El secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Beliz, anticipó este martes que el Consejo Económico y Social trabaja en “un pacto para el buen uso de las redes sociales”, para que se deje de “intoxicar la democracia”.
Lo hizo durante la presentación de la Agenda Productiva Federal en el marco del Consejo Económico y Social, y el tema llamó la atención, ya que siempre se encienden las alarmas cuando se habla de regulación de los espacios de expresión.
“Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”, aseguró Beliz.
“Ya estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”, resaltó Beliz.
El funcionario aseguró se han convocado a 40 universidades del país para “pensar y proponer estas iniciativas”.
“Redes para el bien común es un programa que, a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, persigue el objetivo de abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de Internet”, se detalla en la web del Consejo.
La idea es “aprovechar al máximo el potencial democrático que ofrecen las plataformas virtuales, avanzando hacia la construcción de entornos digitales plurales y respetuosos que favorezcan la amistad social”.
De entrar en vigencia, se pondrá el eje en “la preocupación real y concreta de las democracias contemporáneas ante los efectos negativos de la desinformación y los discursos de odio para reducir su incidencia es una tarea compleja que requiere que se convoque a un debate amplio con la participación de toda la sociedad”.
“Con ese fin, desde el programa Redes para el bien común se organizarán Foros abiertos sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación. Se trata de encuentros que se llevarán a cabo, durante los meses de octubre y noviembre, en cinco regiones del país: norte, centro, cuyo, sur y bonaerense”, se indicó.
El objetivo es formular recomendaciones basadas en evidencia para la adopción de políticas públicas que permitan construir entornos digitales respetuosos; desarrollar investigaciones que incrementen el conocimiento de los problemas de mayor relevancia en el campo de las comunicaciones en entornos digitales; evaluar el grado respeto a los principios del Pacto Internacional para la Información y la Democracia por parte de las entidades que integran el ecosistema digital del país.
No tardó en escucharse la voz crítica del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que este martes expresó su preocupación ante este proyecto, advirtiendo que “este tipo de iniciativas implican un riesgo claro para la libertad de expresión y la pluralidad de ideas, derechos inalienables en una sociedad democrática y pluralista”.
FOPEA interpreta que no es atribución de organismos del Poder Ejecutivo auditar, restringir o sancionar las expresiones de los ciudadanos, recordando similares pronunciamientos cuando en 2020 se anunció un ciberpatrullaje sobre las redes sociales para “tomar conocimiento del humor social” y la creación de NODIO, un observatorio para la “desarticulación de las noticias falsas y persecución del origen de las campañas de desinformación”.
En ambas ocasiones, el foro periodístico expresó que “con la excusa del combate a la desinformación, estas iniciativas pueden desembocar en persecuciones y hostigamientos a voces disidentes”.
“La ambigüedad del anuncio oficial puede dar lugar a normativas que intimiden la libre expresión y que censuren a quienes expresan críticas u opiniones diferentes en cualquier medio de comunicación. Ninguna voz disidente debería ser sometida al estudio de funcionarios a fin de que se evalúe si ‘intoxican’ o no a la sociedad. Un Estado de derecho se sostiene a través del respeto de todas las libertades; la de información incluida”, sentenció FOPEA en un comunicado.
Fuente: Noticias Argentinas
