Mientras se aguarda que avance la investigación por el abuso sexual a una menor de edad en horario de visitas a internos en la prisión de Eldorado, el condenado denunciado por este delito fue trasladado a la Unidad Penal I de Loreto por orden del Tribunal Penal de la Tercera Circunscripción Judicial, que en 2016 lo sentenció a quince años de prisión por haber asesinado con una “chuza” a un compañero de celda en una discusión por el agua caliente para el mate.
Este nuevo destino para cumplir condena fue determinado pocos días después de la denuncia y del primer traslado, a la prisión de Cerro Azul, que autoridades el Servicio Penitenciario Provincial decidieron ante el escándalo desatado por el delito contra la integridad sexual cometido ante la vista de otros internos y familiares.
El delito que fue denunciado por directivos de la UP-III de Eldorado ante el fiscal de Instrucción 1, Edgar Francisco Doldán, ocurrió el sábado 1 de enero. Tres días después la esposa de uno de los detenidos se presentó ante la guardia de esta cárcel y expuso lo sucedido: en horario habitual de visita el interno de 31 años obligó a la menor a practicarle sexo oral con el presunto consentimiento y complicidad de la madre, fue forzada a ocultarse debajo de una mesa con mantel y cumplir con las órdenes deleznables.
La testigo no calló, ni aceptó ocultar el delito, pero también detalló que el abuso no se inició ese día, sino que varias jornadas antes ya habrían visto al acusado manoseando y atemorizando a la niña, sin que su progenitora lo impidiera.
Tal como lo publicó ayer PRIMERA EDICIÓN, cuando el ultraje fue consumado, la niña fue obligada nuevamente a guardar silencio y sentarse en el piso a un costado hasta que finalizara el horario de visitas. Durante estos minutos la víctima quedó atemorizada y en llanto.
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uentes consultadas remarcaron que desde la denuncia no fue citado judicialmente a declarar o informar ninguna autoridad o efectivos a cargo de la seguridad de las salas de visitas de la Unidad Penal eldoradense.
Mayor sorpresa se mantiene porque tampoco la mujer que rompió el silencio fue llamada a ratificar la denuncia, menos aún su esposo cumpliendo sentencia en ese lugar.
En cuanto a los eventuales internos testigos de lo sucedido, trascendió que ninguno de ellos está dispuesto a declarar y sobrevuela como motivo el polémico “código de silencio tumbero”: no se debe delatar a ningún compañero de cárcel.
No obstante, también resulta llamativo que, tras la denuncia penal, no hubo cambios de responsables de las guardias, como tampoco fueron determinados quienes estuvieron a cargo de controlar el salón del pabellón donde se realizaba la visita y se consumó el delito.
Un sumario interno fue dispuesto por el SPP, pero hasta el momento no se determinaron responsabilidades, ni sanciones.
El abuso se concretó once días después de la asunción como directora de la primera mujer al frente de la Unidad Penal III, alcaide Adriana Elizabeth Knebel. El 20 de diciembre de 2021 fue puesta en funciones. Sin embargo, después del 4 de enero en que se denunció el delito, el escándalo no trascendió los muros de la unidad penal de la avenida Fundador.
En 2016, alias “Gato” fue condenado por matar con una chuza de madera con púa de 17 centímetros a un compañero de pabellón de 38 años, con quien discutió y peleó por el agua caliente para el mate. El crimen se registró también en la UP-III pero en 2014. Como reincidente, el Tribunal Penal de Eldorado lo condenó a 15 años de cárcel por “homicidio simple”.
De acuerdo a su cómputo total de pena su fecha de salida, sin beneficio de salidas transitorias, es noviembre 2029.
El SPP, al límite de su capacidad
El Servicio Penitenciario Provincial atraviesa una situación compleja en cuanto a recursos para atender la población carcelaria bajo su órbita. El principal problema se manifiesta ante el número de internos a cargo: dos mil condenados y procesados en sus ocho unidades.
Voces dentro de la institución consultadas durante las últimas horas indicaron que están “al borde del colapso o de considerarse en situación de sobrepoblación”. “No hay más lugar para alojar detenidos”, coincidieron.
Además aguardan herramientas legales para atender casos como el de los 71 condenados a prisión perpetua. Al no contemplarlos ningún régimen de estímulo educativo o actividad que morigere su pena, se resignan a cumplir los 35 años de prisión sin adquirir conocimientos para su resocialización.
