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Pfizer permite la producción de genéricos de su píldora anticovid

16 noviembre, 2021

La farmacéutica estadounidense Pfizer firmó este martes un acuerdo con una organización auspiciada por la ONU para otorgar la licencia voluntaria de su píldora experimental contra el coronavirus y permitir así que otros laboratorios la fabriquen, un política opuesta a la que sostiene con su vacuna y que algunas ONGs igualmente ven como “restrictiva” por su alcance.

En un comunicado, la firma dijo que concederá una licencia de su píldora antiviral a la organización Medicines Patent Pool (MPP), con sede en Ginebra, lo que permitirá, una vez que obtenga la autorización de su uso, a que compañías de drogas genéricas puedan producir la pastilla en 95 países que abarcan el 53% de la población mundial.

Esto es un cambio de 180 grados respecto a lo que ocurre con su vacuna: Pfizer y otros grupos farmacéuticos son acusados de favorecer los ingresos económicos sobre la emergencia sanitaria al vender el inmunizante a los países ricos y acrecentar la brecha en el acceso frente a los de ingresos medios y bajos.

Además, los grandes laboratorios son, junto a la Unión Europea, Reino Unido y Suiza, los principales detractores de la suspensión temporal de la propiedad intelectual de los inoculantes que se debate sin consenso hace más de un año en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Una de las principales razones de la modificación de la posición de Pfizer es que su principal competidor en el mundo de los medicamentos orales contra el COVID-19, el laboratorio Merck, ya firmó un acuerdo similar con MPP para la producción de genéricos de su droga, el molnupiravir.

Ser el primero en lanzarse le permitió también a Merck contar con una gran ventaja: ya cuenta con autorización para su uso en países como Reino Unido, donde el ente regulador lo calificó como efectivo para reducir el riesgo de hospitalización y muerte en personas con Covid-19 leve a moderado que tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave

Al igual que ese tratamiento, el de Pfizer, que se comercializará como Paxlovid, debe administrarse en un plazo de 3 a 5 días desde la aparición de los síntomas.

De acuerdo a ensayos clínicos realizados por el laboratorio estadounidense, tiene una eficacia del 89% para prevenir una hospitalización o deceso entre los adultos que presentan un riesgo elevado de desarrollar un forma grave de la enfermedad.

Los tratamientos de Merck y Pfizer, que también tendrían pocos efectos secundarios, prevén diez dosis durante cinco días.

Un vocero de Unitaid, una iniciativa internacional que promueve el acceso al tratamiento de enfermedades como el sida, la malaria y la tuberculosis en poblaciones de países en vías de desarrollo y que creó la MPP, dijo que los fabricantes de medicamentos genéricos “que reciban sublicencias podrán ofrecer el nuevo medicamento en asociación con el ritonavir, utilizado contra el virus del sida”.

Si bien al acuerdo firmado hoy incluye a varios países de ingresos bajos y medios-bajos que están muy atrasados en sus campañas de vacunación, Médicos Sin Fronteras (MSF) se mostró “desalentado” al calificar que su alcance es “restrictivo” por excluir a naciones que tienen una gran capacidad para fabricar genéricos, como el caso de Argentina.

“Esto nuevamente muestra cómo las licencias voluntarias se quedan cortas y no aprovechan toda la capacidad disponible a nivel mundial para una producción y suministro suficientes y sostenibles de instrumentos médicos que le salven las vidas a todos”, dijo la asesora de políticas legales de la organización, Yuanqiong Hu.

“Muchos países de ingresos medios altos, como Argentina, Brasil, China, Malasia y Tailandia, donde existe una capacidad de producción genérica establecida, están excluidos del territorio de la licencia”, añadió.

“Estamos desalentados al ver otra licencia voluntaria restrictiva durante esta pandemia mientras los casos continúan aumentando en muchos países. El acceso a las herramientas médicas contra el COVID-19 deben estar garantizado para todos, en todas partes, si realmente queremos controlar esta pandemia”, apuntó.

Por el convenio, Pfizer no recibirá regalías por las ventas en los países de bajos ingresos y renunciará a sus regalías por las ventas en todos los 95 países que menciona el acuerdo mientras el coronavirus siga siendo considerado como una emergencia de salud pública de interés internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: coronavirusCOVIDPastillaPzifer
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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