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La deuda pública aumentó en marzo el equivalente al 20% del pasivo con el FMI

20 abril, 2022

En marzo el Poder Ejecutivo Nacional recibió el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 9.655 millones, conforme al nuevo programa de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility; EFF) y pagó amortizaciones por USD 2.778 millones, correspondientes al préstamo Stand-By de 2018.

En este escenario, el financiamiento neto del organismo fue así de USD 6.877 millones en el período, que posibilitó la recuperación de la posición de reservas del Banco Central al rango de USD 43.000 millones en valores brutos, mientras que las netas propias de libre disponibilidad fueron negativas en unos 1.988 millones dólares.

Justamente, el incremento de la deuda neta con el organismo, luego de aceptar el reintegro de los pagos efectuados por el Gobierno nacionales en los meses previos, explicó dos terceras partes del crecimiento en un mes en USD 9.717 millones de las obligaciones financieras de la Administración Central, el mayor salto en casi 4 años; la tercera parte restante correspondió al aumento de la emisión de Letras de Tesorería principalmente.

Y, como lo adelantaron PRIMERA EDICIÓN y FM 89.3 Santa María de las Misiones la semana pasada, la deuda pública que actualmente tiene Argentina llegó a USD 376.287 millones.

“En relación con el Club de París, se anunció una extensión de las conversaciones con la intención de llegar antes del 30 junio de 2022 a un acuerdo para reprogramar el capital adeudado. Durante este período, Argentina se comprometió a realizar pagos parciales a los miembros del bloque de manera proporcional a los que efectúe a otros acreedores bilaterales”, sintetiza un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

A lo largo del mes se cancelaron intereses por el equivalente a USD 280 millones, de los cuales 69% se pagaron en moneda nacional. Se destacaron los pagos de Boncer TX24, T2X2, TX23, TC23 y TX22 por un total de $18.718 millones (USD 172 millones).

Destaca la OPC: “En marzo vencieron USD 1.096 millones de una Letra suscripta directamente por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que fueron refinanciados con la emisión de otra similar por USD 1.115 millones suscripta por el mismo organismo. Por otra parte, a comienzos de mes se colocó un bono por $6.664 millones al FGS, que constituye el subsidio del Tesoro Nacional a la tasa que pagan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los préstamos recibidos del FGS entre 2017 y 2019. El bono tiene vencimiento en 2030, amortiza en doce cuotas semestrales a partir de 2025 y devenga intereses trimestrales a la tasa Badlar”.

En términos netos, en marzo se registraron vencimientos y ajustes por USD 17.559 millones y financiamiento, canjes y emisiones por USD 28.236 millones; de ahí resultó un aumento equivalente a USD 10.677 millones, pero por efecto de la licuación de las obligaciones en pesos no indexadas con la devaluación de la moneda nacional, se atenuó la suba en USD 1.822 millones, en tanto se incrementó en USD 836 millones, por el atraso cambiario respecto de la inflación que eleva los compromisos con cláusula CER.

El Banco Central de la República Argentina volvió a acrecentar la “bola de pesos” de los instrumentos de regulación monetaria, por el exceso de emisión derivado del financiamiento del déficit fiscal de la Administración Central.

Según los datos de la entidad monetaria, en marzo el promedio de la suma de Notaliq y Pases ascendió en poco más de $180.200 millones, a una tasa de 3,9% nominal, equivalente a USD 503 millones por efecto de un tipo de cambio oficial para el segmento mayorista que volvió a moverse no sólo muy por debajo de la tasa de inflación récord en 20 años de 6,7% en el mes, sino también de la tasa de interés de referencia del mercado financiero.

De ahí que si a la deuda bruta de la Administración Central, menos de la contraída con el BCRA a través de Adelantos transitorios se le agrega la acumulada por la entidad monetaria, se llega a un total al cierre del primer trimestre de 2022 de USD 397.749 millones.

Ese monto neto acusó sendos aumentos de USD 45.619 en comparación con un año antes y de USD 77.414 millones desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández, los cuales en el primer tramo se explican en un 77% el caso de la Tesorería y 23% por el BCRA; y en el segundo esas proporciones fueron de 67% y 33%, respectivamente.

En el caso de la Administración Central el sostenido crecimiento de la deuda obedece al financiamiento del déficit crónico de las finanzas públicas, y por tanto a la incapacidad de generar excedentes para hacer frente a los compromisos asumidos por gobiernos anteriores. Mientras que en el del Banco Central por la ausencia de políticas monetarias austeras para contrarrestar los efectos de las políticas fiscales expansivas.

 

Abultados vencimientos

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que los vencimientos de deuda para abril totalizan el equivalente a USD 13.978 millones. Entre los vencimientos en moneda extranjera, sobresalen las Letras intransferibles en dólares al BCRA por USD 5.674 millones y una nueva amortización al FMI por USD 708 millones. Al excluir las tenencias intrasector público, los vencimientos se reducen a USD 6.630 millones.

 

La mirada del FMI

Por el acuerdo vigente con el FMI, el próximo vencimiento de deuda con el organismo será pagado con un desembolso de similar magnitud, de modo que no genera cambios en el saldo final que el país adeuda con la entidad, la cual comenzaría a reducirse hacia mediados de 2024, por el próximo gobierno.

“Como consecuencia de la pandemia, las tenencias de deuda pública entre los bancos de los mercados emergentes tocan máximos y, por ende, hay más probabilidades de que las finanzas del sector público hagan peligrar la estabilidad financiera. Las autoridades deberían actuar sin demora para atenuar ese riesgo”, destacan los economistas del Fondo Monetario Andrea Deghi, Fabio Natalucci y Mahvash Qureshi, en un informe especial.

Y concluyen: “Las economías de mercados emergentes corren aún más peligro que las economías avanzadas por dos motivos. Primero, sus perspectivas de crecimiento son menos alentadoras que antes de la pandemia en comparación con las economías avanzadas, y los gobiernos no tienen tanto poder de maniobra fiscal para apuntalar la economía. Segundo, los costos de financiamiento externo han aumentado en términos generales, así que los gobiernos tienen que pagar más por el crédito”.

Fuente: Agencias de Noticias y Medios Digitales

Tags: #economíaArgentinaDeuda PúblicaFMI
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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