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A partir de noviembre se integrará la Tarjeta Alimentar a la AUH

19 octubre, 2021

El Gobierno nacional anunció este lunes la integración la tarjeta Alimentar a la Asignación Universal por Hijo (AUH), a partir del mes próximo, para que el beneficiario pueda utilizar todo el monto acreditado a través de dinero físico o con débito.

El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión en su despacho de la Casa Rosada con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y la directora Ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta, para definir al proyecto.

“A partir de noviembre, el monto de la Tarjeta Alimentar pasa a depositarse en la cuenta de la AUH”, dijo el Presidente en su cuenta de Twitter tras la reunión.

El mandatario afirmó que de este modo “las familias van a poder organizar mejor sus compras y se amplían las posibilidades de consumo”, ya que “podrán utilizar el dinero extrayéndolo del cajero o comprando con débito”.

Zabaleta dijo luego en conferencia de prensa, en la Casa de Gobierno, que la medida “tiene que ver con seguir garantizando las políticas alimentarias”, que se inició en el caso de la tarjeta Alimentar “a comienzos de 2020” y que distribuye 19.000 millones de pesos mensuales para 3,9 millones de beneficiarios.

El ministro también reseñó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “devuelve un 15% del IVA, con un tope de 2.400 pesos, a los beneficiarios”.

Además destacó el proyecto de cambiar planes sociales por empleo y ejemplificó el caso de los trabajadores de la zafra, en donde 50.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo “cobraron salarios de convenio”, y lo mismo ocurre “con la construcción, un sector muy dinámico, que pasó de 80 mil puestos de trabajo perdidos a marzo de 2020 a 90 mil nuevos empleos a agosto” pasado, y “con los gastronómicos”, tras un convenio similar firmado la semana pasada.

El proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, “va en la misma línea”, consideró Zabaleta, y agregó que “cada sector tiene su propia modalidad y tiempo de contratación”, y con todos ellos “hay diálogo”.

Para el ministro, la nueva norma “permitirá utilizar el dinero físico o electrónico”, que servirá también “para dinamizar la economía y el consumo, descentralizándolo”.

En esa línea, Zabaleta apuntó que “es importante pensar que esto va a beneficiar al consumo en los barrios” y ejemplificó a “los almacenes, carnicerías, verdulerías, ferias y emprendedores”.

Ahora “se podrá utilizar en comercios sin posnet e ir a los mercados de barrios y economía popular, que tanto sostuvieron a familias en la pandemia” del coronavirus, completó.

Rechazó que esta fuera una medida electoralista de cara a la compulsa del 14 del mes próximo, al contestar que “el Presidente entiende el problema del hambre y la pobreza y puso en marcha esta enorme política con la tarjeta Alimentar en enero de 2020, que tuvo aumentos según las escalas”.

En cuanto al aumento de precios, se mostró predispuesto a “ayudar en los controles” que hará la Secretaría de Comercio Interior, con “más Estado, no solo nacional sino provinciales y municipales”, porque “hay que cuidar el bolsillo de los argentinos”, y en ese sentido pidió “el acompañamiento de los empresarios”.

“Confiamos en la mesa de diálogo” que entabló el flamante secretario Roberto Feletti con los empresarios del sector, indicó el titular de la cartera de Desarrollo Social, y enfatizó que “el Presidente busca garantizar los alimentos de las familias”.

En la misma conferencia, Raverta consideró que la medida busca solucionar “las dificultades que encuentran algunas familias que iban a comprar con la tarjeta Alimentar, porque solo ciertos lugares tenían la posibilidad de vender, como los supermercados y no aquellos que no tenían el posnet”, y refirió que eso “complicaba la diaria”, al manifestar que las familias adquieren productos “en comercios de proximidad”.

La titular de la Anses comparó que “en el gobierno de Mauricio Macri a la AUH cayó en 20% su poder de compra” y en la actualidad “junto con la Tarjeta Alimentar se elevó a 110%”, porque consideró que a la actual gestión busca “estrategias para defender el bolsillo de las familias”.

Y recordó que en la gestión anterior la AUH “cubría el 80%” de la canasta básica alimentaria, y en la actualidad, sumada a la Tarjeta Alimentar “es del 172%” y “se actualiza trimestralmente por la fórmula de movilidad”.

Raverta advirtió que la AUH “cumplió 12 años y la historia marcó que las familias son responsables de su uso y no hay comprobación empírica de que donde hay necesidades se use mal”, y expresó que esa asistencia “mejora la calidad de vida diaria de los niños”.

La tarjeta Alimentar es un instrumento que desde enero de 2020 entrega el Estado nacional para que todas las personas puedan acceder a la canasta básica alimentaria y está dirigida a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben la AUH, embarazadas a partir del tercer mes que reciben AUH, personas con discapacidad que reciben AUH y madres con más de 7 hijos.

La tarjeta se implementa de forma automática, a partir del cruce de datos de la Anses y de la AUH, y ese organismo es el encargado de notificar al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el banco que determine cada provincia.

El monto varía en función de la situación del titular y su familia: es de 6.000 pesos para las familias con un hijo o una hija de hasta 14 años de edad o con alguna discapacidad, y para quienes perciben la asignación por embarazo; de 9.000 pesos en el caso de los grupos familiares que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o con alguna discapacidad, y de 12.000 pesos para familias con tres hijos o más menores de 14 años de edad.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: AUHNoviembreTarjeta Alimentar
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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