia de Once.

Durante el encuentro expusieron la propia Rey, Noemí Contreras (madre de Tahiel Contreras, el niño de 6 años asesinado el 13 de septiembre de 2020 que fue atropellado y asesinado en el marco de una picada en Gregorio Laferrere, Viviam Perrone (madre de Kevin Sedano, adolescente que tenía 14 años cuando en 2002 fue asesinado a metros de la Quinta de Olivos) en representación de la Asociación Civil Madres del Dolor, y el abogado especializado en siniestros viales Natalio Nicodemo.

El proyecto de “ley Kevin” establece que “será reprimido con prisión de 9 meses a 4 años e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena, el conductor que participare en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”.

También detalla el texto que “la misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare dicha conducta, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo con motor de su propiedad o confiado a su custodia, con conocimiento que será utilizado para ese fin”.

Asimismo, la iniciativa especifica que “si las conductas descriptas fueran llevadas a cabo en una zona urbana, serán reprimidas con prisión de 2 a 5 años, e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena”.

Las penas suben a entre 8 y 25 años, e inhabilitación de por vida para conducir cualquier tipo de automotor para los casos donde hubiera víctimas fatales.

El debate

Durante su intervención en la comisión, Noemí Contreras señaló que el 13 de septiembre se cumplirán dos años de la trágica muerte de su hijo Tahiel Contreras, y señaló que pese a estar junto a su marido “muertos en vida” están luchando para “transformar el dolor” en algo positivo para evitar que a otras personas le sucedan lo mismo en el futuro. .

“Los responsables están detenidos y estamos esperando la fecha del juicio”, precisó la mujer, que destacó el proyecto de ley impulsado por Massa porque “crea el delito de homicidio vial” y “propone que el desprecio a la vida tenga el mismo castigo en el Código Penal”.

Por su parte, Perrone coincidió en que el objetivo es “poder salvar vidas y evitar que otras personas estén en nuestro lugar”.

Señaló que las “Las muertes viales son muertes por goteo” ya que “todos los días muere entre 15 y 20 personas” en el país, siendo “todos hechos evitables y prevenibles”.

Perrone ponderó que en países como Chile, a raíz de la aprobación y puesta en marcha la “ley Emilia”, quien “participa en estas carreras sin matar a nadie ya se lo considera un delito penal”, y también puso el ejemplo de España como otro país que avanzó con legislación para reducir las muertes por picadas.

La referente de “Madres del Dolor” aclaró que “el que corre una carrera no es lo mismo que el que está manejando en exceso de velocidad”, por lo que insistió en la necesidad de avanzar con una ley con penas fuertes para disuadir a las personas a participar de picadas.

En tanto, Nicodemo explicó que cuando se habla de agravar las penas para homicidas viales, “no se está hablando de una imprudencia sino de gente que corre picadas, que saben y aceptan que pueden matar, y matan”.

“Son casos reales, vidas que se fueron y no vuelven”, advirtió frente a los legisladores presentes en la comisión. El abogado lamentó que con la legislación actual, muchas familias “se vuelven llorando tras las sentencias contra homicidas viales” porque ven que ellos “se van caminando a sus casas con condenas en suspenso”.

“Como las penas son de 3 a 6 años y el mínimo es 3, muchas veces los homicidas viales se van caminando”, reprochó.

“Estas reformas van a salvar vidas, porque van a educar. Una persona que corre picadas que esté inhabilitada tantos años no está arriba de un auto. Y no va a poder matar porque no va a poder conducir”, destacó.

Nicodemo aseguró que con la implementación de este tipo de leyes, la cantidad de muertes va a bajar, y resaltó el caso de España, que en 15 años logró “bajar en un 80% las víctimas viales”. “Hay que empezar a penar a los corren picadas antes de que maten”, cerró.

 

Fuente: Noticias Argentinas 

Tags: Código Penaldiputadosley "Kevinley "Tahiel"Picadas
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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