Ayer se efectuó un operativo en conjunto entre la Comisaría de la Mujer y la Dirección de Cibercrimen en el jardín maternal ubicado sobre la calle Santa Fe, entre Junín y Ayacucho de esta ciudad. Tras la denuncia por presunta violencia hacia un niño de 11 meses, que terminó con golpes en la cabeza, ordenaron secuestrar las imágenes de las cámaras de seguridad.
Por otra parte, la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Rossana Franco, recibió ayer una de las madres denunciantes “para acompañar en lo que puedan”, dijo una de las denunciantes. Además, “ratificaron la denuncia, elevaron una nota al SPEPM y también otra más a la Municipalidad de Posadas”, indicó a PRIMERA EDICIÓN la madre que denunció lesiones en su hijo menor de un año.
Cabe señalar que durante la jornada del jueves aparecieron otras denuncias por presuntas agresiones a menores, una del 2018 y otra del 2021, previa a la realizada por la docente que relató como atarían a niños con TEA. En ambos casos, apuntaron contra los directivos y empleados.
Las denuncias
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el abogado Matías Rodríguez contó que hubo otra denuncia presentada en marzo del 2021 “mi cliente llevó tres meses a su hijo a esta guardería por cuestiones laborales. El 17 de marzo del 2021 cuando pasa a retirar al menor, éste sale llorando y al consultar a una de las maestras le respondió que sólo se había asustado por el timbre. A la madre le pareció muy extraño. Cuando se dirigen a su hogar, lo toma del brazo y entonces nota signos de dolor”.
Al no poder manifestarse verbalmente, el nene no contó qué sucedió. En una revisión en un sanatorio posadeño: “En una radiografía de codo y muñeca se observó fractura en el codo. Tuvo 21 días el brazo enyesado y más allá de la lesión psicofísica del menor, la madre tuvo que pedir licencia en su trabajo. Ahora tampoco quiere volver a dejarlo en ningún otro centro, por la desconfianza que genera”.
Rodríguez aseguró que su clienta “se comunicó con la directora, que desde el principio niega todo, que no pudo haber sucedido”. Señaló además que “como medida preliminar, pedimos el secuestro de las cámaras, pero estas no funcionaban. La propietaria alega que, desde el inicio de la pandemia, por una cuestión económica tuvo que dejar sin efecto la vigilancia”. Sin embargo, recordó que “al momento de inscribir al chico, le dijeron que había cámaras de seguridad”.
El abogado indicó que “el expediente está en el Juzgado en lo Civil y Comercial 7, se inició una demanda por daños y perjuicios”. Actualmente, más allá de una reparación económica, buscan “que esta institución no siga funcionando y menos en estas condiciones”.
Por otra parte, otras exempleadas de este jardín maternal sumaron testimonios a la denuncia presentada por una docente en el 2021. En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, la abogada de esta causa, Jenny Vargas, comentó que “posterior a esta denuncia se conoció el caso de esta mamá del niño con moretones en la cabeza y ahora se contactaron otras maestras que realizaron una denuncia en el año 2018”.
En lo expuesto, especificaron que “claramente el patrón es muy similar, incluso las partes fueron citadas a declarar. Hasta ahora, son cuatro las maestras con testimonios y la idea es presentar esta información en el expediente abierto con todas las denunciantes. También cuentan con imágenes tomadas que acompañaron la denuncia del 2018”.
Respecto a lo atestiguado por estas maestras, Vargas señaló que “es conocido que ataban a los niños para que no molestaran, varios maltratos verbales, gritos y sacudidas a los niños. A los niños que tenían menos de tres años, la directora dijo que se podían disciplinar tranquilamente porque no hablaban, pero a partir de los cuatro años ya no. Entonces, hacía que otros niños, compañeros del mismo jardín, golpearan al que no se comportaba como la directora quería”.
La abogada, indicó que “las maestras aseguran que las cámaras jamás funcionaron, siempre estuvieron desconectadas. Testimonios y fotos tenemos, ahora todo queda en manos del juez que lleve esta causa”. Por otra parte, aseguró que “las maestras también se acercaron a la Municipalidad para denunciar lo sucedido”.
En la denuncia del 2021 “intervino el Juzgado de Violencia Familiar número 1 y también está interviniendo el Juzgado de Instrucción número 1. En la denuncia del 2018, según lo que dijo la maestra, intervino el Juzgado de Instrucción número 6. Actualmente, interviene el Juzgado de Instrucción número 1”, detalló Vargas.
Recalcó que “todo esto se podría haber evitado si las autoridades hacían lo que correspondía en su momento”.
