El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, afirmó en forma tajante que no hay ningún justificativo para darle un incremento extra de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para financiar los gastos de la Policía Metropolitana cuando Misiones y el resto de las provincias no cuentan con recursos adicionales y deben afrontar ese gasto con las transferencias normales y la recaudación propia.
En declaraciones a Radio La Red de Buenos Aires el mandatario sostuvo que “la coparticipación federal es extremadamente injusta para Misiones y si a eso le agregamos que a otras jurisdicciones, en este caso Capital Federal, por el traspaso de la Policía hay que darle más plata, yo me pregunto ¿quién me da la plata para que yo pague a la provincia de Misiones? o ¿qué diferencia hay entre la policía de Misiones con la Capital Federal”.
Luego insistió con la pregunta: “¿Cuál es el justificativo de transferir dinero para la Policía hacia una jurisdicción? Escuché a algunos dirigentes decir que ahora no van a poder hacer más obras sin ese dinero, ese dinero no era para obras sino para la Policía”.
El conflicto al cual se refirió el Gobernador está judicializado y lo tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El pleito arrancó en 2016, siendo Mauricio Macri presidente, cuando la Nación tomó la decisión de incrementar de 1,4% a 3,7% la coparticipación de Ciudad Autónoma (gobernada en ese momento por el PRO) para financiar la creación y funcionamiento de la Policía Metropolitana.
A medida que la Capital recibió más recursos, el resto de las provincias perdió. De hecho, los gobernadores calcularon que dejaron de recibir desde 2016 la suma de 500 mil millones de pesos.
En 2020, el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de anular el decreto de Macri, quitándole el excedente de coparticipación que había beneficiado al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Desde ese momento el conflicto pasó a manos de la Justicia. La semana pasada venció el plazo que otorgó la Corte a las dos partes (Nación y CABA) para que busquen un acuerdo por su cuenta. Como no hubo consenso, ahora la Corte definirá quién tiene razón.
En este sentido, Herrera defendió el reclamo de Misiones de mejorar la coparticipación. “Misiones es la octava economía de la Argentina y recibimos coparticipación como la provincia 18ª o 19ª. Lo que generamos en la provincia viene muy poco en concepto de coparticipación federal”. Agregó que “la composición de la estructura económica de Misiones no es dependiente de la coparticipación sino que depende de la administración provincial de los ingresos en base a la recaudación, estamos en 60% a 40% aproximadamente” la proporción.
Lo que resuelva la Corte será de extrema importancia para Misiones y el resto de las provincias, teniendo en cuenta que si se ratifica la decisión de Macri, sólo CABA se beneficiará y el resto perderá, sentándose además una situación de discriminación con el interior que financia la Policía con recursos normales mientras que CABA recibe fondos extra.
Por esta razón, la semana pasada 17 gobernadores enviaron una carta a la Corte señalando sus argumentos en contra del decreto de Macri.
Posición de 17 gobernadores
“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes”, señala el texto firmado por 17 mandatarios, Herrera Ahuad entre ellos. Los de Juntos por el Cambio no acompañaron.
Advirtieron que “no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.
“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, remarcaron.
Asimismo, afirmaron: “Queremos que de un modo inmediato la Corte nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos”.
“Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”, concluyeron.
