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Buscan mejorar condiciones para promover el regreso a la tierra

13 diciembre, 2021

El éxodo de los jóvenes desde las chacras a las ciudades en busca de oportunidades es la situación que se está tratando de revertir con normativas que promuevan mejores condiciones de vida para que los hijos de los colonos vuelvan a producir la tierra.

Desde el Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), Ana Cubilla habló con PRIMERA EDICIÓN sobre las condiciones de vida y laborales de los peones rurales, tras hacerse público el caso de explotación laboral que se investiga en Pueblo Illia, a partir de la denuncia pública de los propios trabajadores, y donde una salida para poner fin a casos parecidos es que los peones rurales tengan tierra para la agricultura.

“El campo está deshabitado y necesitamos gente que lo trabaje, los hijos de los productores se van y la mayoría no regresa porque si lo hacen, o viven mal de lo que producen o tienen que aceptar condiciones de explotación laboral. Creemos que si se generan buenas oportunidades para ellos van a querer volver”, sintetizó Cubilla sobre el proyecto en estudio en el Congreso.

“Muchos de los que se fueron ya no tienen interés en volver y cuando sus padres fallecen lo primero que hacen es vender al que está concentrando la tierra”, lamentó.

Cubilla se refirió también a las miles de familias misioneras que, empujadas por la necesidad, van a emplearse donde los explotan. “Abundan los casos como el denunciado en Pueblo Illia, y eso es algo que todo el mundo sabe, pero no se denuncia y la cosa sigue como si nada hasta que salta, pero después al tiempo se olvidan y como todo queda en la nada, se sigue repitiendo”, opinó.

“En el país hay dos millones de trabajadores rurales y no trabajan precisamente en las mejores condiciones, como todos saben, somos el eslabón más débil de la cadena. Tanto así, que ni siquiera un salario mínimo tenemos, cobramos lo que el patrón nos quiere dar”, dijo.

Deslizó que “en Misiones, dicen que hay 8.500 tareferos, pero nunca se podrían cosechar 950 millones de kilos por año con esta cantidad de obreros, porque no les alcanzan las manos ni el tiempo aunque trabajen 24 horas sin descanso un año entero. Por lo tanto hay un altísimo número que no se registra en ningún lado y que, para nuestro sindicato, se acerca a los 25 mil tareferos”.

La dirigente pidió que la agenda política actual, además de girar en torno a la producción, también contemple a los peones rurales en la base de la pirámide.

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Tags: Agricultura FamiliarExplotaciónProductoresSindicato Único de Obreros Rurales (SUOR)
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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