El Día del Trabajador del Estado se celebra el 27 de junio de cada año para conmemorar la fecha en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1978, adoptó el Convenio Nº151 y la Recomendación Nº159 vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública.
Argentina ratificó el primero de ellos en 1987. Para entonces el día 27 de junio ya había quedado instalado como emblema para los estatales argentinos, en tanto hito en la lucha por su reconocimiento como trabajadores.
Parte de esa lucha se cristalizó con la elaboración y posterior sanción de la Ley 24.185, promovida por el diputado nacional Germán Abdala, dirigente sindical de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Esta ley posibilitó y reguló la negociación colectiva entre la Administración Pública Nacional y sus empleados. En recuerdo a su promotor, la mentada ley también es conocida como la Ley Abdala.
La aparición de una legislación a nivel nacional, que adaptaba la normativa del país a lo establecido internacionalmente, impulsó la pelea por el derecho a la negociación colectiva en los Estados provinciales.
Junto con la progresiva modificación de la legislación que regulaba la relación de los trabajadores del sector público con el estado empleador, tanto nacional como provincial, se fue imponiendo la idea de establecer oficialmente el 27 de junio como día del Trabajador Estatal. Esa fecha fue considerada como “un día destinado al reconocimiento de abnegada lucha de los trabajadores del Estado y como una distinción que valora a este colectivo de trabajadores por ser los reales sostenedores de la actividad del Estado“.
El Congreso de la Nación Argentina sancionó en julio de 2013, a iniciativa del diputado nacional Víctor de Gennaro e impulsada por ATE y por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), la Ley 26.876 a través de la cual se adopta formalmente el 27 de junio como día del trabajador del Estado en todo el ámbito del país.
Este año la celebración llega con polémica, después de que el Gobierno de Javier Milei decidiera que esta fecha deje de ser asueto para los empleados de la Administración Pública nacional, medida que fue suspendida por la Justicia Laboral, por lo que finalmente los trabajadores sí tendrán ese día de descanso.
