El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas condenó en juicio abreviado a dos suboficiales de la Policía de Misiones, a un comerciante y a una mujer por el robo de armas de fuego incautadas en un depósito de los juzgados de Instrucción 1 y 2 de Eldorado y su posterior comercialización.
Todos admitieron su culpabilidad ante la fiscalía, que les endilgó a cada uno los distintos delitos según el rol que cumplieron en la causa, sin embargo los tres hombres fueron hallados culpables de “asociación ilícita”.
La mayor pena para la organización delictiva recayó sobre el comerciante de automotores Oscar Alberto Ríos, alias “Vito”, de 49 años y actualmente detenido en la Prisión Regional del Norte (U7) del Servicio Penitenciario Federal de Resistencia (Chaco), quien deberá cumplir 5 años de prisión.
En cuanto a los policías, el sargento ayudante Diosnel Sebastián Vega, de 43 años, recibió una pena de 4 años y 3 meses de prisión. En tanto que para el sargento Marcelino Segundo Sanabria, alias “Tibo”, de 43 años, se acordó una pena de 3 años y seis meses de cárcel. Ambos efectivos actualmente se encuentran detenidos en la UP I de Loreto del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
También fue condenada Yeni Paola Cañiza, paraguaya de 30 años, cuidadora de ancianos y quien se encuentra en libertad, a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, como autora penalmente responsable de los delitos de “expendio y/o puesta en circulación de moneda extranjera falsa y tenencia ilegal de armas de fuego”.
Para la Justicia, según consta en las pruebas recolectadas en la instrucción de la causa, “se logró acreditar la existencia de una asociación ilícita integrada por los imputados Ríos, Vega y Sanabria, con el núcleo de actividades en la ciudad de Eldorado, de carácter estable y con distribución de roles, montada por lo menos desde diciembre de 2018 hasta el 22 de marzo de 2019 (fecha en la que fueron detenidos), la cual tenía como objetivo la realización de diversas actividades delictivas, tales como sustracción, acopio y comercialización de armas de fuego, falsificación de moneda de curso legal y sellos, encubrimiento y sustracción de medios de prueba, con el evidente objetivo de obtener beneficios económicos”.
La investigación
Desde fines de noviembre de 2018 los investigadores de Gendarmería seguían los pasos de una presunta organización dedicada a múltiples delitos, principalmente tráfico de estupefacientes y falsificación de dinero en la Zona Norte de la provincia, pero con base montada en Eldorado.
Con los primeros informes que arribaron al despacho del juez federal de esa ciudad, Miguel Ángel Guerrero, se ampliaron los recursos investigativos con la colaboración de la Procuraduría en Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Agencia Federal de Investigaciones (AFI, ex-SIDE) y direcciones de investigación de la Gendarmería.
Escuchas telefónicas, entrecruzamientos de mensajes, seguimientos encubiertos y rastreos de celulares, además de reconocimientos y ubicación de domicilios, derivaron en la concreción de allanamientos y permitieron la detención de dos efectivos de la Policía de Misiones que prestaban servicio exclusivo en la seguridad en edificios judiciales.
Los dos suboficiales fueron aprehendidos y fue allanado el depósito de los dos juzgados de Instrucción Penal, en el microcentro de Eldorado, ya que la pesquisa apuntó a que de este sector fueron sustraídas varias armas de fuego destinadas a actividades ilícitas, entre ellas narcotráfico.
De manera paralela a estas detenciones, se produjeron otras dos aprehensiones en distintos domicilios y alcanzaron a una mujer (Cañiza) y un comerciante (Ríos), con amplio prontuario delictivo, que se había afincado hace pocos meses en Eldorado proveniente de San Antonio y Bernardo de Irigoyen.
De acuerdo a la investigación, sin forzar puertas ni cerraduras, los dos policías destinados de manera exclusiva a prestar servicio de seguridad en los Juzgados de Instrucción de Eldorado sustrajeron casi 40 armas de fuego (a resguardo en un depósito y como parte de distintas causas judiciales) y las facilitaron a los demás involucrados.
En su momento quedó acreditado para la Justicia que era Ríos quien las comercializaba en el mercado negro.
Respecto a la imputada Cañiza, la Justicia determinó que puso en circulación moneda de curso legal falsa, al menos desde diciembre de 2018 hasta el 22 de marzo de 2019, como así también tuvo, sin contar con los permisos pertinentes, un arma de fuego sin numeración y tres municiones.
