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“Terremoto” en Diputados: cómo quedó ahora el equilibrio de fuerzas

19 diciembre, 2021

El estrepitoso y accidentado final de la última sesión especial maratónica que tuvo la Cámara de Diputados, convocada por el oficialismo para tratar el Presupuesto 2022, puso en segundo plano a una votación inédita que se concretó durante la tarde del jueves, que anticipa cómo será el nuevo equilibrio inestable de fuerzas dentro de ese recinto, luego del recambio del 50% de su composición el 10 de diciembre.

Para el dictamen de Presupuesto que el oficialismo logró sacar el miércoles de la comisión de Presupuesto y Hacienda ya no queda marcha atrás. A las diez de la mañana, luego de un durísimo debate de más de 20 horas, fue rechazado por 131 votos en contra, 121 positivos y una abstención. Significó un duro revés para el oficialismo, que presentó el proyecto el 15 de septiembre, no impulsó su tratamiento durante tres meses y esta semana buscó acelerar el trámite luego de tres días de trabajo en comisión.

Llegó al recinto el jueves, cuando el bloque del Frente de Todos no tenía claro si contaba con los votos suficientes para aprobarlo, en un momento crítico de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El intento terminó este viernes luego de un espinoso cruce entre el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, y sus pares de JxC: el macrista Cristian Ritondo, el radical Mario Negri y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.

La negociación se hizo trizas cuando al texto sólo le quedaba una alternativa: volver a comisión para negociar cambios y debatirlo nuevamente en el recinto el próximo martes. Cuando se cayó esa posibilidad se selló el destino del texto que envió el ministro de Economía, Martín Guzmán. El artículo 81 de la Constitución establece que “ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”, pero permite que pueda ser tratado en el período siguiente.

Originalmente, ese lapso de tiempo ya concluyó pero fue extendido mediante un decreto del presidente Alberto Fernández hasta el 31 de diciembre. Para entonces, planeaba tener el Presupuesto aprobado por las dos cámaras, pero la votación de este viernes sepultó esa posibilidad, al menos por este año, porque el oficialismo podría volver a impulsarlo a partir de marzo próximo, cuando comience el nuevo período de sesiones ordinarias. Hasta entonces, según anunció Guzmán, “hará uso de la ley 24.156 para prorrogar el Presupuesto vigente”, que le permitirá al Gobierno disponer de las partidas presupuestarias con discrecionalidad.

Con esa línea de tiempo, el debate presupuestario recién regresará dentro de tres meses, pero una parte puede reeditarse el próximo martes, a partir de una sesión especial convocada para tratar el cambio del mínimo imponible del impuesto a Bienes Personales, a partir de la demostración de fuerza que hizo la oposición cuando promediaba la sesión maratónica que encalló el viernes por la mañana.

Esta cuestión comenzó con una iniciativa impulsada por la diputada macrista Silvia Lospennato para forzar a la Comisión de Presupuesto a que trate la modificación del mínimo imponible de Bienes Personales que propone un proyecto que presentó el oficialismo y fue aprobado en el Senado hace dos meses. De ese modo, JxC utilizó un proyecto del Frente de Todos para provocarle una inesperada derrota, porque la moción de Lospennato obtuvo 130 votos a favor y 116 en contra. La cifra es inédita para el arco opositor en esta etapa de la cámara, porque JxC tiene 116 escaños y sumó 14 luego de lograr el acompañamiento del Interbloque Federal y otros espacios que son aliados esquivos del oficialismo.

Esa votación prefiguró numéricamente el resultado aciago que tuvo el dictamen del oficialismo diez horas después. La posición que unificó a esos espacios también sumó a la ultraderecha -con el voto de Javier Milei- y significó un nuevo ejercicio de mayoría que podría repetirse en las próximas sesiones.

El round siguiente será este martes para la sesión especial convocada a partir del revés sufrido por el oficialismo el jueves. El giro que viene del Senado plantea reformar el artículo 24 y modificar el mínimo imponible de este impuesto de 2 millones a 6 millones de pesos.

El cambio implica un alivio para millones de contribuyentes de clase media y podría ser el primer saldo positivo y comunicable de una cámara que viene signada por duros tironeos para sesionar, desde que JxC dejó sin quórum la última sesión con la composición anterior del cuerpo, porque el oficialismo quería llevar al recinto la ley de envases. Esa decisión impidió el tratamiento de otros proyectos con dictamen, como la creación de un Procrear Rural, la nueva ley de VIH, la norma para controlar los casos de violencia institucional y otras iniciativas que iban a perder estado parlamentario.

Entre la votación para forzar el cambio en el impuesto y la que enterró el Presupuesto quedó claro que a JxC se le abren posibilidades de explorar nuevos puentes con bloques que tienen un rol clave porque juegan como árbitros dentro de la polarización. Estos son los casos del lavangnismo y del cordobesismo, agrupados en el interbloque Federal que ya acompañó otras iniciativas del oficialismo en los últimos años, con una cerrada oposición a otras, como las reformas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, con dictámenes que también perdieron estado parlamentario hace diez días.

Ambas demostraciones de fuerza remontaron a 2010, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner afrontó el fracaso del presupuesto 2011 por la aparición del llamado “Grupo A”, que reunió a la oposición al peronismo y les permitió quedarse con la primera minoría.

En el caso de esta semana, el balance de fuerzas también exhibió que la oposición tiene quórum para sesionar por su cuenta. Este punto revela una nueva debilidad para el oficialismo, pero también una hoja de ruta del camino que deberá desandar para evitar que el cierre de diciembre se repita en el período de extraordinarias que el Ejecutivo quiere convocar para fines de enero y febrero próximos.

Fuente: iProfesional

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Tags: #Presupuesto2022Cámara de DiputadosGrieta
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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