Resulta llamativo, cuando no una costumbre de los poderes ejecutivos nacionales de nuestro país, la relación de los presidentes o expresidentes con el Poder Judicial a través de causas. Ayer mismo un exmandatario y el que por estos días ocupa el sillón de Rivadavia sufrieron sendos reveses judiciales.
Por un lado, un juez federal procesó sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos al expresidente Mauricio Macri por espionaje ilegal a familiares de submarinistas del ARA San Juan, hundido en 2017.
Le impuso además la prohibición para salir del país, aunque la medida comenzará a regir una vez que el exmandatario regrese a la Argentina dado que se encuentra en Chile.
Macri fue procesado por el delito de “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban”.
De su lado, el mandatario Alberto Fernández vio truncado su pedido de sobreseimiento aduciendo excepción de falta de acción por inexistencia de delito en el marco de la fiesta de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, ocurrido el 14 de julio de 2020, cuando regía en el país el aislamiento obligatorio por la crisis sanitaria. En la misma línea, hace una semana el fiscal también desestimó la presentación del máximo mandatario, que seguirá imputado por la fiesta cuando todavía regía un estricto confinamiento para contener el avance del coronavirus.
Macri y Fernández son las dos muestras más recientes de una interminable saga de casos que ponen a gobernantes nacionales en colisión con el Código Penal, una penosa costumbre que repercute en la imagen de un país que no sabe qué problema atender primero.
