En el corralón municipal de Oberá se aglomeran más de 300 motovehículos producto de infracciones, mayormente por el estado de los mismos que no reúnen requisitos básicos para circular. A pesar que se sancionó una ordenanza para su baja y destrucción o remate ya en 2013, no han logrado coordinar la acción nueve años después, porque requiere la intervención del Juzgado de Faltas local, los Registros del Automotor existentes y el Ejecutivo obereño. Por lo tanto, se siguen acumulando vehículos que, a la larga, se convierten en chatarra.
“Existe una ordenanza del 2013 mediante la cual, una vez que son secuestradas de manera preventiva las motos, cuando se miden los decibeles de sus caños de escape y éstos son considerados nocivos o contaminantes, pierden la propiedad de sus dueños y son destruidos, pero esto no ocurre con los motovehículos”, dijo Francisco Sa, juez de Faltas de Oberá a FM Integración.
Sostuvo además que “con las motos -si bien esta ordenanza se sancionó con ese objetivo- no se puede hacer lo mismo porque son propiedad privada y ahí interviene el Registro de la Propiedad Automotor. Hay que darlas la baja y es un trámite que nos excede, se complica porque hay que coordinar con el Ejecutivo municipal y con los Registros ya sea para remate o destrucción”, explicó Sa.
Indicó a su vez que “la única alternativa que encontramos, es entregar algunas motos como depositario administrativo a alguna institución, ya sea la policía o entidad que lo necesite”, advirtió
Convenio con la Nación
En este mismo sentido, Guillermo Correa, director de Inspección de Tránsito de la Municipalidad de Oberá explicó sobre la acumulación de motos en el corralón municipal que “tenemos una ley nacional y una ordenanza que tratan de dar solución a este problema a través de la compactación. Todo se hace a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, con el cual estamos por firmar el convenio, pero debe pasar primero por el Concejo Deliberante, se debe aprobar y -una vez que esté y se eleve- ya será todo más fácil, porque el Ministerio de Seguridad de la Nación se encarga de las bajas ante el Registro”.
Correa indicó que el convenio establece que la compactación la realizará una empresa tercerizada, que contrata el Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo que se recaude por la chatarra que se llevará de Oberá, deberá ser destinado a una organización de bien público. “Nosotros elegimos a Los Amigos del Ciego, centro de formación, que ya se pidió el año pasado la documentación y se envió a la Nación” , indicó Correa.
Agregó que “se han visto cambios que posibilitan que empresas compactadoras de la zona o de la provincia puedan acceder a este programa, ya que antes había sólo empresas nacionales y el gasto de mover la compactadora era elevado. Ahora las empresas locales pueden inscribirse a través de un trámite a distancia y el Ministerio de Seguridad las contrata”.
Finalmente, Correa explicó que cuando se habilite el proyecto se compactarán autos decomisados -porque estaban abandonados- y las motos del corralón.
