A solo dos años de asumir en el cargo, es evidente que la tarea de Rodrigo Vivar como director de Rentas no ha convencido a los líderes del Frente Renovador. No se explicaron los motivos: puede ser que no ha cumplido los objetivos, puede ser que haya cometido errores o políticamente se haya equivocado.
Lo cierto es que ha venido perdiendo cada vez más terreno en la consideración del Gobierno al punto que ayer, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, le han quitado las facultades de establecer modificaciones en el Código Fiscal de la Provincia. Esas facultades le habían sido otorgadas en la misma ley y siempre fueron cuestionadas por la oposición.
No es la primera vez: sobre finales del año pasado el Gobierno decidió colocar a un abogado, Gabriel Petta, como subdirector con amplias facultades para controlar y tener acceso a todas las decisiones que tomaba el director. Si antes Vivar podía hacer y deshacer a gusto sin intervención de nadie, desde ese momento todas sus decisiones deben pasar por Petta, algo que lo habría incomodado bastante.
Hubo otras situaciones, como por ejemplo la resolución que puso en vigencia la Agencia Tributaria de Misiones (nuevo nombres de Rentas) y debió retroceder al otro día, mediante la cual pretendía cobrarle impuesto sobre los Ingresos Brutos a todas las operaciones sus comerciales y transferencias con billeteras digitales por encima de 10 mil pesos mensuales. Un verdadero disparate.
Desde el Gobierno enseguida salieron a aclarar que el espíritu era cobrarles sólo a las empresas y por eso suspendieron la entrada en vigencia un día después de su publicación.
Y otro tema un tanto escabroso fue la forma en que se eligió combatir la evasión de la soja, cobrando una multa de 900 mil pesos a todos los camiones generando una finalidad, a todas luces, recaudatoria. Incluso hubo versiones, no confirmadas, nada positivas sobre esa cuestión y el funcionario que ahora anda de “capa caída”.
Menos facultades
Mediante el decreto N° 14, del pasado 12 de enero pero publicado recién ayer en el Boletín Oficial de la provincia, firmado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, se decide delegar “en el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos (Safrán) la facultad establecida en el artículo 16 de la Ley VII – N° 94 para efectuar adecuaciones en la Ley XXII – N° 35 (antes Ley 4366), Código Fiscal, y Ley XXII – N° 25 (antes Ley 3262), Ley de Alícuotas, de las alícuotas y de los tributos allí establecidos”.
Se conceden al ministro “amplias facultades para establecer o modificar los regímenes vigentes de pagos a cuenta, percepción, bonificaciones, retención o recaudación e información”.
Como fundamento se refieren cuestiones técnicas sin ahondar en lecturas políticas, por ejemplo, que “el artículo 16 de la Ley VII – N° 94 de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Financiero 2022 faculta al Poder Ejecutivo a efectuar adecuaciones en la Ley XXII – N° 35 (antes Ley 4366), Código Fiscal, y Ley XXII – N° 25 (antes Ley 3262), Ley de Alícuotas, de las alícuotas y de los tributos allí establecidos, con amplias facultades para establecer o modificar los regímenes vigentes de pagos a cuenta, percepción, bonificaciones, retención o recaudación e información”:
Y se agrega que “a los efectos de mantener el sendero del desarrollo económico de la Provincia Misiones, preservando y resguardando las finanzas públicas de la jurisdicción, es menester delegar en el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos las facultades comprendidas en el párrafo precedente”.
